Afortunadamente para todas las mujeres chilenas, el fallo de la Contraloría General de la República que prohibió a los municipios, consultorios y ONGs distribuir la anticoncepción de emergencia -popularmente conocida como “píldora del día después”-, generó un amplio debate que más allá de las posiciones a favor o en contra, derivó en la presentación por parte del gobierno de un proyecto de Ley para garantizar la distribución gratuita del fármaco de emergencia en todo el sistema público de salud.

Con satisfacción hemos visto que algunos parlamentarios de derecha han entendido que este es un tema de salud pública y justicia social puesto que el verdadero respeto por la Constitución es asegurar a las mujeres la igualdad de acceso a mecanismos de regulación de la fertilidad, ya que diversos estudios internacionales han avalado que el medicamento no es abortivo, porque inhibe la ovulación antes de que exista la fertilización.

Es de esperar que los sectores que persisten con su rechazo a la entrega gratuita de la “píldora del día después” entiendan que con su postura atentan contra todo un esfuerzo país de Protección Social, ya que al negar el acceso a la contracepción de emergencia a los sectores más pobres y vulnerables se profundizan las inequidades sociales que cruzan nuestra nación.

No hay que olvidar que estamos bajo la atenta mirada de la ONU, cuya Comisión de Derechos Humanos hizo en mayo pasado una serie de observaciones a Chile, entre ellas, mejorar de forma transversal la situación de las mujeres en el país, dado que padecemos de discriminación.

Las mujeres socialistas rechazamos enérgicamente el dictamen de la Contraloría General de La República que ha prohibido a los Municipios y a algunas organizaciones no gubernamentales (ONGs), la distribución de la anticoncepción de emergencia popularmente conocida como “píldora del día después”, según lo establecido en el fallo del año 2008 del Tribunal Constitucional, que en su momento fuera rechazado masivamente por la ciudadanía.

Para las socialistas esta prohibición es una nueva violación a los derechos humanos de las mujeres, provocado por las minorías conservadores de la sociedad, hipócritas que operan y se ocultan a través de un organismo del Estado como la Contraloría y que buscan mantener a través de preceptos moralistas no sólo un control sobre los cuerpos de las mujeres, sino que además doblegan la voluntad popular y soberana de la mayoría del país por su libertad de decidir.

Junto con atentar a la dignidad de mujeres y hombres a su derecho a tomar decisiones sobre sus cuerpos, sexualidad y reproducción, se atenta también contra todo un esfuerzo país de Protección Social desplegado con tanta fuerza por la Presidenta Bachelet, negando el acceso a la contracepción de emergencia a los sectores más pobres y vulnerables y profundizando en las inequidades sociales que cruzan a nuestro país.

Son las mujeres adolescentes, jóvenes y las de más escasos recursos las principales usuarias de estos medicamentos entregados por los municipios las que hoy quedan ante la indefensión, porque enfrentadas a embarazos no deseados, que en la mayoría de los casos se deben a actos de ultrajes y violación, son empujadas a protagonizar hechos tan dolorosos que tanto hemos lamentado últimamente como los abortos clandestinos, el abandono e incluso muerte de sus recién nacidos.

Entonces cuan monstruoso e indignante resulta este dictamen, patrocinado por uno de los principales misóginos de nuestro país, que cree aún vivir en los tiempos de la inquisición, el abogado Jorge Reyes, que forma parte de la alianza por Chile, y que delata ante la opinión pública a esta derecha de doble discurso, que se pretende amplia, liberal y tolerante pero que reiteradamente tras actos y personajes como éste, muestra su verdadera cara de fundamentalista recalcitrante que no sabe respetar la democracia y que siempre pretende imponer su dictadura moral.

Las mujeres socialistas decimos ¡Basta ya de tutelaje sobre nuestros cuerpos y nuestra libertad! Exigimos nuestro derecho a decidir sobre nuestra sexualidad y reproducción, no queremos más que machistas y misóginos decidan por nosotras.

Exigimos que Contraloría deje sin efecto dicho fallo, que no hace más que ahondar en las brechas de la desigualdad de las mujeres. Las afortunadas que cuentan con recursos pueden acceder a la anticoncepción de emergencia a través de la compra en las farmacias y, aquellas que no cuentan con los recursos estarán imposibilitadas de hacerlo y condenadas a una interrupción no deseada de sus embarazos.

Exigimos al Estado de Chile, garantizar igualdad de derechos, mantener un carácter laico y pluralista, con políticas públicas que estén más allá de creencias religiosas o ideologías moralistas y que solo respondan a las necesidades de la ciudadanía, en particular aquellas que se refieren a la salud reproductiva y sexual de la población, como corresponde a una sociedad verdaderamente democrática.

Las mujeres socialistas hacemos un llamado a todas las mujeres de Chile a defender nuestros derechos, ejerzamos nuestra ciudadanía, ya que no es posible que seamos sujetas de derechos si no tenemos el derecho básico a decidir sobre nuestros cuerpos,

Convocamos a nuestras compañeras en regiones, provincias y comunas a apoyar todas las actividades organizadas por el movimiento social para revertir este fallo, en particular a difundir el llamado de castigar con el voto aquellas opciones que niegan los derechos de las mujeres, solo con fuerza, unidad y organización haremos prevalecer nuestra voz de mayoría por nuestra libertad de decidir.


VICEPRESIDENCIA DE LA MUJER
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE