La semana pasada en un foro un
amigo señaló “no quiero escuchar más de
la participación ciudadana que solo se reduce en entregar información o hacer
como que se escucha a las personas. Lo que nosotros queremos es decisión
ciudadana”. Efectivamente el concepto Participación Ciudadana ha sido usado
en los últimos 20 años con múltiples acepciones. Sin embargo, creo que lo que
hoy debemos hacer no es olvidar el concepto por mal empleado, vapuleado o
manoseado sino que aprender a usarlo en
forma óptima revalorizándolo con dignidad.
Participación Ciudadana debe ser
entendida como la
intervención de los particulares en actividades públicas, en tanto, portadores
de intereses sociales. Ello hace referencia
a una relación entre Estado y sociedad civil, a una acción de ésta sobre el
primero. Diferenciar el concepto de participación ciudadana de otros tipos de
participación -social, comunitaria y política- reservándolo para hacer
referencia a las formas de inclusión
de la ciudadanía en procesos decisorios, incorporando sus intereses
particulares -no individual- respecto a determinadas temáticas.
Participación Ciudadana
es decidir y no otra cosa!
Creo que nuestra
democracia debe avanzar hacia una democracia deliberativa como señala la
catedrática Adela Cortina: “la democracia deliberativa es representativa, sabe
que el mejor modelo consiste en la participación del pueblo en los asuntos
públicos a través de representantes elegidos, a los que pueden exigirse
competencia y responsabilidades. Pero exige llevar a cabo al menos cuatro
reformas: perfeccionar los mecanismos de representación para que sea auténtica,
dar mayor protagonismo a los ciudadanos, tratar de asegurar a todos al menos
mínimos económicos, sociales y políticos, y propiciar el desarrollo de una
ciudadanía activa, dispuesta a asumir con responsabilidad su protagonismo”. [i]
Pero para que ello
sea posible debemos avanzar en participación ciudadana desde dos aristas
distintas pero complementarias:
La primera, mejorando nuestro Sistema Político en cuanto a
representación de la ciudadanía, principios, valores, derechos, transparencia,
instituciones, mecanismos de elección y de decisión. Ayer con los resultados de
la encuesta CEP ha quedado en evidencia que la calidad de la política en Chile
es visualizada por la ciudadanía en forma deficiente y que urgen reformas
políticas.
Para ello es crucial contar con una carta magna legítima en su
origen, democrática en su formulación y participativa en su constitución. Por ello dentro de todos los “debes” de
nuestra anoréxica democracia deberíamos propiciar:
Asamblea Constituyente que generé una nueva
Constitución para Chile.
Que la participación sea un derecho constitucional.
Iniciativa popular de ley.
Convocatoria ciudadana a plebiscitos nacionales
Creación del Defensor del Pueblo u Ombudsman
Sistema Electoral proporcional.
Primarias públicas, abiertas y vinculantes financiadas
por el Estado para selección de candidatos.
Límite en la reelección de representantes.
Inscripción automática en los registros electorales.
Voto de chilenos en el extranjero
Elección directa de Consejeros regionales e
intendentes.
Modificar los elevados quórum constitucionales en el
proceso legislativo.
Mejorar y transparentar el financiamiento de los
partidos políticos y las campañas electorales.
Creación de gobiernos metropolitanos.
La segunda,
tiene relación en cómo hacemos realidad eso que hoy tenemos plasmado en una
nueva ley de Participación Ciudadana en la gestión pública (20.500) a nivel
local, donde los municipios se constituyan en verdaderos gobiernos locales y
donde la voz e incidencia de la ciudadanía esté asegurada. Así como también, la
participación en la toma de decisiones a nivel sectorial. La forma en que se
diseñen los reglamentos de esta ley determinara la posibilidad o no que está sea
realidad o solo permanezca en letra muerta.
En esa
incidencia en la toma de decisiones sobre la gestión pública no debemos dejar
de lado los grandes temas. Esos grandes temas que han tenido al país en tres
meses de movilización estudiantil, con paros, tomas, masivas marchas, inusuales
estrategias de protesta (thriller masivo, besatón, ente otras) y con un apoyo
significativo de la opinión pública a las demandas estudiantiles a pesar del
desprestigio que el gobierno y los medios de comunicación le han dado al
movimiento. Cómo participamos en la
nueva política de educación que el país necesita, cómo participamos en dotar de
mayor garantías a los consumidores abusados de casos como La Polar, cómo
creamos institucionalidad que realmente castigue a los abusadores y no un
chiste como el SERNAC financiero planteado por el gobierno, cómo creamos esa estrategia
energética que Chile hoy no tiene, cómo construimos
el nuevo modelo de desarrollo que Chile pide a gritos y logramos financiarlo.
Hoy es el
momento para sentar las bases de todo lo que queremos para un nuevo gobierno en
forma participativa, hoy es el momento para exigirle a nuestra clase política
desprestigiada su verdadero compromiso por estos cambios y para la emergencia
de nuevos líderes y de un nuevo Chile.
[i]
Cortines A, “Democracia y justa indignación”, El País, 24 de julio 2011.
La ciudadanía es un concepto construido en la
ciudad. El ciudadano era, antes que nada, el habitante de “derecho” de la
ciudad[1]. Por eso parece clave que en un seminario sobre
Ciudad y valores hablemos de la ciudadanía y en ese sentido revisemos alguno de
los denominados derechos urbanos que poco se han trabajado en nuestro país.
La ciudadanía hoy supera a los habitantes de
las ciudades y en términos amplios se la concibe como el poder influir, decidir
sobre distintos aspectos de interés público que las personas tienen
frente al Estado, en su calidad de miembros de la comunidad nacional.
Variados autores distinguen entre una ciudadanía pasiva, aquella
ciudadanía formal, consagrada legalmente que supone sujetos de derechos
protegidos por el Estado, y una ciudadanía activa, que requiere la existencia
de sujetos políticos capaces de hacer exigibles sus derechos, de realizar
prácticas autónomas, deliberantes y participativas.
Al Estado,
le corresponde el rendir cuentas (accountability) y abrir los espacios
estableciendo mecanismos para que la ciudadanía activa pueda desarrollarse y a
la sociedad civil, le corresponde
la responsabilidad de ejercer control
ciudadano y desarrollar ciudadanía activa.
La ciudadanía dice relación con el
fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para actuar en el debate, gestión
y fiscalización de la acción pública, con autonomía y poder.
Borja nos señala, en
relación a los derechos ciudadanos a nivel local que en la medida que nos encontramos ante
problemáticas nuevas se requiere también una cultura política nueva que
construya un discurso que proporcione legitimidad y coherencia a los gobiernos
locales y a los movimientos cívicos. Si no es así, se corre el riesgo de
acentuar la fragmentación territorial y sociocultural, de dar una imagen
anacrónica o corporativa de las iniciativas cívicas y de depender únicamente de
cómo se resuelvan en cada caso las políticas públicas del sistema institucional
establecido.
El
cambio económico, político y cultural que estamos viviendo es muy desigual. Los
procesos económicos -productivos y financieros- y tecnológicos van mucho más
rápido que los políticos y culturales. Y en muchos aspectos las desigualdades
sociales aumentan. Es preciso un cambio político, orientado por valores básicos
universales, que concrete nuevos derechos y deberes, para responder a la vez a
viejas y nuevas desigualdades y exclusiones. No hay procesos de cambio sin un
previo proceso de lucha por la legitimación y concreción de nuevos derechos.
Hoy estamos, nuevamente, en el inicio de una era de derechos ciudadanos, como
se ha dado regularmente desde el siglo XVIII. Cada siglo tiene su revolución
por hacer, la nuestra es contra la globalización oligárquica y por la
democracia ciudadana.
El
desarrollo y la legitimación de estos derechos dependerán de un triple proceso:
-
Un proceso
cultural, de hegemonía de los valores que están en la base de estos derechos y
de explicitación o especificación de los mismos.
-
Un proceso
social, de movilización ciudadana para conseguir su legalización y la creación
de los mecanismos y procedimientos que los hagan efectivos.
-
Un proceso
político-institucional para formalizarlos, consolidarlos y desarrollar las
políticas para hacerlos efectivos.[2]
En Chile no se ha avanzado mucho en estos
nuevos derechos ciudadanos, aunque si hemos sido testigos de nacientes
movimientos barriales, vecinales o comunales que han expresado estas nuevas
demandas y derechos, que van desde la protesta por la instalación de una antena
de celular, la edificación de un mall,
la denominada “masacre urbana” de la comuna de Ñuñoa por un plan regulador que
resguarde la calidad de vida de barrio, el cuidado del patrimonio social y
cultural del barrio Yungay, la oposición contra la construcción de una cárcel o
un vertedero.
Agrupando estas diversas demandas el año 2005
la coordinadora pro Derechos Urbanos definió los siguientes derechos a
establecer en los diversos territorios[3]
de nuestro país:
- La permanencia en el mismo barrio,
sector o comuna cuando existan intervenciones urbanas.
- La participación ciudadana en el
diseño, desarrollo, aplicación y gestión en las políticas e intervenciones
urbanas. Este derecho debe ser promovido por el Estado en forma temprana, en
todas sus etapas, financiado y vinculante.
- Disfrutar de un espacio público bello,
útil al encuentro social, accesible y seguro.
- Acceder a la información pública
respecto del diseño, desarrollo, gestión y aplicación en las políticas públicas
e intervenciones urbanas.
- Desplazarse en forma segura y sin
obstáculo.
- Acceder fácilmente al equipamiento
comunitario, comercial, cultural, local, comunal.
- Vivir y desarrollarse en un medio
ambiente respetuoso de sus elementos urbanos, sociales, culturales y naturales.
Este derecho incluye la obligación de ponderar y priorizar adecuadamente la
rentabilidad social, cultural y ambiental de un proyecto o regulación.
- La cercanía espacial al equipamiento,
servicios e infraestructura urbana.
- La belleza urbana.
- La vivienda participativa e integrada
socialmente.
- La identidad barrial.
Dentro de estos
derechos me voy a detener en uno en específico, que es el derecho a la
participación ciudadana.
El poder local o municipal, como
parte integrante de la estructura nacional, es el nivel de gobierno más próximo
a los ciudadanos y por lo tanto, el que se encuentra en mejor posición para
involucrarlos en el proceso de toma de decisiones, en lo que concierne a sus
condiciones de vida, y también para hacer uso de sus conocimientos y
experiencias en el fomento del desarrollo. De esta forma, se reconoce que “el
municipio, por sus características de tamaño y por tanto, su proximidad a la
ciudadanía, posee las condiciones básicas para el espacio democrático del poder
público”.[4]
Es así es como se vincula la
participación social y el proceso de descentralización, a través del municipio
como instancia que permite a la comunidad incidir en el diseño, ejecución y
evaluación de la gestión pública.
El Estado de Chile en junio de 2009
suscribe la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión
Pública. Mientras se tramitaba en el congreso nacional una ley al respecto. A
partir de este año 2011 la participación en la gestión pública en Chile es un
derecho. Gracias a la promulgación el 16 de febrero de
2011 de la “Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión
Pública” situación poco difundida desde el gobierno como desde los medios de
comunicación. El origen de esta ley es un mensaje del ejecutivo del año 2004 bajo el
gobierno de Ricardo Lagos, proyecto que tuvo una larga tramitación que incluyó
todo el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
La forma en que
esta ley puede tener una expresión real en el espacio local, es a través de la
reactualización que los municipios y los Concejos Municipales hagan a sus
Ordenanzas de Participación Ciudadana Comunal, la ley faculta para que a través
de ellas incluso se incluyan los presupuestos participativos.
Hoy es el momento
para que nosotros los vecinos y vecinas exijamos que nuestros municipios tengan
instancias de participación real. Dónde los vecinos y vecinas podamos incidir
en la toma de decisiones sobre los aspectos que nos afectan directamente. Ya no
hay excusas de falta de atribuciones de los gobiernos locales para ello, sólo
se requiere voluntad política de entender que la mejor política pública es la
que se hace con las personas afectadas, con los ciudadanos y ciudadanas que
habitan esos territorios.
Por ejemplo la ley avanza en facilitar el desarrollo de plebiscitos comunales, se
amplían los casos en los cuales el Alcalde debe convocar a plebiscito comunal,
con acuerdo del Concejo, a requerimiento de los dos tercios de los integrantes
en ejercicio del mismo y a solicitud de dos tercios de los integrantes en
ejercicio del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, instancia
que reemplazará a los antiguos CESCOS, ratificada por los dos tercios de los
concejales en ejercicio; o por iniciativa del 5% de los ciudadanos
inscritos en los registros electorales de la comuna en relación a las materias
de administración local relativas a inversiones específicas de desarrollo
comunal, la aprobación o modificación del PLADECO, la modificación del Plan
Regulador Comunal u otras de interés para la comunidad local. Sería interesante
entonces, que las ordenanzas municipales de Participación incluyeran un ítem
que haga referencia al proceso de información y propaganda de las diversas
alternativas planteadas por el plebiscito. Para que todas las partes estén en
igualdad de condiciones de informar a la comunidad sobre sus planteamientos,
con recursos económicos para desarrollar una campaña informativa a costo del
presupuesto municipal, que motive que más del 50% del padrón comunal vaya a
votar y el plebiscito tenga carácter de vinculante.
Otras materias a contener en las ordenanzas tiene
relación con:
-
Mejorar las instancias de Audiencias
Públicas, donde las autoridades comunales no vayan solo a “escuchar” a los vecinos y vecinas, sino también a entregar
información, explicaciones y a buscar soluciones.
-
Establecer Cabildos temáticos y territoriales
comunales con periodicidad y sistematización de los aspectos abordados.
-
Generar mesas barriales para avanzar en forma
mancomunada en diversas temáticas con asistencia técnica.
-
Fondos concursables que privilegien
diagnóstico y gestión participativa en forma transparente y dotando de
autonomía a las organizaciones y no reproduciendo el clientelismo tradicional.
-
La inclusión de Defensorías Comunales que tengan como objetivo velar por el
cumplimiento y la vigencia de los derechos y garantías de las personas, la
adecuada prestación de los servicios públicos, la promoción de los derechos
humanos y el acceso a la justicia.
-
La definición de los mecanismos de participación
en el proceso de diseño de los Planes de Desarrollo Comunal y de Planes
Reguladores Comunales, así como también de otras definiciones sustantivas a
nivel local.
Las personas, los
ciudadanos y ciudadanas tenemos múltiples funciones que desarrollar por eso que
el espacio para la participación tiene que ser limitado y útil. No se espera
que las personas vivan para participar pero sí, que cuando lo hagan sientan que
valió la pena hacerlo y para que eso sea así, la participación debe tener
relación con los aspectos que a los ciudadanos y ciudadanas nos interesan y la
opinión de las personas debe ser considerada, es decir, debe existir una
verdadera incidencia. Estos dos aspectos son sustantivos a la hora de crear los
mecanismos de participación ciudadana que se incluirán en las ordenanzas.
Esperemos que nuestros representantes a nivel local lo entiendan así y se abran
a la Participación!
* Ponencia
en VI Foro Internacional Ciudad y Valores, Maipú 14 de julio de 2011.
[1]
Goméz Leyton Juan Carlos, “Política, democracia y ciudadanía en una sociedad
neoliberal (Chile: 1990-2010)”, Editorial Arcis, Santiago 2010, pp 211.
[2]
Borja J, “Los Nuevos Derechos Ciudadanos”, mayo 2000.
Tras el terremoto del 27 de febrero las prioridades del nuevo gobierno y de la oposición variaron radicalmente. Durante estas últimas tres semanas hemos escuchado insistentemente sobre la necesaria reconstrucción, sus costos, sus aristas, sus consecuencias para el desarrollo del país, las tristes historias de las personas afectadas entre muchas otras cosas. Sin embargo, poco se ha hablado sobre la voz de los actores afectados en la reconstrucción.
¿Cómo quieren volver a vivir aquellas personas que hoy perdieron sus viviendas?
Sin duda las respuestas son múltiples y tienen que ver con la historia de vida, con la realidad geográfica, social e histórica de cada familia entre muchas otras variables que hacen que las soluciones para la reconstrucción sean múltiples y que la voz de los actores involucrados sea esencial para las decisiones que se van a tomar.
Es fundamental la eficiencia, tener soluciones antes que llegue el crudo invierno pero esas soluciones no pueden pasar por encima de los afectados, sino que éstos deben tener una participación activa en las decisiones y en la ejecución de cada una de las soluciones. Muchos compatriotas efectivamente fueron afectados por la tragedia y sufrieron daños, pero no por eso van a convertirse en damnificados de la situación y perder su condición de ciudadanos comprometidos en la configuración de sus vidas y su comunidad.
Esperemos que el gobierno no olvide esa premisa fundamental en sus soluciones y que la oposición sepa velar por ello, sino las soluciones no dejaran de ser situaciones de parche que no terminaran con la problemática efectivamente corriendo el riesgo de convertirse en pueblos fantasmas o con fuerte riesgo de generarse durante “la reconstrucción” estallidos sociales de ciudadanos no considerados y descontentos.
Mis hijas nacieron con una mujer Presidenta de Chile y ese
es un cambio cultural muy grande. Creo que aún es temprano para sopesarlo.
Hoy se ha transversalizado la temática de género en las
diversas políticas. Algunas más efectivas que otras, lo importante es que cada
nueva política es analizada desde el punto de vista de cómo afecta a las
mujeres.
El caso de la reforma previsional es un gran logro. Hasta
ahora, la mujer era abordada de dos maneras: O se le consideraba una carga del
marido y así se le trataba, como un accesorio al que se le debía algo de
misericordia, o se le trataba bajo la óptica de la igualdad legal, pero no
real. Los sistemas de pensiones nunca la consideraban en su individualidad
propia, con su dignidad, pero considerando también su especificidad, como por ejemplo
que tenemos mayor esperanza de vida, que salimos y volvemos del mercado laboral
en la época de hijos pequeños, o que el trabajo en casa es un trabajo pesado
que merece reconocimiento.
Se ha desarrollado un esfuerzo enorme en educación pre
escolar y las 900 salas cuna por año. Estoy segura que sólo el paso del tiempo
logrará dimensionar los alcances de este adelanto.
Y pasa en las políticas de violencia intrafamiliar. Hoy se
habla de femicidio porque la
Presidenta habló de femicidio. Antes la violencia de género era
tratada sarcásticamente como “crimen pasional”.
Y pasa en el trabajo: Por primera vez hemos superado el 40%
de participación femenina en la fuerza de trabajo.
En fin, son muchas las políticas, algunas con
insuficiencias, otras exitosas.
Pero lo concreto es que siento que la mirada de mujer atraviesa
todo el campo de la acción del gobierno. Y eso es lo importante, porque en el
fondo, significa que nuestra mirada es la que se ha incorporado al concepto de
la política y la política pública.
Como la lucha por los derechos es continúa y a medida que se
van alcanzando logros hay que ir avanzando por más. Aún nos queda mucho que avanzar en el tema cultural,
cómo compartimos el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos. Porque para
que las mujeres estemos más integradas en el mundo público tenemos que
compartir las tareas en el mundo privado y eso sólo lo podemos lograr con un
cambio cultural que involucre a hombres y mujeres, ese creo es parte de
nuestros nuevos desafíos. Creo necesario ampliar el pos natal a seis meses pero
flexibilizar el compartir este beneficio con el padre de la guagua.
La violencia contra las mujeres recrudece y ocupa espacios
en los medios de comunicación. Sin embargo, no se ha tipificado el femicidio
como crimen de género, y los tribunales no aplican las medidas de resguardo en
los casos necesarios.
La anticoncepción de emergencia nos
ha sido negada por un fallo del Tribunal Constitucional, a pesar del apoyo
social mayoritario a su distribución y nadie puede hacer nada.
Las mujeres ganamos un 30% menos que el salario de los
hombres por un mismo trabajo. Accedemos mayormente a trabajos precarios, a
menudo sin contrato laboral ni prestaciones sociales.
El aborto terapéutico sigue
penalizado, poniendo en riesgo la salud de muchas mujeres en Chile.
La violencia sexual contra mujeres y
niñas permanece impune y muchas veces en silencio.
Las Isapres nos cobran el “impuesto
al útero” en nuestra edad fértil, transgrediendo nuestro derecho a la salud
sexual y reproductiva.
Aún la representación de las mujeres
en los puestos de poder es significativamente menor que los hombres. El sistema
político nos excluye a todas, y el binominalismo es discriminatorio. De la
paridad en el primer gabinete ministerial pasamos a la mínima representación en
las candidatas a parlamentarias en esta elección. Y nadie se cuestiona donde
están las mujeres.
Queremos que los temas de nuestra
realidad de género estén presentes en las políticas públicas y propuestas de
país. Queremos mujeres en el parlamento que luchen por los derechos de otras
mujeres.
El Estado chileno no ha ratificado
el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) ni ha
adecuado la legislación nacional a los instrumentos internacionales de derechos
humanos con los cuales se ha comprometido.
Como mujeres socialistas, no estamos dispuestas a retroceder ni un paso en lo ya logrado con los
gobiernos de la
Concertación.
Si asumimos un quinto
gobierno será para avanzar en equidad de género y jamás para mantener un status
quo o retroceder.
Consideramos indispensable avanzar en:
1.Eliminar
o reducir la discriminación en contra de las mujeres, ya sea entre mujeres y
entre hombres y mujeres:
a. Ampliar los derechos y responsabilidades de las mujeres en el ámbito público
y de los varones en el ámbito privado, contribuyendo a hacer más igualitarias
las relaciones entre los géneros. Fomentar e incentivar la representación
equilibrada entre hombres y mujeres en cargos de jefatura y responsabilidad
directiva.
b. Mantener la paridad, no solo como una expresión de voluntad política sino
que a través de una Ley de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que
incluya la ley de cuotas, entre distintos aspectos.
c. Contribuir al empoderamiento de
las mujeres como sujetos sociales, y en tanto protagonistas del desarrollo de
las familias, la comunidad y la sociedad toda y al desarrollo de sus
potencialidades en el ámbito cultural, artístico, académico, científico y
tecnológico.
d. Fomentar e incentivar la mayor
participación laboral de las mujeres, en condiciones de “trabajo decente”.
e. Aumentar las políticas de empleo
femenino y de emprendimiento y crédito de las mujeres.
f. Fomentar e incentivar políticas
especificas dirigidas a mujeres pertenecientes a pueblos originarios y de zonas
rurales.
2.Derechos
sexuales y reproductivos: Ley marco que incluye desde la educación sexual, el
acceso universal a la PAE,
la despenalización del aborto por razones de salud. Ratificación del Protocolo
Facultativo del CEDAW con todo lo que involucra para hacerlo efectivo.
3.Generar
condiciones para la conciliación y corresponsabilidad de la vida privada y laboral:
obligatoriedad e incentivos para que los hombres asuman la responsabilidad
compartida en la familia (fortalecer los permisos de paternidad y por
enfermedad de los hijos), ampliar la red de salas cuna y jardines infantiles
para niños/as de clase media, modificar el derecho al cuidado infantil para que
sea indistintamente reconocido a madres y padres trabajadores y estudiantes,
flexibilización del postnatal.
4.Recursos
para la Ley de
Violencia y los Tribunales de Familia, atención interdisciplinaria para
terminar con la violencia hacia las mujeres.
5.Reconocer
el valor del trabajo reproductivo que realizan las mujeres mayores igualando
las pensiones con los montepíos y desarrollando oferta programática que asegure
apoyo al respiro en el cuidado de los demás miembros de la familia.
Luego de
casi 10 años la comuna de Ñuñoa esta desarrollando su nuevo Plan de Desarrollo
Comunal, este instrumento de gestión municipal es junto con el Plan Regulador
Comunal y el Presupuesto Municipal, las tres herramientas esenciales que tienen
los municipios para definir sus prioridades e imagen objetivo. Con este
instrumento se define en gran medida la comuna que queremos. Es la oportunidad
para soñar, para definir y concretar que queremos en nuestros barrios, en nuestra
salud, en educación, deporte, recreación, participación, medioambiente, seguridad
ciudadana, derechos de las mujeres, los niños y niñas, entre otros, es decir,
que queremos en la calidad de vida de las familias de nuestra comuna.
El proceso
que estamos viviendo de definición de este Plan Comunal es la oportunidad para
que nosotros los vecinos y vecinas de Ñuñoa participemos de este sueño y
construyamos la comuna que queremos. Sin embargo, me sorprende la poca difusión
y estrategias de participación ciudadana que ha implementado el municipio para
lograr este fin. Quienes creemos en la participación sabemos que ésta no nace
de la nada, que no basta con decir, “digan lo que piensan”, sino existen
mecanismos claros de entrega de información, de espacios de discusión, análisis
y de deliberación. Lamentablemente no veo nada de esto en este proceso, la
participación no es un trámite, es un proceso y hay que construirlo cuando a
uno realmente le interesa construir comunidad junto a sus vecinos y vecinas.
Por primera vez en nuestro
país se desarrolla un plebiscito comunal vinculante para definir un tema tan
importante para la calidad de vida de los vecinos y vecinas como es el Plan
Regulador Comunal.
Hoy todos y todas hablan
que triunfo la democracia y que se acatará lo que los vecinos y vecinas
expresaron, pero el proceso no fue tan simple. Al contrario fue una lucha que
deja en evidencia elementos bastante significativos de las democracias a nivel
local.
En primer lugar este
plebiscito nació de la desesperación de los vecinos y vecinas de no ser
escuchados por sus autoridades locales, quienes querían desarrollar una
modificación al Plan Regulador y cambiar el sentido residencial y apacible de
sus barrios.
Todo proceso de
modificación de un plan regulador comunal tiene por ley un espacio para la
participación ciudadana donde los vecinos expresan sus observaciones sobre los
proyectos presentados por la autoridad comunal. Sin embargo, todos quienes
hemos participado de estos procesos sabemos que son insuficientes y las
autoridades pueden no considerar la voz de los vecinos, aún cuando esta sea
mayoritaria como lo demuestra el caso de Vitacura.
Más aún, hoy se encuentra
en trámite legislativo una modificación a la ley General de Urbanismo y
Construcción en esta materia que no incluye una real participación de los
vecinos y vecinas, que sea vinculante y establezca el plebiscito como solución
en caso de diferencia de opiniones. Quizás es la oportunidad para que vía
indicación parlamentaria se pueda mejorar este marco legal.
Los vecinos y vecinas de
Vitacura no fueron escuchados por sus autoridades y por eso tuvieron que juntar
firmas para convocar a un plebiscito. La ley señala que es necesario reunir un
10% del padrón electoral de la comuna pero estas firmas además, deben ser
notarializadas lo que tiene un costo de a lo menos 500 pesos por firma. Es
decir, los vecinos y vecinas de Vitacura tuvieron que buscar firmas y además
recursos económicos para poder llevar las firmas como lo señala la ley.
Una vez que reunieron las
firmas las llevaron al Alcalde y este se negó a desarrollar el plebiscito, no
siendo nuevamente escuchados por sus autoridades locales.
Los vecinos y vecinas de
Vitacura tuvieron que recurrir al Tribunal Electoral y a la Contraloría General
de la República
y sólo después del pronunciamiento de estas instancias el Alcalde tuvo que
hacer un plebiscito para escuchar la voz de los vecinos.
La única opción de hacer el
plebiscito era en marzo puesto que dicha instancia democrática solo puede
desarrollarse ocho meses antes de una elección, los vecinos y vecinas de
Vitacura tuvieron que volver a juntar recursos para comunicar en menos de 2
semanas al resto de los vecinos que tenían que votar para que el plebiscito
fuera vinculante, ya que la ley señala que se requiere que vote más del 50% del
padrón electoral para ello y además, informar que significaba votar no.
He escuchado opiniones de
que la gente voto desinformada, de si entendían o no lo que votaban, la crítica
de los locatarios por la ley seca. Pero no he escuchado con la fuerza requerida
que aquí ganaron los vecinos y vecinas, que lo hicieron lo mejor posible contra
viento y marea. Aquí fue la ciudadanía la que se movilizó e hizo posible un
plebiscito vinculante por primera vez en Chile con todas las dificultades que
nos pone la ley para poder opinar sobre el lugar donde hemos decidido vivir.
Esta es una oportunidad
para revitalizar el poder de la ciudadanía organizada, que debe trabajar unida
y organizada, así como también para cambiar todas aquellas trabas legales que
no nos dejan participar y decidir sobre aspectos tan fundamentales como las
características de nuestro barrio y entorno.
El día de ayer realizamos en nuestra comuna el Primer Cabildo Programático en la Plaza Ñuñoa. Queríamos conversar con nuestros vecinos y vecinas nuestras propuestas de gestión en el Municipio, así como también complementar diversos aspectos del programa con la voz de los vecinos, las personas que día a día viven, habitan y conviven en nuestra Ñuñoa.
Cuando hablamos que queremos una comuna con mayor participación ciudadana estamos diciendo que queremos una real participación. Es decir, tener incidencia en la toma de decisiones con respecto a los aspectos fundamentales que asume la gestión munciipal. Por eso hemos querido actuar con consecuencia y hacer una campaña participativa.
Nuestra Plaza Ñuñoa, fue el centro de reunión. Usamos la Plaza del Pueblo de Ñuñoa, su ágora para debatir sobre nuestro futuro.
Nuestra gestión en la Alcaldía será transparente. Ñuñoa merece un municipio sin secretos ni amiguismo, con información pública a la que todo ciudadano pueda tener acceso. Creemos en un modo de hacer política en el que no hay desarrollo colectivo sin laparticipaciónactiva de los ciudadanos. Queremos trabajar para la comunidad, pero especialmente con la comunidad, y que las discusiones importantes para la comuna sean abordadas de modo conjunto.
Nuestro compromiso es que existirá acceso público a la información, facilidades para la fiscalización permanente, apoyo y estímulo a la participación.
Un aspecto relevante es la generación del presupuesto municipal. Es posible hacer un presupuesto participativoreal, que no entregue un modelo prediseñado sobre el cual los vecinos deban pronunciarse, sino que otorgue a las personas efectivamente la posibilidad de priorizar lo que más necesitan.
Ello significará crear mecanismos de trabajo conjunto con gruposcomunitarios. Es un proceso que implicará un salto cualitativo mayor para la comuna en participación democrática y ciudadanía.
Crearemos la Unidad de Gestión del Presupuesto Participativo y una Unidad de Apoyo a las Organizaciones para la Gestión de Proyectos. La primera tendrá el objetivo de velar por una adecuada gestión de los recursos municipales destinados a presupuesto participativo y de participar en la creación y gestión de los mismos. La segunda estará destinada a brindar apoyotécnico y profesional a las organizaciones y capacitación para la gestión de sus propios proyectos.
Será parte de nuestras herramientas de gestión la realización de consultas periódicas a la ciudadanía sobre temas de relevancia comunal, tales como modificaciones en el Plan Regulador, el uso y destinación de espacios comunitarios, y alternativas de inversión, entre otras materias.
En términos de participación, es central potenciar la existencia de organizaciones sociales autónomas, fuertesy representativas.
Queremos que estas instancias representen la diversidad de nuestra comuna, y que participen activamente en el desarrollo de diagnósticos, intervenciones y evaluaciones sobre políticas comunales.
Quiero agradecer a los vecinos la oportunidad de conversar y concoer sus propuesta sobre la Ñuñoa que queremos.
En estos días Ñuñoa cumple 114 años. Una comuna con tradición social, cultural, patrimonio histórico y arquitectónico y que más allá de las cifras de delincuencia, calidad de la educación, atención de salud, entre otras prestaciones cuantificables, tiene un problema que debe ser prioridad para mejorar la calidad de vida de sus habitantes: la falta de participación ciudadana.
Esa carencia ha sido tema de preocupación, motivo de protestas de vecinos que reclaman por su nula participación en las decisiones comunales y que se ha hecho sentir con fuerza el último año.
Es imposible no mencionar la necesidad de elaborar un Plan Regulador que se ajuste a un crecimiento armónico y no a la depredación de barrios a favor del negocio inmobiliario; u otros temas que han levantado la voz de los vecinos como la pérdida de espacios públicos y patrimoniales, la necesidad de aumentar la seguridad ciudadana, entre otros, pero todos con un síntoma común: la necesidad de entregar a las personas canales de participación para que decidan, por ejemplo, dónde derivar el gasto, a través de los presupuestos participativos, decidir sobre el uso final de los espacios públicos, el desarrollo urbano, etc.
La participación ciudadana es un tema no abordado en Ñuñoa y aun cuando pareciera obvio es preciso recalcar que una comuna no se construye por sí sola, sino en base a su gente y a lo que ésta espera del lugar que escogió para vivir. Así un aniversario es construir historia, pero con toda la responsabilidad social que ello implica.
La actividad se desarrolló en las instalaciones del municipio hasta donde llegaron los vecinos, quienes expusieron con documentos en mano “las arbitrariedades que rodearon la concesión del parque a la empresa deportiva, exigiendo para cada requerimiento respuestas con sólidos argumentos por parte del alcalde”.
Vecinos de Ñuñoa calificaron este lunes como lamentable el desarrollo de la Audiencia Pública solicitada al alcalde de la comuna, Pedro Sabat, a causa de la destrucción del Parque Gorostiaga.
Señalaron que la instancia, a la que recurrieron los vecinos luego de no tener éxito en las reiteradas peticiones, culminó sin la respuesta del alcalde a los requerimientos formulados por los vecinos que han levantado el movimiento en defensa del Parque Gorostiaga con numerosas protestas.
Cabe recordar que el lugar, que fue objeto de una donación de un particular al municipio para su uso público y gratuito, fue destruido y desmantelado luego que el alcalde formulara la propuesta de levantar allí un gimnasio, la que fue respaldada por el Concejo municipal, con la excepción de los concejales Danae Mlynarz y Pablo Vergara. Dicha propuesta fue finalmente licitada a la empresa Sportlife, la que gozará de la concesión por 30 años y cuyo arancel mensual tendrá un costo de 35 mil pesos para aquellas personas que pretendan disfrutar del parque que otrora fuera de uso gratuito.
La audiencia pública se desarrolló en las instalaciones del municipio hasta donde llegaron los vecinos, quienes expusieron con documentos en mano “las arbitrariedades que rodearon la concesión del parque a la empresa deportiva, exigiendo para cada requerimiento respuestas con sólidos argumentos por parte del alcalde”.
Los asistentes manifestaron que una vez hechas las consultas, el alcalde dio por terminada la audiencia pública, sin posibilitar la intervención de los concejales y lo que es peor aun sin contestar las consultas de la ciudadanía.
La concejala Danae Mlynarz, instó a los ñuñoínos afectados a presentar por escrito ante el municipio las consultas formuladas en la controvertida reunión para que de esa manera la máxima autoridad edilicia deba someterse al plazo de 10 días que establece la ley para dar respuesta a los ciudadanos.
"En Ñuñoa tenemos un problema grave y que es una amenaza al respeto por la opinión de la ciudadanía y que es un alcalde que no escucha y que cuando asume que su deber es escuchar a los vecinos, simplemente no le contesta a la ciudadanía a la que debe su investidura de alcalde" concluyó Mlynarz.
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