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Derechos Humanos en las aulas ¡ahora!

Enviado por Danae Mlynarz Puig el martes, 07 septiembre, 2010 a las 13:21
Danae Mlynarz Puig

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El alza de 56 por ciento que registró el número de denuncias por maltrato al interior de los colegios, de acuerdo con las cifras entregadas por el Mineduc, nos lleva una vez más a reflexionar sobre fórmulas eficaces para frenar el aumento de esta problemática.

Hace años que llevamos planteando la necesidad de incluir en el sistema educativo chileno la enseñanza de Derechos Humanos, para así erradicar las situaciones violentas entre estudiantes ocurridas al interior de los liceos.

Hoy en día en los establecimientos educacionales no existe una clase dedicada a inculcar en los jóvenes, niños y niñas la responsabilidad que implica ser sujeto de derechos. Profundizar sobre democracia, opinión, debate, discriminación y otras materias es una verdadera brújula para un adolescente que comienza el camino de la vida. Sin esa brújula el joven se desorienta y es entonces cuando las diferencias las solucionan a golpes o se burlan de un compañero o compañera cuyo color de piel es diferente a la suya.

Es necesario incluir la prevención de la violencia como un ramo o asignatura especial, además de ser un eje transversal en la formación intraescolar y con impacto familiar. Se deben desarrollar programas de prevención de drogas y de educación sexual y afectiva con carácter participativo, incluyendo a los padres, madres y entorno afectivo de los adolescentes.

Parece insuficiente el proyecto de ley que está impulsando el Ministro Lavín que pretende imponer a los colegios la obligación de informar a los padres en caso de su hijo sea víctima de maltrato. Además de tener un reglamento interno sobre convivencia escolar e imponer multas de carácter monetario que pueden alcanzar $1.500.000 para aquellos establecimientos que teniendo conocimiento de situaciones de bullying no apliquen acciones. El proyecto no aborda cómo enfrentar el problema y qué es lo que el colegio debe hacer, ya que por evitar una multa, el establecimiento podría terminar expulsando al agresor y al agredido y señalar que ha tomado medidas, cuando esa situación no modifica el problema social que hoy debemos enfrentar de convivencia entre los jóvenes, niños y niñas.

El maltrato escolar es un tema complejo y debe abordarse desde la diversidad de variables que influyen en él y no solamente desde una mirada punitiva y economicista en las sanciones.

Debemos avanzar en educación en derechos humanos en el sistema escolar, en formación y profesionalización del equipo pedagógico para enfrentar estas situaciones y compartir este desafío con las familias y la sociedad toda. La convivencia y el respeto a la dignidad de las personas es algo que debemos potenciar también fuera del aula.

Con ello, estaremos realmente haciéndonos cargo de la violencia escolar que, de no enfrentarla, puede convertirse en un patrón que llegue a normalizarse por parte de los niños y niñas y de los jóvenes. Ello, como consecuencia de no tener la debida formación en respeto de derechos propios y de los pares, así como de los deberes como miembros de una comunidad.

Hay mucho que avanzar en educación para la democracia de nuestros jóvenes. En ese sentido, una asignatura en derechos humanos desde una concepción amplia sería un tremendo aporte. 

Instituto de Derechos Humanos.

Enviado por Danae Mlynarz Puig el jueves, 19 noviembre, 2009 a las 18:00
Danae Mlynarz Puig

Luego de casi 4 años de discusión, Gobierno y Parlamento han consolidado un importante avance institucional para la protección de los Derechos Humanos en Chile. Me refiero a la aprobación por parte del Senado del veto de la Presidenta Bachelet, que modificó el proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos, para asignarle la facultad de presentar querellas en casos de genocidio, tortura, desaparición y trata de personas.

 

Lo notable en este caso es la garantía de imparcialidad del futuro organismo, cuyo consejo será integrado por dos miembros designados por el Presidente de la República, dos por el Senado, dos por la Cámara, uno por los decanos de las facultades de Derecho, y cuatro por las instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos.

 

La iniciativa quedará en condiciones de ser promulgada y publicada en el Diario Oficial, momento desde el cual se reabrirá por lapso de 6 meses un período crucial, como es la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura. El nuevo organismo será una importante fuente de asesoría jurídica sobre la materia.