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Nuestro país ha avanzado durante estos últimos 20 años en la recuperación y el fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, existe una deuda en cuanto a herramientas que permitan que los ciudadanos y ciudadanas tengan conciencia de sus derechos desde la infancia. En otras palabras, hay una carencia en “educación cívica” o educación para la democracia e incluso para los derechos humanos. Además, a pesar de existir hace 18 años en el congreso diversos proyectos que crean figuras de defensa de derechos como el conocido internacionalmente Ombudsman, la institucionalidad aún no existe en nuestro país, mientras la gran mayoría de los países latinoamericanos avanzaron durante los años noventa en este sentido.
Para el fortalecimiento democrático necesitamos que el conjunto de la sociedad sea consciente de sus derechos y responsabilidades. Esto quiere decir, que la sociedad, al tiempo que establece la democracia como forma de organización básica, debe garantizar que todas y todos los ciudadanos se conviertan en sujetos conscientes de sus derechos y responsabilidades, sujetos capaces de cuidar de sí mismos y cuidar de la sociedad, sujetos capaces de participar con conocimiento de causa y responsabilidad, capaces de organizarse, definir sus intereses y expresarlos; en fin, sujetos capaces de ejercer la ciudadanía. Esta función de formación política en el sentido de participación en la vida colectiva, en el gobierno de la sociedad es la que, a mi juicio, sigue siendo una deuda de nuestra democracia.
Se tienen derechos no sólo porque “se pagan impuestos” como lo hemos escuchado muchas veces, desde una perspectiva bastante neoliberal. Se tienen derechos porque también se tienen deberes dentro de una lógica de construcción comunitaria en que todos y todas decidimos vivir en sociedad.
Una sociedad democrática debería mantener un debate constructivo permanente sobre los principios, métodos, experiencias y resultados de los procesos de formación ciudadana, con participación de todas las instancias involucradas, tanto de la sociedad civil como del Estado.
El legado de los gobiernos de la Concertación fue establecer un Estado de protección social que bajo la “Red Protege” ordenó todos los derechos que las personas tienen en su relación con el Estado y se desarrolló una difusión sobre los mismos. La idea fue que los ciudadanos tuvieran más conciencia de sus derechos y de cómo hacerlos efectivos frente a un Estado que se comprometía a garantizarlos. Se espera que esa política pública no quede en la nada, cuando aún hay mucho que avanzar en ese sentido.
Con el cambio de gobierno, existe temor de perder lo avanzado y no continuar con los decididos pasos que es necesario dar para fortalecer a la ciudadanía en Chile. Una herramienta muy específica para velar por ello es la existencia de la Defensoría de las Personas u Ombudsman. Institución autónoma que vela por la promoción, protección y defensa de los derechos de las personas en los servicios públicos. El proyecto hoy duerme en el Senado luego de haber sido aprobado por la cámara de diputados hace más de un año. El Presidente Piñera lo tiene en su programa de gobierno y fue mencionado en las medidas para su primer año; esperamos que los devastadores efectos del terremoto no le hayan quitado la urgencia.
La Presidenta de la Comisión Defensora
Ciudadana, Danae Mlynarz, dio a conocer un balance del plan piloto que durante
el 2008 realizó el organismo para evaluar a los servicios públicos, mediante
“ciudadanos incógnitos”.
Según
explicó, la medición contempló dos fases:
1. Ciudadano incógnito remoto: mediante el envío, vía correo
postal, electrónico y formularios web, de 500 consultas a los organismos de la
administración pública de todo el país, incluyendo ministerios, subsecretarías,
intendencias, gobernaciones y servicios nacionales y regionales, donde los
resultados fueron bastante negativos. En general, un 71% de las consultas
formuladas no recibieron jamás respuesta, ni siquiera fuera del plazo de 10
días que contempla la ley. Asimismo, se concluye que mientras en la calidad de
la respuesta la mejor calificación se obtiene en la comunicación vía correo
postal (5.6), es ese sistema el que figura con la menor cantidad de respuestas
(un 86% no son contestadas).
Los ciudadanos que con mayor
frecuencia reciben una respuesta de algún servicio público, son quienes se
contactan mediante los formularios que figuran en los sitios web (58% recibe
respuesta), sin embargo, la calidad de esa respuesta apenas alcanza un 4.4 de
calificación.
Un análisis
general refleja que el 13% de
los servicios obtiene una nota de Calidad Sobresaliente, en la calidad de sus respuestas (5,5 -7,0).
2. Ciudadano
incógnito presencial: En esta fase se visitaron
servicios públicos diversos en las regiones Metropolitana, de Los Ríos, Los
Lagos, Araucanía y Bio Bio y el resultado no fue del todo positivo. Detectándose
falencias comunes como prolongados tiempos de espera, con asientos en cantidad
insuficiente, falta de señalética adecuada o la que hay no se entiende,
cantidad de módulos de atención que no guardan relación con la demanda,
funcionarios públicos que no se identifican al momento de atender (ley 19.880,
sobre procedimiento administrativo), orientación vaga y en algunos casos, falta
de conocimiento sobre la materia consultada aun cuando es competencia del
servicio.
Los mejores
evaluados en la atención de público, en esta fase del programa piloto, fueron
las policías, no solo porque las falencias en las unidades policiales visitadas
eran mínimas, sino porque además ante las sugerencias que se formularon, en
todos los casos a las más altas autoridades, la respuesta fue inmediata y con
cambios que involucraron a varias unidades policiales.
Sobre los
resultados la Presidenta
de esta Comisión Asesora Presidencial, Danae Mlynarz, dijo que los resultados
no solo generan preocupación, sino que la obligación de asumir esta experiencia
como un deber que significará iniciar una fase de evaluación permanente y con
mayor cobertura.
“La
experiencia del ciudadano incógnito nos ha permitido ponernos en el lugar del
ciudadano y por eso es que lamentamos estos resultados, pero estamos ciertos en
que nuestra intervención debe ser mayor para que los ciudadanos comprendan que
tienen derechos y los ejerzan frente a los servicios públicos y, por otro lado,
las autoridades entiendan que una señalética que no se entiende, una espera de
más de una hora, debe ser un aspecto central de su labor”.
Junto con
precisar que durante el 2009 el “ciudadano incógnito” será una línea de acción
prioritaria, Mlynarz, señaló que por estos días están informando a todas las
máximas autoridades no solo sobre los resultados generales del plan piloto,
sino que además se iniciará una nueva fase en que incluso se planea incorporar
a nuevos actores, mediante convenios que permitan abarcar más zonas geográficas
y a todo el aparato estatal.
En nota editorial del diario El Mercurio del día viernes 26 de diciembre se emite un juicio negativo con respecto a la necesidad de que en Chile se instaure el Ombudsman o Defensor del Pueblo. Institucionalidad que existe en más de 100 democracias en todo el mundo y que busca promover, defender y proteger los derechos de las personas ante los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de aquellos que presten servicios públicos.
Hoy en Chile los ciudadanos han ido avanzando en asumir que tienen derechos (un 92% sabe que los tiene). Sin embargo, un 80% sienten que se respetan poco o nada en nuestra sociedad y más de un 90% siente que es necesario un organismos autónomo que resguarde sus derechos.
Estar en contra de la figura del Ombudsman o defensoría de las personas como se llamaría en Chile, es estar en contra de los ciudadanos y sus derechos, es estar en contra de la consolidación democrática y de la modernización del Estado.
Es una institución que ha estado presente en todos los programas de gobierno de la Concertación, que el año 2005 formó parte de todos los programas de los candidatos presidenciales. Incluyendo a Sebastián Piñera donde incluía en forma explícita dentro de sus atribuciones “los servicios de utilidad pública prestados por particulares”.
El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet asumiendo el consenso que existía con respecto a la figura le puso urgencia durante el año 2007, gracias a lo cual por primera vez luego de 16 años comenzó la discusión legislativa. Es una reforma Constitucional que requiere que 71 diputados la aprueben para continuar su tramitación en el Senado. Posteriormente, es necesaria una Ley Orgánica Constitucional para dotarla de organización, funciones y atribuciones. Por tanto, queda mucho trabajo legislativo para perfeccionar el proyecto.
No busquemos más excusas y avancemos en una deuda con nuestros ciudadanos, nuestra democracia y con el sistema internacional de Derechos Humanos.
Presidenta de la Comisiòn Defensora Ciudadana, Danae Mlynarz, indicò que todas las personas, independientemente de su investidura, tienen derecho a reclamar cuando consideran que sus derechos han sido vulnerados y ello obliga a los organismos del Estado a actuar procesando dicha reclamaciòn con un trato igualitario.
"Se trata de un derecho constitucional que requiere de un cambio cultural que apunte a la institucionaldiad del reclamo. Un 52% ha sentido la necesidad de reclamar frente a un organismo del Estado, sin embargo un 67% lo hace pidiendo hablar con el jefe, lo cual no ayuda a fortalecer los canales para que ese reclamo, tenga seguimiento, soluciòn y sirva para corregir las deficiencias en los distintos servicios pùblicos".
Asimismo y frente al revuelo que ha ocasionado el impasse que ha involucrado a Carabineros y su respectiva Subsecretarìa, la Presidenta de la Comisiòn Defensora Ciudadana, sostuvo que cuando un 55% de los chilenos considera que todos tenemos las mismas oportunidades de exigir respeto por nuestros derechos, entonces eso obliga a los organismos pùblicos a establecer canales para reclamar y brindar un trato igualitario a todas las personas, situaciòn en la que ha habido avances importantes en los ùlñtimos años.
"Cuando una persona siente que el trato no ha sido el apropiado, no tuvo respuesta o considera que èsta no es satisfactoria tiene derecho a presentar su queja ante el organismo que habrìa vulnerado sus derechos y sino logra una soluciòn puede acudir a nuestra comisiòn, donde tenemos la obligaciòn de mediar por esa persona ante la reparticiòn que corresponda".
Finalmente, Danae Mlynarz, dijo que este impasse debe generar una reacciòn y lecciòn en la opiniòn pùblica en cuanto a que reclamar es una herramienta vàlida para que los organismos mejoren y corrijan sus deficiencias y tremendamente ùtil para los ciduadanos de modo que conzocan sus derechos y los ejerzan en igualdad de condiciones.
- Parlamentarios comprometieron quórum necesario, mientras Pdta. Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynarz, insistió en argumentos que revelan urgente necesidad de contar con ombudsman en Chile.
En diciembre próximo el Ejecutivo repondrá en el Parlamento el proyecto de Reforma Constitucional que crea la Defensoría de las Personas, cuya votación no alcanzó el quórum necesario en la votación del pasado miércoles.
Así se acordó luego que parlamentarios de distintas bancadas se reunieron con el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo y la Presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynarz, para solicitar la reposición del citado proyecto.
El Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera- Gallo, destacó el compromiso de las distintas bancadas expresadas en el encuentro por Karla Rubilar (RN), Gabriel Silber (DC), Marcelo Schilling( PS) y los PPD Ximena Vidal, Enrique Accorsi, Guido Girardi y Tucapel Jiménez. Asimismo, expresó la voluntad del Ejecutivo en perseverar sobre la creación de la nueva institucionalidad, materializando la voluntad de distintos sectores,
Así, se estableció que en diciembre próximo el proyecto de Reforma Constitucional será analizado, con carácter de urgencia, por las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Constitución para ser votado en Sala el mismo mes y desde ya se comprometieron los votos para el quórum que se requiere es decir 3/5 de los parlamentarios en ejercicio. Esto, porque en la reciente votación la bancada UDI –en bloque- rechazó el proyecto.
Por su parte, la Presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynarz, dijo que “Chile necesita un gran consenso del Parlamento, que refleje el interés que hay por promocionar y defender los derechos de las personas que hoy viven situaciones que quedan en tierra de nadie y el Ejecutivo ha demostrado estar dispuesto a ello”.
DATOS:
La Reforma que crea el ombudsman en Chile está pendiente desde el año 1991, cuando su implementación surgió como recomendación de la comisión Rettig, sin embargo, después de varios intentos solo el año 2007 se logró que un mensaje del Ejecutivo tuviera tramitación en el Parlamento, siendo rechazado el pasado miércoles en la Sala de la Cámara de Diputados por no alcanzar el quórum necesario.
El texto que fue rechazado y que los parlamentarios han solicitado volver a analizar y someter a votación establecía la creación de la Defensoría de las Personas como un órgano autónomo que tendrá a su cargo la promoción y resguardo de los derechos y garantías asegurados en la Constitución, los Tratados Internacionales y en las leyes ante actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de personas que ejerzan actividades de servicio de utilidad pública, con lo que se incluye a las empresas que prestan servicios básicos (suministro de agua, electricidad, etc). Dicha institución recibirá y procesará quejas y reclamos, pudiendo igualmente actuar de oficio ante casos de conmoción pública e incluso interponer recursos legales.
  Las Isapres, cuyas tablas de precios están por definirse estos días, y que constituyen un pilar fundamental en la vida de millones de personas que les confían su bienestar, se encuentran inmersas en un escenario marcado por el no cumplimiento de expectativas respecto de las utilidades alcanzadas por el sector. En ese contexto, coincido con la Superintendencia de Salud, en cuanto a que resulta imprudente que las Isapres anticipadamente anuncien un eventual alza en los planes de salud, por el simple hecho de no haber alcanzado las utilidades esperadas. Pues además resulta indignante que con dicho anuncio se deje de manifiesto que para las Isapres la salud pueda ser un negocio y con ello se produzca un fenómeno de enriquecimiento de dudosa moralidad, más allá de la prestación de un servicio que a lo más, debiera comportarse de acuerdo a los movimientos normales del mercado. Las reiteradas vulneraciones de derechos en que incurren las Isapres, debiera hacerlas reflexionar sobre la manera en que se plantean frente a la sociedad y sobre la escasa mirada ciudadana que circunda su accionar. Mientras por un lado abren las puertas para acoger al ciudadano que precisa de atención, a sus espaldas planifican nuevas formas de enriquecimiento que los perjudica. Antes de anunciar un alza en los planes de salud, las Isapres debieran asumir la tremenda responsabilidad social que tienen en sus manos.
Danae Mlynarz Puig Presidenta Comisión Defensora Ciudadana
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