Danae Mlynarz Puig**

 

Los últimos estudios siguen ratificando que América Latina es el continente más desigual y que Chile, nuestro país estaría dentro de los países más desiguales del mundo. Gran parte de la población presenta una escasa titularidad de sus derechos ciudadanos, “que en el terreno jurídico y político se manifiesta en una desigualdad fundamental en el acceso a la justicia y una escasa participación en las decisiones políticas, mientras que en las esferas económica y social se traduce en disparidad de oportunidades, inestabilidad laboral, bajos ingresos, impedimentos a la movilidad social -particularmente para las mujeres-, desconocimiento a la diversidad étnica y cultural, e indefensión al infortunio. De ahí que el principal desafío que enfrenta la región durante el presente siglo es el de construir sociedades más equitativas” (CEPAL, 2010). Dicha labor, sin duda, es la que debería movilizar todo el quehacer profesional del Trabajador Social. El cual se ha desplazado desde la asistencia social, a la promoción buscando una transformación social a las injusticias que nuestro mundo vive.

Hoy hablamos y escuchamos de la necesidad de establecer un Estado Social de Derechos Garantizados, que significa avanzar en “garantías a los derechos de equidad dirigidos a lograr una ciudadanía extendida en la que, además del respeto a los derechos civiles y políticos, los ciudadanos puedan gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales” (CEPAL, 2010). La tesis que adquiere relieve bajo estas posiciones es que para constituirse en miembros plenos de una sociedad, no basta con que a los ciudadanos se les reconozcan derechos sociales sino que es preciso que cumplan obligaciones comunes.  Así comienza a ser fuertemente tematizada la cuestión de los deberes sociales y, en particular, la relativa al rol que cabe en este proceso de construcción de ciudadanía a otros agentes sociales distintos a la burocracia estatal, es decir, a las familias y a la comunidad, a la sociedad civil.(Cunil en Ziccardi, 2004).

E. Jelin, señala “el concepto de ciudadanía hace referencia a una práctica conflictiva vinculada al poder, que refleja las luchas acerca de quiénes podrán decidir qué en el proceso de definir cuáles son los problemas comunes y cómo serán abordados.

La ciudadanía como los derechos están siempre en proceso de construcción y cambio. Y siempre deberíamos ir avanzando en ellos, fruto de nuestras luchas sociales. Una sociedad no debería tender a perder derechos, eso sin duda refleja un retroceso que no deberíamos permitir. Como observamos en las recientes manifestaciones en Francia y Gran Bretaña donde se pretenden suprimir ciertos derechos sociales adquiridos.

La ciudadanía, cuyo derecho básico se expresa como “el derecho a tener derechos”, es entonces más que un estatuto de derechos y responsabilidades, un conjunto de prácticas de participación civil, social y política en que diversos sujetos políticos instalan sus preocupaciones en la agenda pública (Marques-Pereira, 1997).

Diversos autores distinguen entre una ciudadanía pasiva, aquella ciudadanía formal, consagrada legalmente que supone sujetos de derechos protegidos por el Estado, y una ciudadanía activa, que requiere la existencia de sujetos políticos capaces de hacer exigibles sus derechos, de realizar prácticas autónomas, deliberantes y participativas.

La ciudadanía activa pone junto a los derechos, la noción de responsabilidad que los ciudadanos tienen con la comunidad política a la que pertenecen. Y la palabra es clave estamos hablando de responsabilidades, no solo de obligaciones ni deberes como pretenden otros.

Esta ciudadanía activa se expresa en distintos niveles, “a nivel individual, como participación; a nivel social como responsabilidad, solidaridad, cooperación en la esfera público-social; a nivel político, como exigencias de fiscalización y rendición de cuentas de lo público-político” (Vargas, 2000). Se trata de una ciudadanía que va más allá del interés personal y se suma al interés colectivo a partir del sentido de justicia y de responsabilidad.

Al Estado le corresponde la noción de rendir cuentas (accountability) y a la sociedad civil la responsabilidad de ejercer control ciudadano y desarrollar ciudadanía activa.

Ello significa que el Estado tiene una responsabilidad ante la ciudadanía y ésta a su vez, tiene como tarea exigir en conciencia el “derecho a tener derechos” y el cumplimiento de los compromisos sociales de los gobiernos en las materias correspondientes.

La ciudadanía dice relación con el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para actuar en el debate, gestión y fiscalización de la acción pública, con autonomía y poder.

Actualmente sabemos que en el campo de la política social no es sólo fundamental el “qué”, sino también el “cómo”.  “Se debe considerar lo que se entrega a través de la prestación de servicios sociales, así como la manera o modo en que se entregan dichos servicios” (Cunill, 2004).

La cuestión sobre las responsabilidades ciudadanas no puede circunscribirse sólo al problema de sus contribuciones económicas (las cuales se patentizan en impuestos).  Es necesario prestar atención a las contribuciones personales de la ciudadanía y a su implicación política en la satisfacción de las necesidades colectivas.  Por ende, se requiere explorar bajo qué marcos institucionales pueden ser estimuladas la solidaridad social y la responsabilidad con los asuntos públicos. Así como, la necesidad de incorporar la noción de la diversidad en el propio concepto de ciudadanía (Cunill, 2004).

La participación ciudadana en las políticas y servicios sociales puede contribuir a la construcción de ciudadanía en su doble dimensión. 

Al enfatizar en la importancia de los deberes y obligaciones sociales, puede tener un sesgo ideológico para justificar la retirada del Estado como lo hemos escuchado recientemente en la definición de algunas nuevas políticas sociales. 

No obstante esto, también es innegable que existe una demanda creciente de auto-organización social, así como una crítica cada vez más generalizada al patrón burocrático, clientelar y paternalista de articulación entre el Estado y la sociedad que crea desincentivos a la acción social. (Cunill, 2004).

Con la recuperación de la democracia durante la década de los 90 se estableció la plena imposición de las instituciones republicanas con el sistema de garantías que las caracterizan, afortunadamente se fueron erradicando las formas políticas más represivas y autoritarias que habían caracterizado al período anterior.

No obstante, pronto se vio que ello no era suficiente -aunque necesario- para un pleno involucramiento del conjunto de la ciudadanía en las principales decisiones políticas.  Abstención electoral, apatía, indiferencia por los asuntos públicos, pusieron de manifiesto que el importante paso dado para el regreso de la democracia y los derechos humanos no modificaban automáticamente estas actitudes.

Se instala así el discurso de la participación que, es formulado desde muy diferentes posiciones.  Por lo tanto, en virtud de un elemental rigor conceptual es necesario aclarar, cuando se apela a la participación, el sentido que se está atribuyendo a esta convocatoria.

A mi juicio, es la intervención de los particulares en actividades públicas, en tanto, portadores de intereses sociales. Ello hace referencia a una relación entre Estado y sociedad civil, a una acción de ésta sobre el primero.

Diferenciar el concepto de participación ciudadana de otros tipos de participación -social, comunitaria y política- reservándolo para hacer referencia a las formas de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios, incorporando sus intereses particulares -no individuales- respecto a determinadas temáticas. 

En el campo de las políticas sociales esta forma de inclusión de la ciudadanía parece particularmente necesaria para otorgar eficacia a una acción social del Estado que suele estar confinada al ámbito de lo estatal y no de lo público.  La idea central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores previamente definidas se pueden obtener mejores resultados que permitan avanzar en el camino de construir ciudadanía (Ziccardi, 2004).

El rol del Trabajador Social en su acción profesional debería incluir una concepción de la participación mediante la cual de lo que se trata es construir ciudadanía, promover el protagonismo autónomo de la sociedad civil, todo ello en un horizonte de transformaciones que conciban un tipo de sociedad muy diferente a la actual (Portillo en Zicardi, 2004).

La cultura hegemónica hoy expresada esencialmente a través del conjunto de dispositivos más mediáticos, alienta y consolida determinados valores y concepciones básicamente dirigidas al aislamiento individual, el consumo incontenible y la competencia, elevando a categoría absoluta la realidad del mercado como la medida de todo lo humano.

Una alternativa que se proponga profundizar la democracia y recuperar un activo papel al servicio de la justicia social, reclama cambios institucionales muy importantes tanto en lo que hace a las estructuras de las instituciones como en lo relativo a su dinámica (Portillo, 2004). Y ese también es un trabajo pendiente en el cual debemos enfocar nuestra acción y luchas.

El control social es “un tipo de participación ciudadana orientada al control, vigilancia y evaluación por parte de personas y/u organizaciones sobre programas y acciones gubernamentales, que promueve una rendición de cuentas vertical/transversal”. (Hevia, 2005).

Como forma de participación ciudadana, puesto que busca que los ciudadanos -organizados o no- puedan incidir en la esfera pública, ya sea formalmente, por medio de su inclusión en comités de obra, órganos colegiados, etc. o indirectamente, por medio de la activación de los sistemas de quejas y denuncias. Los ciudadanos deberíamos luchar por ampliar estos espacios y es un rol preponderante del Trabajo Social empoderar a los ciudadanos con respecto a cómo lograr avanzar en esos espacios, partiendo por dar a conocer nuestra reciente ley de Acceso a la Información Pública.

Ahora, lo que caracteriza y diferencia al Control Social de otras formas de participación es que su intervención en lo público se orienta específicamente al control, la vigilancia y evaluación de las acciones y programas de gobierno.

Esto le permite trascender en el tiempo a la mera vigilancia sobre la ejecución de la política y poder ampliar su campo de acción a la planeación y evaluación, siempre que su foco se oriente al control y la vigilancia en estas esferas.

En resumen, podemos señalar que en un contexto de cambio en la orientación de la política pública. Con una sociedad fuertemente fragmentada y desigual, donde nuestro objetivo es generar una transformación social que genere mayor justicia social. Nuestra labor profesional debe avanzar en construcción de ciudadanía de nuestros sujetos de atención social, “es fundamental ampliar el espacio público frente a las fuerzas centrífugas que hoy tiene el espacio privado, de manera de crear más sociedad” (CEPAL, 2010).

Buscar los cambios institucionales para ello, no perder de vista el cómo se hacen las cosas, entregar información pero a su vez construir ciudadanía. Para un efectivo fortalecimiento democrático necesitamos que el conjunto de la sociedad sea consciente de sus derechos y responsabilidades. Esto quiere decir, que la sociedad, al tiempo que establece la democracia como forma de organización básica, debe garantizar que todas y todos los ciudadanos se conviertan en sujetos conscientes de sus derechos y responsabilidades, sujetos capaces de cuidar de sí mismos y cuidar de la sociedad, sujetos capaces de participar con conocimiento de causa y responsabilidad, capaces de organizarse, definir sus intereses y expresarlos; en fin, sujetos capaces de ejercer la ciudadanía.  Esta función de formación política en el sentido de participación en la vida colectiva, en el gobierno de la sociedad  es la que, a mi juicio, sigue siendo una deuda de nuestra democracia y una labor que el Trabajo Social debe ejercer.

Quiero agradecer con mucho cariño la oportunidad de conversar estos temas junto a ustedes, mis colegas, en el día de celebración de nuestra profesión. Para ser consecuente y avanzar en organización, ciudadanía y la construcción de nuevos y fuertes espacios de control social quiero entregar todos mis antecedentes para colegiarme. Solo con organización podremos avanzar en fortalecer nuestra democracia, más aún hoy cuando el poder político y económico se encuentran en las mismas manos, existiendo una colusión total de intereses de los poderosos por controlarlo todo*.

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• CEPAL, “60 años de la CEPAL”, compilador Ricardo Bielschowsky, CEPAL 2010.
• Jelin E, “La construcción de la ciudadanía: entre la solidaridad y la responsabilidad”, en Jelin  y Herschberg, Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina, Venezuela, editorial Nueva Sociedad 1996.
• Marques-Pereira B, “Los derechos reproductivos como derechos ciudadanos”, ediciones de las mujeres nº25, Santiago: ISIS Internacional 1997.
• Vargas V, “Un tema en debate. La ciudadanía de las mujeres”, Lima, Centro de la mujer Peruana Flora Tristán, www.rcp.net.pe/FLORA.2000

• Hevia F, “La Contraloría Social Mexicana. Acciones de participación ciudadana para la rendición de cuentas”, 2005.

• Ziccardi A, “Participación Ciudadana”, México 2004.
• **Ponencia Conmemoración Día del Trabajo Social Colegio de Asistentes Sociales de Chile, 11 de noviembre 2010, Asistente Social, Cientista Político y Master en política y Gobierno, Coordinadora Derechos Ciudadanos y Participación Instituto Igualdad