Luego de casi 4 años de discusión, Gobierno y Parlamento han consolidado un importante avance institucional para la protección de los Derechos Humanos en Chile. Me refiero a la aprobación por parte del Senado del veto de la Presidenta Bachelet, que modificó el proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos, para asignarle la facultad de presentar querellas en casos de genocidio, tortura, desaparición y trata de personas.

Lo notable en este caso es la garantía de imparcialidad del futuro organismo, cuyo consejo será integrado por dos miembros designados por el Presidente de la República, dos por el Senado, dos por la Cámara, uno por los decanos de las facultades de Derecho, y cuatro por las instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos.

La iniciativa quedará en condiciones de ser promulgada y publicada en el Diario Oficial, momento desde el cual se reabrirá por lapso de 6 meses un período crucial, como es la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura. El nuevo organismo será una importante fuente de asesoría jurídica sobre la materia.