Afortunadamente para todas las mujeres chilenas, el fallo de la Contraloría General de la República que prohibió a los municipios, consultorios y ONGs distribuir la anticoncepción de emergencia -popularmente conocida como “píldora del día después”-, generó un amplio debate que más allá de las posiciones a favor o en contra, derivó en la presentación por parte del gobierno de un proyecto de Ley para garantizar la distribución gratuita del fármaco de emergencia en todo el sistema público de salud.

Con satisfacción hemos visto que algunos parlamentarios de derecha han entendido que este es un tema de salud pública y justicia social puesto que el verdadero respeto por la Constitución es asegurar a las mujeres la igualdad de acceso a mecanismos de regulación de la fertilidad, ya que diversos estudios internacionales han avalado que el medicamento no es abortivo, porque inhibe la ovulación antes de que exista la fertilización.

Es de esperar que los sectores que persisten con su rechazo a la entrega gratuita de la “píldora del día después” entiendan que con su postura atentan contra todo un esfuerzo país de Protección Social, ya que al negar el acceso a la contracepción de emergencia a los sectores más pobres y vulnerables se profundizan las inequidades sociales que cruzan nuestra nación.

No hay que olvidar que estamos bajo la atenta mirada de la ONU, cuya Comisión de Derechos Humanos hizo en mayo pasado una serie de observaciones a Chile, entre ellas, mejorar de forma transversal la situación de las mujeres en el país, dado que padecemos de discriminación.