Han existido avances durante estos últimos 20 años en la recuperación y el fortalecimiento de la democracia, aunque no todos los esperados. Existe una gran deuda en cuanto a herramientas que permitan que los ciudadanos y ciudadanas tengan conciencia de sus derechos desde la infancia. En otras palabras, hay una carencia en “educación cívica” o educación para la democracia e incluso en la defensa de los derechos humanos. Además, nuestro país carece de una institucionalidad con los necesarios checks and balance para impedir el abuso de poder y la arbitrariedad. Hace 18 años que se presentan proyectos al congreso para crear la figura de defensa de derechos, conocido internacionalmente como Ombudsman, una institucionalidad que aún no existe, mientras la  gran mayoría de los países latinoamericanos avanzaron durante los años noventa en este sentido. Es más, en el reciente informe del Instituto de Derechos Humanos entregado ayer lo vuelve a poner como una deuda de nuestro país en la materia.

Para un efectivo fortalecimiento democrático necesitamos que el conjunto de la sociedad sea consciente de sus derechos y responsabilidades. Esto quiere decir, que la sociedad, al tiempo que establece la democracia como forma de organización básica, debe garantizar que todas y todos los ciudadanos se conviertan en sujetos conscientes de sus derechos y responsabilidades, sujetos capaces de cuidar de sí mismos y cuidar de la sociedad, sujetos capaces de participar con conocimiento de causa y responsabilidad, capaces de organizarse, definir sus intereses y expresarlos; en fin, sujetos capaces de ejercer la ciudadanía.  Esta función de formación política en el sentido de participación en la vida colectiva, en el gobierno de la sociedad  es la que, a mi juicio, sigue siendo una deuda de nuestra democracia.

Se tienen derechos no sólo porque “se pagan impuestos” como lo hemos escuchado muchas veces, desde una perspectiva bastante neoliberal. Se tienen derechos porque también se tienen deberes dentro de una lógica de construcción comunitaria en que todos y todas decidimos vivir en sociedad.

Una sociedad democrática debería mantener un debate constructivo permanente sobre los principios, métodos, experiencias y resultados de los procesos de formación ciudadana, con participación de todas las instancias involucradas, tanto de la sociedad civil como del Estado.

El legado de los gobiernos de la Concertación fue establecer un incipiente Estado de protección social que bajo la “Red Protege” ordenó todos los derechos que las personas tienen en su relación con el Estado y se desarrolló una difusión sobre los mismos. La idea fue que los ciudadanos tuvieran más conciencia de sus derechos y de cómo hacerlos efectivos frente a un Estado que se comprometía a garantizarlos. Se espera que esa política pública no quede en la nada, cuando aún hay mucho que avanzar en ese sentido.

Hoy en cambio en el nuevo gobierno, ya no se habla de derechos sino que de oportunidades. Las oportunidades existen, se dan y se quitan, así de la nada y nadie puede decir nada.

Con el cambio de gobierno, existe un temor concreto de perder lo avanzado y no continuar con los decididos pasos que es necesario dar para fortalecer a la ciudadanía en Chile. Para continuar con la ampliación de derechos sociales que permitan a los chilenos y chilenas vivir mejor y con mayor seguridad. Salir de la lógica de pedir permiso y perdón por nada y de agradecer como un regalo -hoy oportunidad-, algo que es un derecho.

Una herramienta muy específica para velar por ello es la existencia de la Defensoría de las Personas u Ombudsman. Institución autónoma que vela por la promoción, protección y defensa de los derechos de las personas en los servicios públicos. El proyecto hoy duerme en el Senado luego de haber sido aprobado por la cámara de diputados hace más de un año. El Presidente Piñera lo tiene en su programa de gobierno y fue mencionado en las medidas para su primer año (ver revista Qué Pasa); esperamos que los devastadores efectos del terremoto no le hayan quitado la urgencia.

El Estado de Chile hace más de un año realizó su examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En dicha ocasión se reconocieron los avances del país en la materia, pero también quedaron una serie de pendientes que deberían marcar la agenda de nuestro país. Puesto que el Estado deberá volver a dar cuenta de ellos durante el año 2013.

Uno de ellos fue precisamente la ausencia de una institucionalidad para garantizar la protección adecuada de los Derechos Humanos en Chile. Los representantes de varios países manifestaron su preocupación por la inexistencia del Instituto de Derechos Humanos y la Defensoría de las Personas en concordancia con los principios de Paris. Sobre el primero, hoy lo tenemos funcionando y fue un orgullo la entrega de su primer informe el día de ayer, donde delinea muchos temas pendientes, muchos de ellos ya mencionados en el examen periódico.

Los países miembros instaron a Chile a ratificar prontamente tratados internacionales tales como: la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el Protocolo Facultativo a la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación con la Mujer. En relación al primer tratado fue ratificado por Chile durante el año 2009 al tiempo, que en relación al segundo, continúa siendo un pendiente junto una serie de desigualdades de género tales como: la escasa participación política de las mujeres en los espacios de poder político, la discriminación salarial y la existencia de la sociedad conyugal como régimen de regulación del patrimonio entre los cónyuges con explícita discriminación hacia las mujeres que se casan bajo este sistema, falta de reconocimiento legal a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y particularmente, la criminalización de todas las formas de aborto y fuerte presencia de violencia intrafamiliar.

Otro tema que estuvo presente en las observaciones realizadas y del cual aún no hay respuesta es la vigencia y aplicación de la Ley de Amnistía para las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el régimen militar y la amplitud de la competencia de la justicia militar para juzgar a civiles lo que resulta contradictorio con el Estado de Derecho.

Cabe destacar que uno de los temas que mayor interés concitó fue la situación de exclusión y discriminación jurídica y política de los sectores que representan la diversidad en Chile, entre ellos los pueblos indígenas y los migrantes. Se recomendó otorgar prontamente el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, implementar plenamente los compromisos contenidos en el Convenio 169 de la OIT y continuar con los procesos de entrega de tierras y aguas. Varios Estados manifestaron su preocupación por la situación de criminalización de la protesta social indígena, la violencia policial que se ejerce hacia ellos, así como a otros sectores vulnerables y la aplicación de la Ley Antiterrorista en algunos casos, recomendando la adopción de medidas para poner término a esta situación.

Este examen no sólo debería delinear la agenda de trabajo del gobierno en derechos humanos, sino que también la de la sociedad civil que tiene el deber de mantenerse vigilante con respecto a sus avances y retrocesos. Generando una suerte de observatorio y un debate constructivo para asegurar la vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales en Chile. Junto con el fortalecimiento democrático a través de la necesaria formación para la democracia.