El diputado y vicepresidente del PS Marcelo Díaz, acompañado de representantes del Programa de Asesoría Ciudadana del Instituto Igualdad, Danae Mlynarz y Amaro Oróstica, ingresaron, hoy martes, a la Contraloría General de la República, un escrito que solicita que se declaren los eventuales conflictos de interés y la extensión de los deberes de abstención del nuevo ministro de Agricultura, Luís Mayol.

A juicio del diputado Díaz, “a nadie se le ocurriría contratar a un ministro de Minería, de las filas de Angloamérica”. Es por ello que estima que fue “un error”, que el Presidente Piñera reclutara al ministro de Agricultura de las filas de la Asociación Nacional de Agricultura, entidad de la cual fue presidente.

“Probablemente respecto de su situación personal, donde no pudo resolver los conflictos de interés, el Presidente de la República entiende que es normal y natural reclutar a los ministros de Estado del sector económico al que se va a regular”, sostuvo el legislador opositor, asegurando que por el contrario, “esto es una falta de respeto para los ciudadanos, porque se nombra un ministro que en la práctica no va a poder ejercer”. De paso, recordó el caso del Subsecretario, Gabriel Ruiz Tagle, que la Contraloría resolvió que no podía tomar decisiones relacionadas con el futbol, por ser empresario en esa área.

Desde esa perspectiva, Díaz afirmó que “en este caso, el ministro Luís Mayol debiera ser declarado inhábil para tomar decisiones como Ministro de Agricultura, por relacionarse con materias del rubro que dirige. Es decir, no va a poder ejercer en el cargo y eso significa un ministro que no va a cumplir la función para la cual los chilenos le están pagando el sueldo”.

Es por ello que insistió en que “tenemos un ministro decorativo, porque tiene tal nivel de intereses económicos vinculados a la cartera que encabeza, que no le queda posibilidad de intervenir en ninguna de las materias fundamentales del ministerio que dirige”.

Por su parte, Danae Mlynarz planteó que “el nombramiento del ministro Mayol no constituye una garantía para la defensa de los derechos de los pequeños y medianos agricultores”, advirtiendo que, por el contrario, estos se pueden ver perjudicados en su relación con el gobierno, a través del nuevo ministro.

A su vez, Amaro Oróstica sostuvo que “la designación de Mayol constituye un error no sólo político, sino también jurídico, dado que contraviene principios básicos del derecho público, como lo son el principio de probidad y el de abstención”.

Hoy y también en el último mes, hemos visto protestas en Santiago del movimiento de pobladores contra la “Ficha CAS” ha titulado la prensa, cuando dicha ficha de focalización ya no existe hace casi 7 años. Los pobladores reclaman que sus puntajes en la Ficha de Protección Social han variado sin saber por qué motivos y que se quieren ocultar las cifras de pobreza en Chile. Dentro de esa afirmación hay desinformación por un lado, y razones por otro.

La Ficha de Protección Social busca focalizar a las personas más vulnerables para priorizar ciertos derechos sociales. Por tanto, no es un instrumento que mida pobreza, para eso está la encuesta CASEN (Caracterización Socioeconómica Nacional) cuya manipulación se hizo vía entrega de bonos en época de trabajo de campo, pero ese es otro tema.

La Ficha de Protección Social no va desaparecer, como en algún momento se insinuó, sino que va ser modificada, para que permita focalizar aún mejor las políticas sociales han señalado los expertos de la Autoridad Social.

Se valoran los avances que busquen mejorar el instrumento, pero debemos poner una voz de alerta en el proceso de implementación de la nueva Ficha, ya que es un instrumento clave para la realización de las políticas sociales, como sabemos prácticamente todas focalizadas;  gracias a ella es posible identificar cuán vulnerables es una familia y si es o no sujeto de programas y políticas. En esta ocasión, este proceso, se dará en un contexto de elección municipal lo cual no resulta ser la mejor fecha.

Con la Ficha de Protección Social, en el año 2006 no sólo se introdujo un nuevo instrumento, sino que se cambió el enfoque, desde la carencia hacia la vulnerabilidad. Se afirma que la ciudadanía no ha entendido que la Ficha mide vulnerabilidad, cuestión que tampoco es comprendida por algunos funcionarios públicos municipales o sectoriales y otras instituciones que están haciendo uso de los puntajes de la ficha.

Lo que si tienen toda la razón los pobladores al protestar es que las instancias involucradas (pobladores, vecinos y vecinas, ciudadanos y ciudadanas, funcionarios públicos en general, municipales y encuestadores) no tienen claridad respecto de la fórmula de cálculo, de manera de entregar información y orientaciones claras a la población cuando no están de acuerdo con el puntaje obtenido.

Asimismo, desconocen a qué atribuir las variaciones de puntajes que se registran. Si bien, esto podría generar el reconocimiento de variables para “bajar” el puntaje, por otro lado, permitiría entregar información certera del puntaje obtenido, validando con ello un derecho que les asiste a las personas con respecto a esta encuesta de focalización.

De lo anterior, se desprende la necesidad de avanzar en una lógica de derechos, de esta puerta de entrada al Sistema de Protección Social.

El derecho que tienen las personas a conocer las razones del puntaje obtenido más allá del temor a develar el funcionamiento del instrumento. En ese sentido creemos que estos cambios deben permitir avanzar en transparencia, información y derechos de los ciudadanos que requieren de su aplicación cosa que hasta el día de hoy no sucede.

Creo que hemos tenido, al menos en los últimos  19 años, un problema como centro izquierda para introducirnos en el tema programático en las elecciones municipales. Justificó esos errores a una tendencia academicista por un lado y política por el otro.

Partimos señalando siempre que el municipio es la instancia más cercana a los ciudadanos y que es necesario realizar una Reforma y Modernización del Estado que debe considerar a los municipios. No será posible construir un Mejor Estado si no somos capaces de construir Mejores Municipios. Lo cuales carecen hoy de recursos necesarios, atribuciones y concejos municipales insuficientes en su contrapeso a los alcaldes. Hoy día no existen los gobiernos locales y para caminar a ellos hay que hacer modificaciones estructurales y legales.

Lo cual es cierto y necesario, pero con este reiterado discurso, por una parte idealizamos el actuar de los municipios o el rol que deberían jugar y no partimos de la base de cómo efectivamente funcionan, cuáles son sus capacidades, recursos y sus heterogeneidades. Y por otro, nos vamos a los cambios estructurales, sumamente necesarios, para modificar el funcionamiento de los municipios desde reformas legislativas, pero no urgentes para un programa de elección municipal. Es importante tener conciencia de estos cambios y avanzar en un consenso con respecto de ellos, pero el momento para hablar y presionar sobre estos aspectos será el año 2013 para la próxima elección Presidencial y Parlamentaria, materia donde generalmente el tema municipal queda en el olvido puesto que siempre es considerado el hermano pobre de la política pública.

Nosotros no vamos a ganar una elección municipal hablando de mejorar la descentralización, contar con mayor presupuesto y cambiar el funcionamiento del fondo común municipal, mejorar las plantas municipales y aumentar las competencias para los concejales. Entonces lo que suele suceder es que se reduce la campaña municipal a un atosigamiento de carteles con distintas caras, unas más bonitas que otras, otras más jóvenes, unas más repetidas, pero solo rostros vacíos que no dicen nada. Banalizando aquella elección que hemos dicho que es tan importante para la calidad de vida de los vecinos y vecinas porque es la cara más cercana a la gente.

Hoy el centro del debate municipal debe estar puesto por un lado, en los vecinos y vecinas y sus necesidades individuales y comunitarias para las cuales está el municipio como instancia ejecutiva y por otro, el proyecto de calidad de vida, justicia social y construcción democrática en los territorios que queremos desarrollar con lo que institucionalmente que hoy tenemos.

Debemos llegar a consenso sobre los temas estructurales pero hacer la diferenciación y procesos de educación y socialización de contenidos distintos de un cambio de modelo y un proyecto de país que requiere de estas modificaciones y un programa municipal realizable desde la instancia existente hoy.

Y en ese sentido soy una convencida que se pueden hacer cosas pero es harta pega, hay que creerse el cuento y estar dispuestos a trabajar con pocos recursos y sobretodo saber que hay que comenzar por cambiar la lógica. La cultura de subordinación, clientelismo, autoritarismo y asistencialismo que existe en la relación entre municipio – autoridad y vecino – ciudadano asistido.  

Quizás la oportunidad del cambio de padrón electoral que hoy vivimos nos permita comenzar en esta elección con este trabajo.

En ese sentido para ser coherente con la búsqueda de lo posible con la institucionalidad que tenemos debemos partir señalando y reiterando que los municipios tienen tres instrumentos de planificación y gestión:

-      El Plan de Desarrollo Comunal, que es un instrumento de planificación cuyo propósito es contribuir a una administración eficiente de la comuna, promover iniciativas y proyectos destinados a la integración social, económica y territorial de los habitantes.

-      El Plan Regulador Comunal, que es un instrumento de planificación y regulación que permite ordenar las distintas actividades que se desarrollan en una comuna, a través de un conjunto de reglas que indican: Cómo y qué se puede construir en los terrenos. Qué actividades se puede realizar en dichas construcciones. Dónde es peligroso vivir o construir casas. Indica las calles y las plazas necesarias para el desarrollo de la comuna y sus habitantes.  Indica en que parte de la comuna se podrían instalar, colegios, jardines infantiles, centros de salud, talleres artesanales, locales comerciales, restoranes, farmacias, bancos, bomberos, carabineros, supermercados, etc. Indica en que lugar se pueden construir casas y edificios y que características deben tener. En resumen, el Plan Regulador es un instrumento legal, que muestra a los vecinos y a los distintos agentes que actúan en la Comuna, que se puede hacer y que no en dicho territorio.

-      El Presupuesto Municipal, es un instrumento de gestión anual con que cuenta un municipio, el cual representa los probables ingresos y gastos municipales para un determinado año. Por tanto, es la forma, de hacer efectivo aquello que planificamos con los otros dos instrumentos.

Avanzando en el tema programático delimitaría tres líneas de acción:

-      Nuevo contrato social, Municipio democratizador y participativo, donde en los 3 instrumentos municipales antes señalados se explicita la participación vinculante de la ciudadanía en el diseño, ejecución, control y evaluación. Avanzar desde una participación aparente y sobre decisiones inocuas –ponemos un semáforo o un lomo de toro-  a decisiones sobre política pública y gestión local. Dónde no sólo se escuche lo que “piensa la ciudadanía” sino que se considera. Para ello deben existir reglamentaciones claras – ordenanzas de participación ciudadana- recursos económicos y humanos para ello y formas para darle seguimiento y control –que no “salga gratis” no cumplir con lo comprometido, que la ciudadanía pueda ejercer un control ciudadano fuerte.

-      Gestión eficiente, transparente y justa, los recursos de los municipios son escasos por tanto hay que cuidarlos y ello debe hacerse de cara a la ciudadanía, efectivamente el municipio es el espacio más cercano a las personas y está espera que sus problemas se solucionen en forma eficiente y para ello, hay que poner todo el rigor pero desde una perspectiva de justicia. Los vecinos y vecinas quieren desde que se les saque la basura a un día y a una hora determinada hasta tener insumos en las farmacias de los consultorios o atención digna en el área social. Aquí no hay ciudadanos más privilegiados que otros, porque son los “amigos” del alcalde. Terminar con la lógica del asistencialismo y clientelismo en la gestión.

-      Red de protección e intervención social: no basta con que los municipios sean la puerta de entrada para la red de protección social insipiente que presenta nuestro país, sino que avanzar en medidas que permitan la “desfamiliarización” de muchas necesidades sociales que hoy tienen colapsadas a las familias y especialmente, a las mujeres. Para ello no se puede seguir avanzando en una lógica del bono y el “sálvese quien pueda”. Desde el territorio, el espacio local hay que ir buscando redes institucionales que canalicen energías solidarias comunitarias para hacer de la vida de barrio en este mundo globalizado un espacio más llevadero y esa es la misión del municipio, un municipio abierto y acogedor. Para ello este espacio es privilegiado para nuevos proyectos sociales innovadores que avancen en el cuidado infantil, de las personas dependientes de la tercera edad o con capacidades distintas. Así como instancias de cuidado post jornada escolar que conjuguen deporte, recreación y vida sana. Enfrentar la temática de la seguridad ciudadana desde la convivencia barrial y la recuperación de los espacios públicos. Establecer la figura de las defensorías comunales para promover y garantizar los derechos de las personas. Trabajar la intermediación laboral más activamente desde la conexión con la oferta comunal, el fomento de redes con otros sectores y territorios y promover el desarrollo de las habilidades blandas de los jóvenes desempleados. Entre otras muchas iniciativas.

De esta forma, el municipio se debe hacer cargo de las necesidades ciudadanas con políticas eficientes, transparentes y vinculadas a los territorios y sus especificidades pero también debe cambiar la lógica desde la asistencia y el clientelismo hacia mayor democracia, ciudadanización, corresponsabilidad, promoción y autogestión. Siendo un espacio privilegiado para políticas sociales que busquen mayor justicia social, trabajando con las diferencias de género, étnicas, etarias y sociales desde una perspectiva de cohesión social y desarrollo sostenible. 

*Exposición Fiesta de los Abrazos, plataforma programática de la oposición. organizado por ICAL. 

Este año sin duda será recordado como el año en que la ciudadanía salió a la calle, se manifestó y movilizó por distintos motivos. El más relevante desde el punto de vista de la duración y cobertura fue el movimiento social por la educación que superó al segmento estudiantil y caló en toda la sociedad chilena, pero también hubo otras manifestaciones significativas como por ejemplo; por un desarrollo energético más sustentable contra Hidroaysen y por la igualdad entre las distintas opciones sexuales.

En lo personal, este despertar ciudadano trajo mucha esperanza y podría evaluarlo en el vaso medio lleno, acompañado por un malestar ciudadano contra los abusos del sistema neoliberal y un cuestionamiento a éste que no se había visualizado antes en nuestro país. Hoy a nadie le parece normal el alto costo de la educación superior, el endeudamiento que conlleva asumirla para una familia de clase media y para que decir a una del mundo popular. El funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Pensiones que tienen utilidades mientras nuestros fondos disminuyen al amparo de los vaivenes del mercado financiero y las desigualdades de los seguros de salud. Siempre parece que alguien se quiere pasar de listo con nosotros y ya no es sólo en la banca privada o en las casas comerciales, donde el caso La Polar fue emblemático, sino que también en los servicios públicos que deberían tener mayor regulación estatal y buscar una mayor igualdad entre los ciudadanos. Hoy vemos esas desigualdades, nos molestan y creemos que deben cambiarse y sin duda ese es un aspecto del todo valorable de lo avanzado en el plano social durante este año 2011.

Sin embargo, al observar aquellos aspectos negativos y preocupantes vemos un sistema político que no parece saber cómo enfrentar esta ciudadanía más activa y consciente. Una clase política desacreditada, farandulizada y alejada de la vida cotidiana de las personas. Acompañada de un sistema institucional estrecho y sin mayor salida nos entregan un oscuro panorama. Un gobierno que ya no puede tener menor aprobación ciudadana con un presidente que pocos quieren y que menos le creen. Para que decir de la oposición que lleva casi dos años en estado de shock sin hacer los mea culpas necesarios y entregar alternativas de futuro.

No solamente la clase política hoy presenta una baja aprobación y confianza ciudadana, sino que también el mundo privado, la iglesia debido a los casos de abuso a niños y niñas y las Fuerzas Armadas. Hoy los chilenos y chilenas no le creemos a nadie, tampoco confiamos en el vecino y no somos capaces de hacer comunidad y eso es preocupante. Tan preocupante es este escenario que podríamos pensar que se nos viene un proceso de frustración y desamparo ciudadano.

Sin embargo, estos aspectos delinean una gran incertidumbre sobre los causes para salir de la situación en la cual nos encontramos. Sin duda entramos en un proceso largo donde se irán estableciendo nuevos ordenamientos, liderazgos, alianzas y posiciones para construir un nuevo modelo de desarrollo. Será este el fin de un ciclo o el comienzo de algo nuevo como andan diciendo los y las brujas en este fin de año…

Esta semana es clave para lograr que el parlamento chileno apruebe la inscripción automática, lo que permitirá que alrededor de cuatro millones de nuevos electores participen en las próximas elecciones municipales, siempre y cuando sean seducidos por los candidatos y candidatas a alcaldes y concejales, puesto que el voto será voluntario.

Mucho se ha hablado en el último tiempo sobre las consecuencias de la voluntariedad del voto, teorías y posiciones hay para todos los gustos, yo tengo la mía pero hoy no hablare de ello.

Mi tema hoy es algo más básico, los parlamentarios ya aprobaron el voto voluntario y esta semana sacaran la ley orgánica que posibilita la inscripción automática pero dentro de éste proyecto ya votaron en contra de las clases de educación cívica.

No puedo entender, ¿por qué alguien puede estar en contra de las clases de educación cívica?

Hoy en día, en los establecimientos educacionales no existe una asignatura dedicada a inculcar en los jóvenes la responsabilidad que implica ser sujeto de derechos. Qué son los derechos humanos, cómo se es un ciudadano en una sociedad democrática. Profundizar sobre democracia, sexualidad, opinión, debate, discriminación etc, es una verdadera brújula para un adolescente que comienza el camino de la vida; sin esa brújula desde la etapa pre escolar el joven se desorienta y es entonces cuando las diferencias las solucionan a golpes o se burlan de un compañero cuyo color de piel es diferente a la suya. Nos quejamos del bullying pero estamos en contra de las clases de educación cívica. El maltrato escolar es un tema complejo y debe abordarse desde la diversidad de variables que influyen en él y no solamente desde una mirada punitiva y economicista en las sanciones.

Es necesario incluir la prevención de la violencia como un ramo o asignatura especial, además de ser un eje transversal en la formación intraescolar y con impacto familiar. Con ello, estaremos realmente haciéndonos cargo de la violencia escolar, que de no enfrentarla puede convertirse en un patrón que logra llegar a considerarse normal por parte de los niños y niñas y de los jóvenes, y solo como consecuencia de no tener la debida formación en cuanto a lo que implica tener derechos y respetar los derechos de los pares. Así como también tener claridad de sus deberes y responsabilidades como miembros de una comunidad.

Tenemos mucho que avanzar en educación para la democracia de nuestros jóvenes y en ese sentido una asignatura en derechos humanos desde una concepción amplia sería un tremendo aporte.

La sociedad no puede dejar que tener ese espacio desde la educación formal donde se enseñe qué es vivir en comunidad, por qué es necesaria la democracia y lo que ello debe significar para cada uno de nosotros, cómo debemos convivir cuando lo hacemos en comunidad y cuáles son los derechos humanos que debemos respetar, promover y garantizar de todos los seres humanos. Sin embargo, los parlamentarios votaron en contra de esta medida. Por favor que alguien me de alguna buena razón para ello.

*Publicado en momwo.com

Los resultados de la Federacion de Estudiantes de la Universidad de Chile durante esta semana han generado múltiples opiniones y teorías. A mi juicio dejan en evidencia, una vez más, la urgencia de modificar nuestro sistema político, que en buen chileno está haciendo agua hace rato.

La FECH luego de su refundación en el año 1995 ha estado encabezada consecutivamente por dirigente provenientes de las Juventudes Comunistas o de los “Estudiantes de Izquierda” denominación más amplia que incluía muchas veces a los primeros. Un elemento aglutinador de aquellos grupos desde siempre ha sido la defensa de la educación pública, la crítica al modelo económico y social y el funcionamiento del sistema político.

El Partido Comunista durante 20 años de gobiernos de la Concertación estuvo fuera del sistema de representación parlamentario, máxima expresión, de nuestra democracia “representativa”. Por lo tanto, sustentó su existencia como partido en su capacidad de coerción o coacción al sistema político, presionando con la movilización –de acuerdo los conceptos del politólogo Giovanni Sartori- principalmente en el mundo social desde la dirigencia universitaria y el movimiento de derechos humanos.

En las elecciones parlamentarias del año 2009 el Partido Comunista por primera vez cambió de estrategia y logró un pacto electoral con la Concertación que permitió su ingreso al Parlamento con tres representantes. Fue sin que se hubiese producido ningún cambio en el sistema político e institucional que tanto criticaron, solo se cambió la estrategia electoral y de alianzas.

Ese triunfo desde el punto de vista de representación en el sistema político es lo que hoy le está trayendo costos al PC, costos que la Concertación lleva pagando desde el año 1997 cuando  comenzó su baja electoral y decayó su capacidad de mostrar representantes, voceros o figuras el mundo juvenil.

Pero el tema aquí no es la estrategia electoral o de alianza que haya tenido el PC. Lo fundamental es la crítica evidente al sistema político y a todos los que forman parte de él que implican los resultados de la FECH. Hoy el grupo que con su triunfo canaliza el descontento es el que habla desde la crítica al sistema de partidos, al sistema político, a la institucionalidad que tiene nuestro país.

Una institucionalidad que no fue capaz de escuchar el clamor del movimiento social por la educación que vivimos este año 2011 y frente a esta situación mis pronósticos no son favorables. Si no somos capaces como país de hacer los cambios al sistema político que Chile requiere, la legitimidad de “patear el tablero” y correr las reglas del juego con estrategias fuera de él aumentará con las nefastas consecuencias que nuestra historia nos ha mostrado. En tal escenario quienes triunfan son los poderosos, conservadores y autoritarios.

Por ello es que resulta urgente avanzar en los cambios que nuestra democracia requiere: Contar con una carta magna legítima en su origen, democrática en su formulación y participativa en su constitución. 

Es momento de propiciar una asamblea constituyente que generé una nueva Constitución para Chile, que incluya la iniciativa popular de ley; la posibilidad de convocatoria ciudadana a plebiscitos nacionales; la creación del Defensor del Pueblo u Ombudsman; un sistema electoral proporcional; la inclusión de cuotas de género o de una democracia paritaria.

Además del desarrollo de primarias públicas, abiertas y vinculantes financiadas por el Estado; el límite en la reelección de representantes; la postergada inscripción automática en los registros electorales; el voto de chilenos en el extranjero; la elección directa de consejeros regionales e intendentes.

Es también menester modificar los elevados quórum constitucionales en el proceso legislativo; mejorar y transparentar el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, y cambiar el sistema de reemplazo de nuestros parlamentarios.

Otro Chile es posible con una nueva institucionalidad para modificar el actual modelo de desarrollo que resulta tan injusto y desigual para tantos.

* Publicado en Cooperativa 

Las mujeres en Chile somos más de la mitad de la población, más de la mitad de las electoras y casi la mitad de las militantes de los partidos.

Sin embargo, esa representación no se observa en la esfera política.

La presencia de la mujer en la política es un problema ético: en el ámbito político se decide sobre el bien común; es ahí donde se dictan las normas y las leyes. Si no hay mujeres este bien común se hace desde una sola mirada, trunca o tuerta, porque no contemplan la vida femenina.

Las razones para esta baja participación son variadas y dentro de ellas se encuentran:

La triple jornada y el ciclo de vida: La menor participación de las mujeres en política tiene que ver con la reproducción. Es muy difícil estar en la etapa de crianza de los hijos e hijas y ser activa en política. Es imprescindible luchar hasta el cansancio por un cambio cultural que permita compartir las tareas domésticas y de la reproducción entre hombres y mujeres.

El Sistema binominal: “No importa si pierden, total, son mujeres” es una frase que se escucha dentro de los partidos al seleccionar candidatas de compañía. Te dejan competir en distritos o comunas que están perdidas.

Dificultad para conseguir recursos económicos. Para nosotras es más difícil conseguir recursos para campañas, tenemos menos redes y nos tienen menos fe.

Si quieres existir debes contar con Padrinos, padres y/o maridos. Es lo que se usa en política y para promover mujeres también. ¿Alguien conoce a alguna madrina?

Eso nos lleva a otro punto, la poca solidaridad de género.

Las Malas prácticas y formas tradicionales de hacer política. El ninguneo a lo cual uno dice “mejor me voy para mi casa” para vivir más tranquila. Y si te dicen “esto es sin llorar” es sólo para seguir reproduciendo sus malas prácticas.

Durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, lamentablemente, la mayor presencia de mujeres en el poder ejecutivo no estuvo acompañada de una reforma administrativa y/o legal que asegurara su mantención y tampoco se avanzó en una ley de cuotas.

En América Latina 11 de 19 países cuentan con leyes de este tipo. El primero que las instauró fue Argentina en el año 1994. Hoy tienen un 40% de mujeres en el parlamento. En Chile existe una resistencia del poder legislativo ante los mecanismos de acción positiva en materia de participación política. Porque la ecuación, es muy simple, no les gusta: “para que entren mujeres, algunos hombres deberán salir”

Mis hijas nacieron con una mujer Presidenta de Chile. Ese es un cambio cultural muy grande. Creo que aún es temprano para sopesarlo, aunque a veces nos da rabia no haber avanzado más rápido y en más necesarias reformas. Sobre todo cuando evaluamos cómo con el actual gobierno muchas cosas avanzadas han retrocedido. Como la lucha por los derechos es continua y a medida que se van alcanzando logros, hay que ir avanzando por más y nunca, nunca debemos permitirnos retroceder.

Nos queda mucho que avanzar en el tema cultural, en cómo compartimos el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos. Porque para que las mujeres estemos más integradas en el mundo público tenemos que compartir las tareas en el mundo privado y eso sólo lo podemos lograr con un cambio cultural que involucre a hombres y mujeres. 

En términos personales soy una convencida que en Chile debemos establecer la inscripción automática y el voto obligatorio. Sé que esta segunda opción es del todo impopular. Pero tengo la idea que la democracia la construimos entre todos, que la vida en comunidad supone derechos y responsabilidades, y que, tal como pagamos impuestos, también debemos decidir quién y cómo hacer las cosas en nuestro país.

Sin embargo, la situación actual es la peor de todas.

Un sistema político completamente cerrado, donde van disminuyendo electores en vez de aumentar, donde existe re-elección indefinida de alcaldes, concejales, senadores y diputados. Donde el electorado es completamente adulto mayor y la clase política deja fuera de sus intereses y propuestas a todos aquellos que no votan, es decir, a casi todas las personas de 30 años y menos.  Donde el voto blanco, nulo y la abstención también han aumentado. Donde en definitiva tienes a más de 3 millones 800 personas fuera del sistema y sin interés en ingresar a él.

Por tanto, se va produciendo una brecha casi incalculable entre la clase política y la ciudadanía y sus demandas. Ello genera una crisis mayor en nuestra democracia representativa, que solo hace aumentar el descontento y que impide que nuestra democracia se fortalezca. No puede ser que la clase política le tema a la incertidumbre y quiera reproducir un sistema porque de él se nutre para ser electa y existir. Sin mencionar, por cierto, que el sistema binominal genera otra cuota de exclusión y de certidumbre sobre quienes saldrán electos dejando a fuera de la toma de decisiones a la ciudadanía en su conjunto.

Por todo lo anterior, es necesario hacer un cambio y si ese cambio significa inscripción automática y voto voluntario, pues démosle con ello. Al menos de esa forma, la clase política tendrá que hacer un doble esfuerzo para entusiasmar a los electores a votar y para que además lo hagan por ellos. A mi juicio, eso significará innovar en candidatos, en temas y en formas de hacer política que en base al diagnóstico actual no puede más que ayudar a salvar nuestra democracia un tanto anoréxica.

Es un grito desesperado, considerando que ya se aprobó la reforma constitucional hace tiempo, que es necesario avanzar en la ley orgánica, que no alcanza el tiempo para tener el padrón antes de las elecciones municipales, que si no se prueba antes de esa elección nadie lo hará para las presidenciales. Puras excusas, puras demoras injustificadas, y nuestra democracia se sigue debilitando y la ciudadanía desafectando de su sistema político.

 * Publicado en El Quinto Poder 15.11.2011

Los nuevos Pendientes de las Garantías Explícitas de Salud (GES)

A partir de la reforma a la salud del año 2004, la más importante que ha experimentado el área en Chile desde la década de los 80, cuando se estableció un seguro público (FONASA) y uno privado (ISAPRES). Fue el establecimiento de las Garantías Explícitas de Salud, más conocidas como Plan AUGE.

Que intentaba garantizar aquel artículo 19 número 9 de la Constitución, que señala 9°. El derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias.

La creación del régimen de prestaciones garantizadas a través de la ley 19.966 permite dotar de cierta certeza a este derecho Constitucional siendo fundamental dentro de la lógica de un Estado de Protección Social con derechos garantizados para sus ciudadanos. De esta forma, un conjunto de prestaciones, que podrá ir creciendo y de hecho así ha sido, de 17 patologías a 69 el día de hoy y posiblemente 80 el día de mañana, son garantizadas en cuanto a acceso, calidad, protección financiera y oportunidad.

Estas garantías son obligatorias tanto para el seguro público FONASA como para el privado ISAPRES. Son constitutivas de derechos para los ciudadanos y ciudadanas, y su cumplimiento podrá ser exigido por los beneficiarios.

 ¿Cuáles son los desafíos que se observan entonces en este sistema?

Primero, que efectivamente las garantías explícitas sean garantizadas. Situación que no queda del todo claro que se esté cumpliendo en este momento. Donde buscando cumplir con una promesa presidencial de “terminar con las listas de espera del AUGE” no se está inscribiendo a las personas en ellas cuando son diagnosticadas, de modo de retrasar los tiempos para que los ciudadanos puedan exigir sus garantías. Se estaría intentado maquillar de mejoramiento a la gestión el no cumplimiento de, un punto básico de las garantías, que es su oportunidad y ésta solo es efectiva y real cuando a las personas se les diagnostica la enfermedad y deberían ingresar inmediatamente en el sistema, no postergando su situación en virtud del “atochamiento” existente en ciertas patologías debido  al déficit de personal médico especializado.

Segundo, que el sistema privado de salud cumpla en  el diagnostico con la información a sus pacientes de que las patologías encontradas son cubiertas por estas garantías en virtud de tales tratamientos y protocolos. Situación que, al parecer, hoy en día no sucede con la agilidad requerida para todos los pacientes. Sólo de esta forma, el sistema será igualitario para ambos sistemas de seguros de salud.

Tercero, sólo si se cumplen los procesos anteriormente mencionados tendrá sentido incluir nuevas patologías en el sistema incluyendo más ciudadanos y ciudadanas beneficiadas de estos derechos garantizados en salud. Sino el sistema se volverá letra muerta y nuestros derechos no tendrán garantía alguna. La ley se verá superada por procedimientos administrativos que buscan establecer la “pillería” al sistema. Generando desconsuelo y resignación de los ciudadanos y aumentando el sentimiento de malestar existente. Sin duda un rol clave en todo esto lo tiene la Superintendencia de Salud.

* Publicada en Diario 30