Han existido avances durante estos últimos 20 años en la recuperación y el fortalecimiento de la democracia, aunque no todos los esperados. Existe una gran deuda en cuanto a herramientas que permitan que los ciudadanos y ciudadanas tengan conciencia de sus derechos desde la infancia. En otras palabras, hay una carencia en “educación cívica” o educación para la democracia e incluso en la defensa de los derechos humanos. Además, nuestro país carece de una institucionalidad con los necesarios checks and balance para impedir el abuso de poder y la arbitrariedad. Hace 18 años que se presentan proyectos al congreso para crear la figura de defensa de derechos, conocido internacionalmente como Ombudsman, una institucionalidad que aún no existe, mientras la  gran mayoría de los países latinoamericanos avanzaron durante los años noventa en este sentido. Es más, en el reciente informe del Instituto de Derechos Humanos entregado ayer lo vuelve a poner como una deuda de nuestro país en la materia.

Para un efectivo fortalecimiento democrático necesitamos que el conjunto de la sociedad sea consciente de sus derechos y responsabilidades. Esto quiere decir, que la sociedad, al tiempo que establece la democracia como forma de organización básica, debe garantizar que todas y todos los ciudadanos se conviertan en sujetos conscientes de sus derechos y responsabilidades, sujetos capaces de cuidar de sí mismos y cuidar de la sociedad, sujetos capaces de participar con conocimiento de causa y responsabilidad, capaces de organizarse, definir sus intereses y expresarlos; en fin, sujetos capaces de ejercer la ciudadanía.  Esta función de formación política en el sentido de participación en la vida colectiva, en el gobierno de la sociedad  es la que, a mi juicio, sigue siendo una deuda de nuestra democracia.

Se tienen derechos no sólo porque “se pagan impuestos” como lo hemos escuchado muchas veces, desde una perspectiva bastante neoliberal. Se tienen derechos porque también se tienen deberes dentro de una lógica de construcción comunitaria en que todos y todas decidimos vivir en sociedad.

Una sociedad democrática debería mantener un debate constructivo permanente sobre los principios, métodos, experiencias y resultados de los procesos de formación ciudadana, con participación de todas las instancias involucradas, tanto de la sociedad civil como del Estado.

El legado de los gobiernos de la Concertación fue establecer un incipiente Estado de protección social que bajo la “Red Protege” ordenó todos los derechos que las personas tienen en su relación con el Estado y se desarrolló una difusión sobre los mismos. La idea fue que los ciudadanos tuvieran más conciencia de sus derechos y de cómo hacerlos efectivos frente a un Estado que se comprometía a garantizarlos. Se espera que esa política pública no quede en la nada, cuando aún hay mucho que avanzar en ese sentido.

Hoy en cambio en el nuevo gobierno, ya no se habla de derechos sino que de oportunidades. Las oportunidades existen, se dan y se quitan, así de la nada y nadie puede decir nada.

Con el cambio de gobierno, existe un temor concreto de perder lo avanzado y no continuar con los decididos pasos que es necesario dar para fortalecer a la ciudadanía en Chile. Para continuar con la ampliación de derechos sociales que permitan a los chilenos y chilenas vivir mejor y con mayor seguridad. Salir de la lógica de pedir permiso y perdón por nada y de agradecer como un regalo -hoy oportunidad-, algo que es un derecho.

Una herramienta muy específica para velar por ello es la existencia de la Defensoría de las Personas u Ombudsman. Institución autónoma que vela por la promoción, protección y defensa de los derechos de las personas en los servicios públicos. El proyecto hoy duerme en el Senado luego de haber sido aprobado por la cámara de diputados hace más de un año. El Presidente Piñera lo tiene en su programa de gobierno y fue mencionado en las medidas para su primer año (ver revista Qué Pasa); esperamos que los devastadores efectos del terremoto no le hayan quitado la urgencia.

El Estado de Chile hace más de un año realizó su examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En dicha ocasión se reconocieron los avances del país en la materia, pero también quedaron una serie de pendientes que deberían marcar la agenda de nuestro país. Puesto que el Estado deberá volver a dar cuenta de ellos durante el año 2013.

Uno de ellos fue precisamente la ausencia de una institucionalidad para garantizar la protección adecuada de los Derechos Humanos en Chile. Los representantes de varios países manifestaron su preocupación por la inexistencia del Instituto de Derechos Humanos y la Defensoría de las Personas en concordancia con los principios de Paris. Sobre el primero, hoy lo tenemos funcionando y fue un orgullo la entrega de su primer informe el día de ayer, donde delinea muchos temas pendientes, muchos de ellos ya mencionados en el examen periódico.

Los países miembros instaron a Chile a ratificar prontamente tratados internacionales tales como: la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el Protocolo Facultativo a la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación con la Mujer. En relación al primer tratado fue ratificado por Chile durante el año 2009 al tiempo, que en relación al segundo, continúa siendo un pendiente junto una serie de desigualdades de género tales como: la escasa participación política de las mujeres en los espacios de poder político, la discriminación salarial y la existencia de la sociedad conyugal como régimen de regulación del patrimonio entre los cónyuges con explícita discriminación hacia las mujeres que se casan bajo este sistema, falta de reconocimiento legal a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y particularmente, la criminalización de todas las formas de aborto y fuerte presencia de violencia intrafamiliar.

Otro tema que estuvo presente en las observaciones realizadas y del cual aún no hay respuesta es la vigencia y aplicación de la Ley de Amnistía para las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el régimen militar y la amplitud de la competencia de la justicia militar para juzgar a civiles lo que resulta contradictorio con el Estado de Derecho.

Cabe destacar que uno de los temas que mayor interés concitó fue la situación de exclusión y discriminación jurídica y política de los sectores que representan la diversidad en Chile, entre ellos los pueblos indígenas y los migrantes. Se recomendó otorgar prontamente el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, implementar plenamente los compromisos contenidos en el Convenio 169 de la OIT y continuar con los procesos de entrega de tierras y aguas. Varios Estados manifestaron su preocupación por la situación de criminalización de la protesta social indígena, la violencia policial que se ejerce hacia ellos, así como a otros sectores vulnerables y la aplicación de la Ley Antiterrorista en algunos casos, recomendando la adopción de medidas para poner término a esta situación.

Este examen no sólo debería delinear la agenda de trabajo del gobierno en derechos humanos, sino que también la de la sociedad civil que tiene el deber de mantenerse vigilante con respecto a sus avances y retrocesos. Generando una suerte de observatorio y un debate constructivo para asegurar la vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales en Chile. Junto con el fortalecimiento democrático a través de la necesaria formación para la democracia. 

Nuestro país ha avanzado durante estos últimos 20 años en la recuperación y el fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, existe una deuda en cuanto a herramientas que permitan que los ciudadanos y ciudadanas tengan conciencia de sus derechos desde la infancia. En otras palabras, hay una carencia en “educación cívica” o educación para la democracia e incluso para los derechos humanos. Además, a pesar de existir hace 18 años en el congreso diversos proyectos que crean figuras de defensa de derechos como el conocido internacionalmente Ombudsman, la institucionalidad aún no existe en nuestro país, mientras la  gran mayoría de los países latinoamericanos avanzaron durante los años noventa en este sentido.

Para el fortalecimiento democrático necesitamos que el conjunto de la sociedad sea consciente de sus derechos y responsabilidades. Esto quiere decir, que la sociedad, al tiempo que establece la democracia como forma de organización básica, debe garantizar que todas y todos los ciudadanos se conviertan en sujetos conscientes de sus derechos y responsabilidades, sujetos capaces de cuidar de sí mismos y cuidar de la sociedad, sujetos capaces de participar con conocimiento de causa y responsabilidad, capaces de organizarse, definir sus intereses y expresarlos; en fin, sujetos capaces de ejercer la ciudadanía.  Esta función de formación política en el sentido de participación en la vida colectiva, en el gobierno de la sociedad  es la que, a mi juicio, sigue siendo una deuda de nuestra democracia.

Se tienen derechos no sólo porque “se pagan impuestos” como lo hemos escuchado muchas veces, desde una perspectiva bastante neoliberal. Se tienen derechos porque también se tienen deberes dentro de una lógica de construcción comunitaria en que todos y todas decidimos vivir en sociedad.

Una sociedad democrática debería mantener un debate constructivo permanente sobre los principios, métodos, experiencias y resultados de los procesos de formación ciudadana, con participación de todas las instancias involucradas, tanto de la sociedad civil como del Estado.

El legado de los gobiernos de la Concertación fue establecer un Estado de protección social que bajo la “Red Protege” ordenó todos los derechos que las personas tienen en su relación con el Estado y se desarrolló una difusión sobre los mismos. La idea fue que los ciudadanos tuvieran más conciencia de sus derechos y de cómo hacerlos efectivos frente a un Estado que se comprometía a garantizarlos. Se espera que esa política pública no quede en la nada, cuando aún hay mucho que avanzar en ese sentido.

Con el cambio de gobierno, existe temor de perder lo avanzado y no continuar con los decididos pasos que es necesario dar para fortalecer a la ciudadanía en Chile. Una herramienta muy específica para velar por ello es la existencia de la Defensoría de las Personas u Ombudsman. Institución autónoma que vela por la promoción, protección y defensa de los derechos de las personas en los servicios públicos. El proyecto hoy duerme en el Senado luego de haber sido aprobado por la cámara de diputados hace más de un año. El Presidente Piñera lo tiene en su programa de gobierno y fue mencionado en las medidas para su primer año; esperamos que los devastadores efectos del terremoto no le hayan quitado la urgencia.

Casi el 90 por ciento de los chilenos cree que es vital para nuestro país tener una Defensoría de las Personas, ya que se sienten indefensos ante las vulneraciones de derechos

ü     Los servicios públicos son el espacio donde a juicio de los chilenos más se resguardan los derechos. Donde menos se respetan es en el ámbito laboral. ü     La asesora presidencial, Danae Mlynarz, destacó además que gracias al esfuerzo gubernamental, en relación a 2008 hoy en día un 20 por ciento más de chilenos sabe que en el ámbito de la atención pública tiene derechos.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo y la presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas, Danae Mlynarz, entregaron los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Derechos Ciudadanos, que este año fue ejecutada por la empresa Collect.   Según el sondeo, al hablar de derechos ciudadanos en Chile, 8 de cada 10 chilenos y chilenas saben que los tienen. Para Danae Mlynarz, “esto nos habla de una sociedad que en democracia ha avanzado en el reconocimiento de derechos”.   El Ministro Viera Gallo destacó el hecho de que los chilenos donde más sienten que sus derechos son resguardados es en los servicios públicos. 7 de cada 10 considera que en estos espacios se respetan “siempre” o “casi siempre”. Además, resaltó que en comparación con la encuesta de 2008, hoy un 20 por ciento más de personas tienen conciencia de que poseen derechos en la atención en el Estado. Para el secretario de estado, “esto nos deja muy contentos puesto que ratifica que hemos avanzado en protección social, en información ciudadana sobre estos programas, es decir, el esfuerzo gubernamental en relación a la “Red Protege” hoy se observa en estos resultados, que además nos permiten hacer carne aquello que ha dicho la Presidenta Michelle Bachelet “Cuando un ciudadano acude a un servicio público, no va a pedir un favor, sino que va a exigir un derecho…”.   Sin embargo, las autoridades reconocieron que queda mucho por hacer en materia de difusión de derechos, ya que el sondeo mostró que la mayoría de los habitantes de ciudades más pequeñas, del mundo rural y de los sectores demenores recursos tienen poco conocimiento de ellos. “Porque Chile somos todos, queremos que todos los chilenos y chilenas de Arica a Punta Arenas sepan que tienen derechos y donde pueden ejercerlos.  Esa es nuestra misión como gobierno. Y es lo que seguiremos haciendo en nuestras salidas a terreno como la desarrollada durante esta semana”, enfatizó Danae Mlynarz.   Danae Mlynarz se mostró especialmente preocupada porque el espacio donde menos sienten los chilenos que se respetan sus derechos es el laboral. 5 de cada 10 ciudadanos y ciudadanas creen que en este ámbito “nunca” o “casi nunca” se le da importancia a este tema. “Este resultado no deja de ser preocupante puesto que es un espacio esencial para la vida de los seres humanos, donde además se pasa mucho tiempo. Creo que es la oportunidad para hacer un llamado a los empresarios a respetar los derechos de los trabajadores aún cuando nos encontremos en un período de crisis”.   La Segunda Encuesta Nacional de Derechos Ciudadanos reafirmó además que los ciudadanos sienten que están indefensos y es por ello que prácticamente 9 de cada 10 entrevistados cree que Chile necesita contar con una figura autónoma que vele por la protección de los derechos de las personas. Tanto el Ministro Viera Gallo como la presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas se comprometieron como gobierno a seguir dándole prioridad a la tramitación legislativa del Proyecto que crea el Ombudsman en Chile, el Defensor de las Personas “tal como se ha comprometido la Presidenta Michelle Bachelet frente a los chilenos el 21 de mayo y el Estado de Chile frente a los requerimientos internacionales en Ginebra. Esperamos contar con el apoyo de todos y todas los senadores.

Como un día clave para los ciudadanos fue calificada la histórica votación en la Cámara de Diputados del Proyecto de Reforma Constitucional que crea la Defensoría de las Personas, cuya aprobación se logró con 104 votos a favor

Sin embargo, al momento de votar por extender la atribución del Defensor a las personas frente a empresas de servicios básicos o concesionados, la aprobación vino por cuenta de la totalidad de diputados de la Concertación y de Renovación Nacional que reunieron 78 votos afirmativos. Lo anterior, debido a que la UDI, en bloque, voto en contra de permitir que la Defensoría de las Personas pudiera actuar en los atropellos que viven las personas frente a las empresas de utilidad pública

Tras la votación el ministro José Antonio Viera-Gallo se refirió a un conjunto de situaciones que podrían ser resueltas por la Defensoría de las Personas y valoró la señal que el Parlamento ha dado en respuesta a las vulneraciones de derechos que sufren las personas por parte de organismos del Estado y las empresas que prestan servicio de utilidad pública o servicios básicos, como resultado de una concesión como es el caso de las empresas sanitarias, electricidad, autopistas, etc.

“El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, impulsó con mucha fuerza esta Reforma Constitucional porque son muchas las personas que hoy requieren de una instancia que los defienda con las atribuciones necesarias”, dijo el secretario de Estado.

Por su parte, la Presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynarz, precisó que “el Parlamento ha dado una señal importante y valoramos a aquellos diputados y diputadas que actuaron con consecuencia frente a la defensa de los derechos ciudadanos, porque se trata no solo de propiciarlos, sino también de defenderlos y entregar a los ciudadanos la institucionalidad que sea necesario para garantizar que así sea”.

Defensoría de las Personas:

• El texto aprobado establece la creación de un órgano autónomo cuya función es la promoción, protección y defensa de los derechos establecidos en la constitución, las leyes, los tratados internacionales y de las empresas jurídicas que por licitación o concesión presten servicios básicos o de utilidad pública.
•  La Defensoría de las Personas en Chile se origina en una recomendación de la Comisión Rettig, en el año 1991 y nunca había tenido discusión parlamentaria. Sin embargo, está presente en más de 100 países y su origen data del año 1809, cuando por primera vez fue creado en Suecia.  

Hoy en Chile los ciudadanos han ido avanzando en asumir que tienen derechos (un 92% sabe que los tiene). Sin embargo, un 80% sienten que se respetan poco o nada en nuestra sociedad y más de un 90% siente que es necesario un organismos autónomo que resguarde sus derechos.

Estar en contra de la figura del Ombudsman o defensoría de las personas como se llamaría en Chile, es estar en contra de los ciudadanos y sus derechos, es estar en contra de la consolidación democrática y de la modernización del Estado.

Es una institución que ha estado presente en todos los programas de gobierno de la Concertación, que el año 2005 formó parte de todos los programas de los candidatos presidenciales. Incluyendo a Sebastián Piñera donde incluía en forma explícita dentro de sus atribuciones “los servicios de utilidad pública prestados por particulares”.

El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet asumiendo el consenso que existía con respecto a la figura le puso urgencia durante el año 2007, gracias a lo cual por primera vez luego de 16 años comenzó la discusión legislativa. Es una reforma Constitucional que requiere que 71 diputados la aprueben para continuar su tramitación en el Senado. Posteriormente, es necesaria una Ley Orgánica Constitucional para dotarla de organización, funciones y atribuciones. Por tanto, queda mucho trabajo legislativo para perfeccionar el proyecto.

No busquemos más excusas y avancemos en una deuda con nuestros ciudadanos, nuestra democracia y con el sistema internacional de Derechos Humanos.