Nuestro país ha avanzado durante estos últimos 20 años en la recuperación y el fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, existe una deuda en cuanto a herramientas que permitan que los ciudadanos y ciudadanas tengan conciencia de sus derechos desde la infancia. En otras palabras, hay una carencia en “educación cívica” o educación para la democracia e incluso para los derechos humanos. Además, a pesar de existir hace 18 años en el congreso diversos proyectos que crean figuras de defensa de derechos como el conocido internacionalmente Ombudsman, la institucionalidad aún no existe en nuestro país, mientras la  gran mayoría de los países latinoamericanos avanzaron durante los años noventa en este sentido.

Para el fortalecimiento democrático necesitamos que el conjunto de la sociedad sea consciente de sus derechos y responsabilidades. Esto quiere decir, que la sociedad, al tiempo que establece la democracia como forma de organización básica, debe garantizar que todas y todos los ciudadanos se conviertan en sujetos conscientes de sus derechos y responsabilidades, sujetos capaces de cuidar de sí mismos y cuidar de la sociedad, sujetos capaces de participar con conocimiento de causa y responsabilidad, capaces de organizarse, definir sus intereses y expresarlos; en fin, sujetos capaces de ejercer la ciudadanía.  Esta función de formación política en el sentido de participación en la vida colectiva, en el gobierno de la sociedad  es la que, a mi juicio, sigue siendo una deuda de nuestra democracia.

Se tienen derechos no sólo porque “se pagan impuestos” como lo hemos escuchado muchas veces, desde una perspectiva bastante neoliberal. Se tienen derechos porque también se tienen deberes dentro de una lógica de construcción comunitaria en que todos y todas decidimos vivir en sociedad.

Una sociedad democrática debería mantener un debate constructivo permanente sobre los principios, métodos, experiencias y resultados de los procesos de formación ciudadana, con participación de todas las instancias involucradas, tanto de la sociedad civil como del Estado.

El legado de los gobiernos de la Concertación fue establecer un Estado de protección social que bajo la “Red Protege” ordenó todos los derechos que las personas tienen en su relación con el Estado y se desarrolló una difusión sobre los mismos. La idea fue que los ciudadanos tuvieran más conciencia de sus derechos y de cómo hacerlos efectivos frente a un Estado que se comprometía a garantizarlos. Se espera que esa política pública no quede en la nada, cuando aún hay mucho que avanzar en ese sentido.

Con el cambio de gobierno, existe temor de perder lo avanzado y no continuar con los decididos pasos que es necesario dar para fortalecer a la ciudadanía en Chile. Una herramienta muy específica para velar por ello es la existencia de la Defensoría de las Personas u Ombudsman. Institución autónoma que vela por la promoción, protección y defensa de los derechos de las personas en los servicios públicos. El proyecto hoy duerme en el Senado luego de haber sido aprobado por la cámara de diputados hace más de un año. El Presidente Piñera lo tiene en su programa de gobierno y fue mencionado en las medidas para su primer año; esperamos que los devastadores efectos del terremoto no le hayan quitado la urgencia.