Los últimos estudios siguen ratificando que América Latina es el continente más desigual y que Chile, nuestro país estaría dentro de los países más desiguales del mundo. Gran parte de la población presenta una escasa titularidad de sus derechos ciudadanos, “que en el terreno jurídico y político se manifiesta en una desigualdad fundamental en el acceso a la justicia y una escasa participación en las decisiones políticas, mientras que en las esferas económica y social se traduce en disparidad de oportunidades, inestabilidad laboral, bajos ingresos, impedimentos a la movilidad social -particularmente para las mujeres-, desconocimiento a la diversidad étnica y cultural, e indefensión al infortunio. De ahí que el principal desafío que enfrenta la región durante el presente siglo es el de construir sociedades más equitativas” (CEPAL, 2010). Dicha labor, sin duda, es la que debería movilizar todo el quehacer profesional del Trabajador Social. El cual se ha desplazado desde la asistencia social, a la promoción buscando una transformación social a las injusticias que nuestro mundo vive.

Hoy hablamos y escuchamos de la necesidad de establecer un Estado Social de Derechos Garantizados, que significa avanzar en “garantías a los derechos de equidad dirigidos a lograr una ciudadanía extendida en la que, además del respeto a los derechos civiles y políticos, los ciudadanos puedan gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales” (CEPAL, 2010). La tesis que adquiere relieve bajo estas posiciones es que para constituirse en miembros plenos de una sociedad, no basta con que a los ciudadanos se les reconozcan derechos sociales sino que es preciso que cumplan obligaciones comunes.  Así comienza a ser fuertemente tematizada la cuestión de los deberes sociales y, en particular, la relativa al rol que cabe en este proceso de construcción de ciudadanía a otros agentes sociales distintos a la burocracia estatal, es decir, a las familias y a la comunidad, a la sociedad civil.(Cunil en Ziccardi, 2004).

E. Jelin, señala “el concepto de ciudadanía hace referencia a una práctica conflictiva vinculada al poder, que refleja las luchas acerca de quiénes podrán decidir qué en el proceso de definir cuáles son los problemas comunes y cómo serán abordados.

La ciudadanía como los derechos están siempre en proceso de construcción y cambio. Y siempre deberíamos ir avanzando en ellos, fruto de nuestras luchas sociales. Una sociedad no debería tender a perder derechos, eso sin duda refleja un retroceso que no deberíamos permitir. Como observamos en las recientes manifestaciones en Francia y Gran Bretaña donde se pretenden suprimir ciertos derechos sociales adquiridos.

La ciudadanía, cuyo derecho básico se expresa como “el derecho a tener derechos”, es entonces más que un estatuto de derechos y responsabilidades, un conjunto de prácticas de participación civil, social y política en que diversos sujetos políticos instalan sus preocupaciones en la agenda pública (Marques-Pereira, 1997).

Diversos autores distinguen entre una ciudadanía pasiva, aquella ciudadanía formal, consagrada legalmente que supone sujetos de derechos protegidos por el Estado, y una ciudadanía activa, que requiere la existencia de sujetos políticos capaces de hacer exigibles sus derechos, de realizar prácticas autónomas, deliberantes y participativas.

La ciudadanía activa pone junto a los derechos, la noción de responsabilidad que los ciudadanos tienen con la comunidad política a la que pertenecen. Y la palabra es clave estamos hablando de responsabilidades, no solo de obligaciones ni deberes como pretenden otros.

Esta ciudadanía activa se expresa en distintos niveles, “a nivel individual, como participación; a nivel social como responsabilidad, solidaridad, cooperación en la esfera público-social; a nivel político, como exigencias de fiscalización y rendición de cuentas de lo público-político” (Vargas, 2000). Se trata de una ciudadanía que va más allá del interés personal y se suma al interés colectivo a partir del sentido de justicia y de responsabilidad.

Al Estado le corresponde la noción de rendir cuentas (accountability) y a la sociedad civil la responsabilidad de ejercer control ciudadano y desarrollar ciudadanía activa.

Ello significa que el Estado tiene una responsabilidad ante la ciudadanía y ésta a su vez, tiene como tarea exigir en conciencia el “derecho a tener derechos” y el cumplimiento de los compromisos sociales de los gobiernos en las materias correspondientes.

La ciudadanía dice relación con el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para actuar en el debate, gestión y fiscalización de la acción pública, con autonomía y poder.

Actualmente sabemos que en el campo de la política social no es sólo fundamental el “qué”, sino también el “cómo”.  “Se debe considerar lo que se entrega a través de la prestación de servicios sociales, así como la manera o modo en que se entregan dichos servicios” (Cunill, 2004).

La cuestión sobre las responsabilidades ciudadanas no puede circunscribirse sólo al problema de sus contribuciones económicas (las cuales se patentizan en impuestos).  Es necesario prestar atención a las contribuciones personales de la ciudadanía y a su implicación política en la satisfacción de las necesidades colectivas.  Por ende, se requiere explorar bajo qué marcos institucionales pueden ser estimuladas la solidaridad social y la responsabilidad con los asuntos públicos. Así como, la necesidad de incorporar la noción de la diversidad en el propio concepto de ciudadanía (Cunill, 2004).

La participación ciudadana en las políticas y servicios sociales puede contribuir a la construcción de ciudadanía en su doble dimensión. 

Al enfatizar en la importancia de los deberes y obligaciones sociales, puede tener un sesgo ideológico para justificar la retirada del Estado como lo hemos escuchado recientemente en la definición de algunas nuevas políticas sociales. 

No obstante esto, también es innegable que existe una demanda creciente de auto-organización social, así como una crítica cada vez más generalizada al patrón burocrático, clientelar y paternalista de articulación entre el Estado y la sociedad que crea desincentivos a la acción social. (Cunill, 2004).

Con la recuperación de la democracia durante la década de los 90 se estableció la plena imposición de las instituciones republicanas con el sistema de garantías que las caracterizan, afortunadamente se fueron erradicando las formas políticas más represivas y autoritarias que habían caracterizado al período anterior.

No obstante, pronto se vio que ello no era suficiente -aunque necesario- para un pleno involucramiento del conjunto de la ciudadanía en las principales decisiones políticas.  Abstención electoral, apatía, indiferencia por los asuntos públicos, pusieron de manifiesto que el importante paso dado para el regreso de la democracia y los derechos humanos no modificaban automáticamente estas actitudes.

Se instala así el discurso de la participación que, es formulado desde muy diferentes posiciones.  Por lo tanto, en virtud de un elemental rigor conceptual es necesario aclarar, cuando se apela a la participación, el sentido que se está atribuyendo a esta convocatoria.

A mi juicio, es la intervención de los particulares en actividades públicas, en tanto, portadores de intereses sociales. Ello hace referencia a una relación entre Estado y sociedad civil, a una acción de ésta sobre el primero.

Diferenciar el concepto de participación ciudadana de otros tipos de participación -social, comunitaria y política- reservándolo para hacer referencia a las formas de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios, incorporando sus intereses particulares -no individuales- respecto a determinadas temáticas. 

En el campo de las políticas sociales esta forma de inclusión de la ciudadanía parece particularmente necesaria para otorgar eficacia a una acción social del Estado que suele estar confinada al ámbito de lo estatal y no de lo público.  La idea central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores previamente definidas se pueden obtener mejores resultados que permitan avanzar en el camino de construir ciudadanía (Ziccardi, 2004).

El rol del Trabajador Social en su acción profesional debería incluir una concepción de la participación mediante la cual de lo que se trata es construir ciudadanía, promover el protagonismo autónomo de la sociedad civil, todo ello en un horizonte de transformaciones que conciban un tipo de sociedad muy diferente a la actual (Portillo en Zicardi, 2004).

La cultura hegemónica hoy expresada esencialmente a través del conjunto de dispositivos más mediáticos, alienta y consolida determinados valores y concepciones básicamente dirigidas al aislamiento individual, el consumo incontenible y la competencia, elevando a categoría absoluta la realidad del mercado como la medida de todo lo humano.

Una alternativa que se proponga profundizar la democracia y recuperar un activo papel al servicio de la justicia social, reclama cambios institucionales muy importantes tanto en lo que hace a las estructuras de las instituciones como en lo relativo a su dinámica (Portillo, 2004). Y ese también es un trabajo pendiente en el cual debemos enfocar nuestra acción y luchas.

El control social es “un tipo de participación ciudadana orientada al control, vigilancia y evaluación por parte de personas y/u organizaciones sobre programas y acciones gubernamentales, que promueve una rendición de cuentas vertical/transversal”. (Hevia, 2005).

Como forma de participación ciudadana, puesto que busca que los ciudadanos -organizados o no- puedan incidir en la esfera pública, ya sea formalmente, por medio de su inclusión en comités de obra, órganos colegiados, etc. o indirectamente, por medio de la activación de los sistemas de quejas y denuncias. Los ciudadanos deberíamos luchar por ampliar estos espacios y es un rol preponderante del Trabajo Social empoderar a los ciudadanos con respecto a cómo lograr avanzar en esos espacios, partiendo por dar a conocer nuestra reciente ley de Acceso a la Información Pública.

Ahora, lo que caracteriza y diferencia al Control Social de otras formas de participación es que su intervención en lo público se orienta específicamente al control, la vigilancia y evaluación de las acciones y programas de gobierno.

Esto le permite trascender en el tiempo a la mera vigilancia sobre la ejecución de la política y poder ampliar su campo de acción a la planeación y evaluación, siempre que su foco se oriente al control y la vigilancia en estas esferas.

En resumen, podemos señalar que en un contexto de cambio en la orientación de la política pública. Con una sociedad fuertemente fragmentada y desigual, donde nuestro objetivo es generar una transformación social que genere mayor justicia social. Nuestra labor profesional debe avanzar en construcción de ciudadanía de nuestros sujetos de atención social, “es fundamental ampliar el espacio público frente a las fuerzas centrífugas que hoy tiene el espacio privado, de manera de crear más sociedad” (CEPAL, 2010).

Buscar los cambios institucionales para ello, no perder de vista el cómo se hacen las cosas, entregar información pero a su vez construir ciudadanía. Para un efectivo fortalecimiento democrático necesitamos que el conjunto de la sociedad sea consciente de sus derechos y responsabilidades. Esto quiere decir, que la sociedad, al tiempo que establece la democracia como forma de organización básica, debe garantizar que todas y todos los ciudadanos se conviertan en sujetos conscientes de sus derechos y responsabilidades, sujetos capaces de cuidar de sí mismos y cuidar de la sociedad, sujetos capaces de participar con conocimiento de causa y responsabilidad, capaces de organizarse, definir sus intereses y expresarlos; en fin, sujetos capaces de ejercer la ciudadanía.  Esta función de formación política en el sentido de participación en la vida colectiva, en el gobierno de la sociedad  es la que, a mi juicio, sigue siendo una deuda de nuestra democracia y una labor que el Trabajo Social debe ejercer.

Quiero agradecer con mucho cariño la oportunidad de conversar estos temas junto a ustedes, mis colegas, en el día de celebración de nuestra profesión. Para ser consecuente y avanzar en organización, ciudadanía y la construcción de nuevos y fuertes espacios de control social quiero entregar todos mis antecedentes para colegiarme. Solo con organización podremos avanzar en fortalecer nuestra democracia, más aún hoy cuando el poder político y económico se encuentran en las mismas manos, existiendo una colusión total de intereses de los poderosos por controlarlo todo*.

• CEPAL, “60 años de la CEPAL”, compilador Ricardo Bielschowsky, CEPAL 2010.
• Jelin E, “La construcción de la ciudadanía: entre la solidaridad y la responsabilidad”, en Jelin  y Herschberg, Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina, Venezuela, editorial Nueva Sociedad 1996.
• Marques-Pereira B, “Los derechos reproductivos como derechos ciudadanos”, ediciones de las mujeres nº25, Santiago: ISIS Internacional 1997.
• Vargas V, “Un tema en debate. La ciudadanía de las mujeres”, Lima, Centro de la mujer Peruana Flora Tristán, www.rcp.net.pe/FLORA.2000

• Hevia F, “La Contraloría Social Mexicana. Acciones de participación ciudadana para la rendición de cuentas”, 2005.

• Ziccardi A, “Participación Ciudadana”, México 2004.
• **Ponencia Conmemoración Día del Trabajo Social Colegio de Asistentes Sociales de Chile, 11 de noviembre 2010, Asistente Social, Cientista Político y Master en política y Gobierno, Coordinadora Derechos Ciudadanos y Participación Instituto Igualdad

Nuestro país ha avanzado durante estos últimos 20 años en la recuperación y el fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, existe una deuda en cuanto a herramientas que permitan que los ciudadanos y ciudadanas tengan conciencia de sus derechos desde la infancia. En otras palabras, hay una carencia en “educación cívica” o educación para la democracia e incluso para los derechos humanos. Además, a pesar de existir hace 18 años en el congreso diversos proyectos que crean figuras de defensa de derechos como el conocido internacionalmente Ombudsman, la institucionalidad aún no existe en nuestro país, mientras la  gran mayoría de los países latinoamericanos avanzaron durante los años noventa en este sentido.

Para el fortalecimiento democrático necesitamos que el conjunto de la sociedad sea consciente de sus derechos y responsabilidades. Esto quiere decir, que la sociedad, al tiempo que establece la democracia como forma de organización básica, debe garantizar que todas y todos los ciudadanos se conviertan en sujetos conscientes de sus derechos y responsabilidades, sujetos capaces de cuidar de sí mismos y cuidar de la sociedad, sujetos capaces de participar con conocimiento de causa y responsabilidad, capaces de organizarse, definir sus intereses y expresarlos; en fin, sujetos capaces de ejercer la ciudadanía.  Esta función de formación política en el sentido de participación en la vida colectiva, en el gobierno de la sociedad  es la que, a mi juicio, sigue siendo una deuda de nuestra democracia.

Se tienen derechos no sólo porque “se pagan impuestos” como lo hemos escuchado muchas veces, desde una perspectiva bastante neoliberal. Se tienen derechos porque también se tienen deberes dentro de una lógica de construcción comunitaria en que todos y todas decidimos vivir en sociedad.

Una sociedad democrática debería mantener un debate constructivo permanente sobre los principios, métodos, experiencias y resultados de los procesos de formación ciudadana, con participación de todas las instancias involucradas, tanto de la sociedad civil como del Estado.

El legado de los gobiernos de la Concertación fue establecer un Estado de protección social que bajo la “Red Protege” ordenó todos los derechos que las personas tienen en su relación con el Estado y se desarrolló una difusión sobre los mismos. La idea fue que los ciudadanos tuvieran más conciencia de sus derechos y de cómo hacerlos efectivos frente a un Estado que se comprometía a garantizarlos. Se espera que esa política pública no quede en la nada, cuando aún hay mucho que avanzar en ese sentido.

Con el cambio de gobierno, existe temor de perder lo avanzado y no continuar con los decididos pasos que es necesario dar para fortalecer a la ciudadanía en Chile. Una herramienta muy específica para velar por ello es la existencia de la Defensoría de las Personas u Ombudsman. Institución autónoma que vela por la promoción, protección y defensa de los derechos de las personas en los servicios públicos. El proyecto hoy duerme en el Senado luego de haber sido aprobado por la cámara de diputados hace más de un año. El Presidente Piñera lo tiene en su programa de gobierno y fue mencionado en las medidas para su primer año; esperamos que los devastadores efectos del terremoto no le hayan quitado la urgencia.

Según explicó, la medición contempló dos fases:

1. Ciudadano incógnito remoto: mediante el envío, vía correo postal, electrónico y formularios web, de 500 consultas a los organismos de la administración pública de todo el país, incluyendo ministerios, subsecretarías, intendencias, gobernaciones y servicios nacionales y regionales, donde los resultados fueron bastante negativos. En general, un 71% de las consultas formuladas no recibieron jamás respuesta, ni siquiera fuera del plazo de 10 días que contempla la ley. Asimismo, se concluye que mientras en la calidad de la respuesta la mejor calificación se obtiene en la comunicación vía correo postal (5.6), es ese sistema el que figura con la menor cantidad de respuestas (un 86% no son contestadas).

Los ciudadanos que con mayor frecuencia reciben una respuesta de algún servicio público, son quienes se contactan mediante los formularios que figuran en los sitios web (58% recibe respuesta), sin embargo, la calidad de esa respuesta apenas alcanza un 4.4 de calificación.

Un análisis general refleja que el 13% de los servicios obtiene una nota de Calidad Sobresaliente, en la calidad de sus respuestas (5,5 -7,0).

2. Ciudadano incógnito presencial: En esta fase se visitaron servicios públicos diversos en las regiones Metropolitana, de Los Ríos, Los Lagos, Araucanía y Bio Bio y el resultado no fue del todo positivo. Detectándose falencias comunes como prolongados tiempos de espera, con asientos en cantidad insuficiente, falta de señalética adecuada o la que hay no se entiende, cantidad de módulos de atención que no guardan relación con la demanda, funcionarios públicos que no se identifican al momento de atender (ley 19.880, sobre procedimiento administrativo), orientación vaga y en algunos casos, falta de conocimiento sobre la materia consultada aun cuando es competencia del servicio.

Los mejores evaluados en la atención de público, en esta fase del programa piloto, fueron las policías, no solo porque las falencias en las unidades policiales visitadas eran mínimas, sino porque además ante las sugerencias que se formularon, en todos los casos a las más altas autoridades, la respuesta fue inmediata y con cambios que involucraron a varias unidades policiales.

Sobre los resultados la Presidenta de esta Comisión Asesora Presidencial, Danae Mlynarz, dijo que los resultados no solo generan preocupación, sino que la obligación de asumir esta experiencia como un deber que significará iniciar una fase de evaluación permanente y con mayor cobertura.

“La experiencia del ciudadano incógnito nos ha permitido ponernos en el lugar del ciudadano y por eso es que lamentamos estos resultados, pero estamos ciertos en que nuestra intervención debe ser mayor para que los ciudadanos comprendan que tienen derechos y los ejerzan frente a los servicios públicos y, por otro lado, las autoridades entiendan que una señalética que no se entiende, una espera de más de una hora, debe ser un aspecto central de su labor”.

Junto con precisar que durante el 2009 el “ciudadano incógnito” será una línea de acción prioritaria, Mlynarz, señaló que por estos días están informando a todas las máximas autoridades no solo sobre los resultados generales del plan piloto, sino que además se iniciará una nueva fase en que incluso se planea incorporar a nuevos actores, mediante convenios que permitan abarcar más zonas geográficas y a todo el aparato estatal.

Hoy en Chile los ciudadanos han ido avanzando en asumir que tienen derechos (un 92% sabe que los tiene). Sin embargo, un 80% sienten que se respetan poco o nada en nuestra sociedad y más de un 90% siente que es necesario un organismos autónomo que resguarde sus derechos.

Estar en contra de la figura del Ombudsman o defensoría de las personas como se llamaría en Chile, es estar en contra de los ciudadanos y sus derechos, es estar en contra de la consolidación democrática y de la modernización del Estado.

Es una institución que ha estado presente en todos los programas de gobierno de la Concertación, que el año 2005 formó parte de todos los programas de los candidatos presidenciales. Incluyendo a Sebastián Piñera donde incluía en forma explícita dentro de sus atribuciones “los servicios de utilidad pública prestados por particulares”.

El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet asumiendo el consenso que existía con respecto a la figura le puso urgencia durante el año 2007, gracias a lo cual por primera vez luego de 16 años comenzó la discusión legislativa. Es una reforma Constitucional que requiere que 71 diputados la aprueben para continuar su tramitación en el Senado. Posteriormente, es necesaria una Ley Orgánica Constitucional para dotarla de organización, funciones y atribuciones. Por tanto, queda mucho trabajo legislativo para perfeccionar el proyecto.

No busquemos más excusas y avancemos en una deuda con nuestros ciudadanos, nuestra democracia y con el sistema internacional de Derechos Humanos.

"Se trata de un derecho constitucional que requiere de un cambio cultural que apunte  a la institucionaldiad del reclamo. Un 52% ha sentido la necesidad de reclamar frente a un organismo del Estado, sin embargo un 67% lo hace pidiendo hablar con el jefe, lo cual no ayuda a fortalecer los canales para que ese reclamo, tenga seguimiento, soluciòn y sirva para corregir las deficiencias en los distintos servicios pùblicos".

Asimismo y frente al revuelo que ha ocasionado el impasse que ha involucrado a Carabineros y su respectiva Subsecretarìa, la Presidenta de la Comisiòn Defensora Ciudadana, sostuvo que cuando un 55% de los chilenos considera que todos tenemos las mismas oportunidades de exigir respeto por nuestros derechos, entonces eso obliga a los organismos pùblicos a establecer canales para reclamar y brindar un trato igualitario a todas las personas, situaciòn en la que ha habido avances importantes en los ùlñtimos años.

"Cuando una persona siente que el trato no ha sido el apropiado, no tuvo respuesta o considera que èsta no es satisfactoria tiene derecho a presentar su queja ante el organismo que habrìa vulnerado sus derechos y sino logra una soluciòn puede acudir a nuestra comisiòn, donde tenemos la obligaciòn de mediar por esa persona ante la reparticiòn que corresponda".

Finalmente, Danae Mlynarz, dijo que este impasse debe generar una reacciòn y lecciòn en la opiniòn pùblica en cuanto a que reclamar es una herramienta vàlida para que los organismos mejoren y corrijan sus deficiencias y tremendamente ùtil para los ciduadanos de modo que conzocan sus derechos y los ejerzan en igualdad de condiciones.

En diciembre próximo el Ejecutivo repondrá en el Parlamento el proyecto de Reforma Constitucional que crea la Defensoría de las Personas, cuya votación no alcanzó el quórum necesario en la votación del pasado miércoles.

Así se acordó luego que parlamentarios de distintas bancadas se reunieron con el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo y la Presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynarz, para solicitar la reposición del citado proyecto.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera- Gallo, destacó el compromiso de las distintas bancadas expresadas en el encuentro por Karla Rubilar (RN), Gabriel Silber (DC), Marcelo Schilling( PS) y los PPD Ximena Vidal, Enrique Accorsi, Guido Girardi y Tucapel Jiménez. Asimismo, expresó la voluntad del Ejecutivo en perseverar sobre la creación de la nueva institucionalidad, materializando la voluntad de distintos sectores,

Así, se estableció que en diciembre próximo el proyecto de Reforma Constitucional será analizado, con carácter de urgencia, por las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Constitución para ser votado en Sala el mismo mes y desde ya se comprometieron los votos para el quórum que se requiere es decir 3/5 de los parlamentarios en ejercicio. Esto, porque en la reciente votación la bancada UDI –en bloque- rechazó el proyecto.

Por su parte, la Presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynarz, dijo que “Chile necesita un gran consenso del Parlamento, que refleje el interés que hay por promocionar y defender los derechos de las personas que hoy viven situaciones que quedan en tierra de nadie y el Ejecutivo ha demostrado estar dispuesto a ello”.

DATOS:

La Reforma que crea el ombudsman en Chile está pendiente desde el año 1991, cuando su implementación surgió como recomendación de la comisión Rettig, sin embargo, después de varios intentos solo el año 2007 se logró que un mensaje del Ejecutivo tuviera tramitación en el Parlamento, siendo rechazado el pasado miércoles en la Sala de la Cámara de Diputados por no alcanzar el quórum necesario.

El texto que fue rechazado y que los parlamentarios han solicitado volver a analizar y someter a votación establecía la creación de la Defensoría de las Personas como un órgano autónomo que tendrá a su cargo la promoción y resguardo de los derechos y garantías asegurados en la Constitución, los Tratados Internacionales y en las leyes ante actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de personas que ejerzan actividades de servicio de utilidad pública, con lo que se incluye a las empresas que prestan servicios básicos (suministro de agua, electricidad, etc). Dicha institución recibirá y procesará quejas y reclamos, pudiendo igualmente actuar de oficio ante casos de conmoción pública e incluso interponer recursos legales.

Las Isapres, cuyas tablas de precios están por definirse estos días, y que constituyen un pilar fundamental en la vida de millones de personas que les confían su bienestar, se encuentran inmersas en un escenario marcado por el no cumplimiento de expectativas respecto de las utilidades alcanzadas por el sector. En ese contexto, coincido con la Superintendencia de Salud, en cuanto a que resulta imprudente que las Isapres anticipadamente anuncien un eventual alza en los planes de salud, por el simple hecho de no haber alcanzado las utilidades esperadas. Pues además resulta indignante que con dicho anuncio se deje de manifiesto que para las Isapres la salud pueda ser un negocio y con ello se produzca un fenómeno de enriquecimiento de dudosa moralidad, más allá de la prestación de un servicio que a lo más, debiera comportarse de acuerdo a los movimientos normales del mercado. Las reiteradas vulneraciones de derechos en que incurren las Isapres, debiera hacerlas reflexionar sobre la manera en que se plantean frente a la sociedad y sobre la escasa mirada ciudadana que circunda su accionar. Mientras por un lado abren las puertas para acoger al ciudadano que precisa de atención, a sus espaldas planifican nuevas formas de enriquecimiento que los perjudica. Antes de anunciar un alza en los planes de salud, las Isapres debieran asumir la tremenda responsabilidad social que tienen en sus manos.

Danae Mlynarz Puig

Presidenta Comisión Defensora Ciudadana