Desde la teoría democrática sabemos que el rol de los partidos políticos que constituyen la oposición, no es el de oponerse a todo lo que hace el gobierno con una crítica constantes y descarnada, celebrando cada caída que tenga éste. Sino más bien, el de constituirse en una nueva mayoría para poder volver al gobierno y desarrollar los cambios que sueña para su país a través de la concreción de su programa de gobierno que establece una serie de políticas públicas.

Las cifras de la última encuesta CEP además de la guerra de declaraciones que se ha observado en los últimos días en el bloque opositor parece que no está cumpliendo con este rol y por tanto, por más buena candidata que se pueda llegar a tener, se pone en duda sus posibilidades de elección.  

Si bien, el Presidente Piñera presenta en la CEP un porcentaje de aprobación a su gestión de un 24%, es decir, solo 1 de 4 chilenos y chilenas la aprueban. Obteniendo la aprobación más baja que haya tenido un Presidente de la República tras el retorno de la democracia en Chile (1990) los resultados no son mejores para los opositores. Frente a la consulta: independiente de su posición política ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como la oposición está desarrollando su labor? Sólo un 13% señala que la aprueba. Valor bastante por debajo de satisfacer a una nueva mayoría. Quienes menos aprueban esta labor son los ciudadanos y ciudadanas que afirman no pertenecer a ningún partido político, es decir, la mayoría de los chilenos. Esta evaluación también corresponde a la más baja aprobación haya tenido la oposición tras el retorno de la democracia.

A juzgar por las cifras tenemos un problema de representación en nuestra democracia la cual afecta a todos los sectores y debería remecer a la clase política para desarrollar los cambios institucionales políticos que Chile requiere. Pero volviendo a la oposición, de la cual por cierto formo parte y por tanto, su problema no solo lo analizo sino que me preocupa de forma significativa.

Se puede afirmar que la nueva configuración de la ya desmembrada Concertación en dos bloques electorales definidos para las próximas elecciones: el autodenominado “bloque histórico” de la DC y el PS y el nuevo bloque también autodenominado de las “fuerzas de izquierda” PPD, PRSD y el PC (que si bien nunca formó la concertación alcanza sus 3 diputados gracias a un pacto instrumental con ella y siempre ha entregado sus votos en las segundas vueltas para derrotar a la derecha). No permiten canalizar el descontento social, ciudadano a la gestión del Presidente Piñera y tampoco hacen mucho por lograrlo a través de sus múltiples declaraciones mucho más preocupados de la ingeniería electoral y la repartija de cupos en un futuro posible gobierno que en establecer un proyecto alternativo de gobierno.

A mi juicio, esa es la tarea inconclusa, que lleva a observar con dificultad la posibilidad de avanzar a una democracia social de oposición al Gobierno del Presidente Piñera a una oposición política con un proyecto claro, convocante, aglutinador y que introduzca los cambios que Chile requiere. Que por cierto incluya al centro y a la izquierda, sino es imposible ser mayoría pero que con mayor claridad incluya la diversidad social que hoy se manifiesta en Chile en los territorios, desde Magallanes, Aysén, Calama hasta los estudiantes, las familias agobiadas por el endeudamiento y el alza de los precios de los alimentos, desde aquellos que sufren los deficiencias en los servicios de salud pública y las pensiones previsionales miserables. Necesitamos un proyecto de país que dé un giro en el modelo de desarrollo, que abra espacios de participación real a los ciudadanos y que entregue credibilidad a la clase política que hoy día carece. 

La semana pasada se realizó en Chile el lanzamiento del informe Latinoamericano 2011 “Pobreza y Desigualdad” de Rimisp –Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural- como un aporte a la discusión desde la perspectiva de la desigualdad territorial.

El informe muestra la existencia de significativas brechas territoriales y su impacto sobre las desiguales posibilidades de desarrollo de los territorios. 

A través de un análisis en cifras que supera la tradicional mirada desde los promedios de indicadores socioeconómicos de cada país, para avanzar en una mirada que considere las varianzas. Es decir, las desigualdades a través de las brechas que se aprecian desde el promedio nacional a sus diferencias territoriales comunales y/o provinciales. De esta forma, se trata de avanzar sobre la denominada “tiranía de los promedios” que tanto hemos escuchado y observar desde una perspectiva más realista lo que sucede en cada territorio subnacional. Posteriormente, analiza las implicancias de estas desigualdades en las políticas públicas y su relación con las capacidades institucionales, postulándose que las políticas sectoriales –mediante las cuales se establecen casi todas las políticas sociales en nuestro país- no son neutras ante la desigualdad territorial, pues una misma política puede contribuir al desarrollo de un territorio, no tener mucho impacto en otros y afectar negativamente a un tercero.

Estos datos son analizados en 10 países latinoamericanos dentro de los cuales se encuentra Chile y dónde se aborda como política sectorial ha evaluar su impacto territorial en la política de educación básica y media –tan cuestionada durante el año 2011- quedando claramente demostrada la no neutralidad de las políticas sectoriales y su relación con el territorio.

Si bien, el informe presenta una gran riqueza para el mundo académico y entrega importantes preguntas de investigación social. Creo que es significativo de considerar su valor para los tomadores de decisiones. Al analizar sus ejemplos y entrar al detalle de sus cifras en los niveles subnacionales se puede comprender con mayor claridad que es lo que está pasando en Chile en temáticas tales como: el denominado “conflicto mapuche” en la zona de la Araucanía donde la mayoría de sus comunas presentan los niveles más bajos de desarrollo social, en regiones como Magallanes y Aysén que tanto sorprendieron con sus reivindicaciones locales en los meses recientes o en Calama donde la comunidad está exigiendo un proyecto de ley que considere que parte de los recursos mineros se queden en los territorios que los producen más allá del escuálido proyecto presentado por el ejecutivo.

Son los territorios con sus diferencias, brechas y desigualdades que nos están hablando y que hoy con una ciudadanía más empoderada está exigiendo sus derechos a un país tremendamente centralista donde su institucionalidad no da cuenta de su complejidad. Es una deuda en los cambios políticos que Chile necesita el también avanzar en mayor descentralización con lo que esta palabra contempla en todas sus letras de recursos económicos y de toma de decisiones, es decir entregar poder a los territorios. 

En los últimos 10 años nuestro país ha avanzado en tres importantes legislaciones: la ley de procedimiento administrativo 19.880, la de acceso a la información pública 20.285 y la ley de asociación y participación ciudadana 20.500. Estos cuerpos legales facilitan el desarrollo de una ciudadanía activa, que requiere la existencia de sujetos políticos capaces de hacer exigibles sus derechos, de realizar prácticas autónomas, deliberantes y participativas.

La ciudadanía activa pone junto a los derechos, la noción de responsabilidad que los ciudadanos tienen con la comunidad política a que pertenecen. La ciudadanía activa dice relación con el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para actuar en el debate, gestión y fiscalización de la acción pública, con autonomía y poder.

Hoy nos encontramos a la espera de conocer la redacción de un análisis del Tribunal Constitucional de un requerimiento de inaplicabilidad presentado por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en la disputa judicial por refutar un dictamen del Consejo para la Transparencia que lo obliga a revelar el contenido de una serie de correos intercambiados con la gobernadora de Melipilla, Paula Gárate.

En 2011, el alcalde de esa comuna, Mario Gebauer, solicitó a través de la Ley de Transparencia acceder a la información referida a la devolución de dineros de la reconstrucción de la ciudad, luego del terremoto del 27 de febrero de 2010, contenida en los correos electrónicos enviados por Ubilla. Basado en la consulta que había recibido de muchos vecinos y vecinas que estaban cumpliendo con una ciudadanía activa.

Luego de un dictamen favorable del Consejo para la Transparencia respecto de ese requerimiento, y de que la Corte de Apelaciones rechazara el reclamo de ilegalidad deducido por el subsecretario, éste recurrió al Tribunal Constitucional para impugnar por inconstitucionalidad el inciso 2° del artículo 5° de la Ley de Transparencia. Éste norma el acceso a la información pública, en específico "toda otra información que obre en poder de los Órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento".

El Tribunal Constitucional marcará un precedente significativo sobre los alcances de la ley de acceso a la información pública y la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país puedan ejercer una ciudadanía activa. Puesto que los mails en cuestión no hacen referencia a una relación privada y particular entre el Subsecretario y la Gobernadora –no se estaban poniendo de acuerdo para ir a una fiesta- sino que tiene relación al uso o no de recursos públicos –en este caso recursos para solucionar situaciones graves que pueden haber vivido los vecinos de Melipilla tras el terremoto del año 2010.  Y por último, el medio que usaron para comunicarse esta financiado con recursos fiscales para fines laborales y cada vez el mail es usado para generar actos administrativos y toma de decisiones en la administración pública, situación que en décadas pasadas se hacía vía oficios o memorándum. 

René Jofré

Danae Mlynarz

El domingo 1 de abril se celebraron las primarias municipales de la Concertación de Partidos por la Democracia para elegir a sus candidatos a alcaldes y alcaldesas en todas aquellas comunas donde había más de un candidato que hubiese cumplido con los requisitos previos (número de firmas que avalaran su candidatura principalmente). El proceso fue una experiencia única en su tipo en Chile que terminó por cumplir un acuerdo firmado hace dos años por los partidos de la Concertación. Al principio, en los partidos, se escucharon muchas voces en contra sobre este mecanismo y no pocos jamás pensaron que el proceso se realizaría.

Hoy, una vez concluido el proceso es necesario no solo felicitar a los partidos de la coalición, sus líderes y los equipos que trabajaron para que esto se lograra, si no que analizar críticamente los déficit del proceso para mejorar este mecanismo, que a nuestro juicio, llegó para quedarse.

Uno de los aspectos que ha sorprendido es la baja participación femenina en el proceso, así como también, la baja cantidad de mujeres que serán nuevas candidatas en las alcaldías en Chile por parte de los diversos partidos de la Concertación. Al respecto se ha escuchado “primarias e igualdad de género no van de la mano” pero, más allá de constatar el hecho, intentaremos analizar esta situación.

Creemos necesario establecer mecanismos ex ante para superar una situación de desventaja de la elección de candidatas mujeres en los partidos o, en subsidio avanzar para que las elecciones primarias establezcan formulas concretas de discriminación positiva que permitan y fomenten una mayor participación de mujeres, de modo, que para la próxima elección primaria que se desarrolle no sea esta la excusa para no avanzar en representación de la mujer en puestos de poder.

Se realizaron primarias en 141 comunas del país de un total de 345 municipios. Lo que equivale al 40,86% del total (excluida la comuna Antártica). Hubo 336 candidatos/as, de ellos 282 fueron hombres (83,9%) y 54 mujeres (16,07%). Las 54 candidatas mujeres se presentaron en 49 comunas. De ellas, 22 ganaron sus primarias.

Las 22 candidatas que ganaron sus primarias corresponden al 44,89% de los ganadores en los 49 municipios en que se presentaron. Este es un dato contundente para mostrar que la elegibilidad no es el problema. Sin embargo, esas mujeres que ganaron solo representan el 15,06% respecto del total de comunas donde se realizaron primarias.

Es decir, el problema es respecto al número de mujeres que “decide” o que llega a participar de este proceso. Asumimos, a partir de estos datos, que el problema se produce en las “barreras de entrada” que tienen las mujeres para participar de la primaria. Estas barreras tienen relación con competir por un espacio que es de “otro” y que generalmente, es masculino, copado por hombres y, por la falta de mecanismos de discriminación positiva en los partidos respecto a la selección de candidatos para los cargos de elección popular, esto “explica” que sólo el 12,5% de las alcaldías hoy en Chile están en manos de una mujer. Otros factores están referidos a los costos en tiempo, recursos físicos, humanos y económicos que implica el proceso de primarias.  Esto que es un desgaste por ser un proceso nuevo, para una mujer implica aun mayores dificultades.

Prueba de lo anterior, es que los distintos partidos de la Concertación llevaron un desigual número de candidatas, pero fueron coincidentes en su baja proporción.

Las 54 candidatas se distribuyeron de la siguiente forma: Independientes 10 (18,5%), PDC 10 (18,5%), PPD 16 (29,6%), PRSD 7 (13%) y PS 11 (20,4%). La proporción de candidatas mujeres por partido fue la siguiente: PDC (10,6%), PPD (22,8%), PRSD (17,07%), PS (13,41%). La proporción de candidatas independientes respecto al total de independientes fue de 20,4%.

Parece coincidencia, pero es más parecido a una colusión.

Las barreras de entrada en los partidos son las primeras que deben modificarse para que las mujeres participen del proceso de primarias y así se logre una más paritaria representación en los puestos de poder político. Para ello, los partidos políticos, deben tener un rol más activo en la selección de los y las candidatas que llevan a primarias proponiendo medidas innovadoras y efectivas. Para ello creemos que se debería establecer una cuota mínima de candidatas mujeres por partido para empezar. Esta cuota debería ir entre el 30% y el 40% que ya tienen algunos partidos en sus estatutos y el 50%. Es decir, ningún partido debería llevar un porcentaje inferior de al menos el 30% de candidatas mujeres a primarias. Situación que hoy ningún partido cumplió.

La dualidad del género humano cuestiona la neutralidad del poder político. Ya que es una neutralidad falsa, porque está garantizada por el monopolio masculino. La paridad no es un tema que debería interesarle solo a las mujeres, sino que a la sociedad toda para estar justamente representada y avanzar en democracia.

La paridad no forma parte de una política populista o de gancho electoral. La paridad representa un avance civilizatorio, por ello no puede salir de nuestra agenda pública. La paridad es parte de una lucha por más y mejor democracia. Hoy, cuando la ciudadanía cuestiona con fuerza nuestra institucionalidad política y sus niveles de representación es el momento de volver a instalar, junto con otros temas ciudadanos, el tema de la democracia paritaria. Para pasar de constatar un hecho a transformarlo. Que mejor que ello que avanzar en mejorar en este sentido los mecanismos de selección democrática de candidaturas que, desde el domingo 1° de abril, se han instalado, para quedarse.

“¿Por qué estuvieron de acuerdo con limitar la convocatoria ciudadana en los plebiscitos  comunales?”

1.     Los partidos políticos si son instituciones democráticas, deben responder a la ciudadanía de sus acciones públicas.

Un grave problema de los partidos –y esta es una carencia transversal- es que han renunciado a dar una cuenta pública de las actividades que cumplen en el sistema político democrático. De este modo, poco y nada se sabe de cuáles son las razones que explican las conductas de sus dirigentes y sus acciones colectivas. En enero del 2012, inadvertidamente para la opinión pública, y de manera insólita, los partidos políticos con representación parlamentaria, resolvieron subir el porcentaje de firmas requerido para que la ciudadanía pueda en las comunas, resolver la realización de plebiscitos.

2. Los partidos le deben una explicación a la sociedad civil

Las organizaciones y personas abajo firmantes solicitamos explicaciones a la clase política en general, y específicamente a los miembros del Senado y la Cámara de Diputados que aprobaron a través de la ley 20.568 promulgada el 31 de enero de 2012, aumentar del 5 al 10 el porcentaje de firmas mínimo para que la ciudadaní­a de cada comuna pueda convocar a un plebiscito comunal.  La ley 20.500 de participación ciudadana promulgada el 16 de febrero de 2011, había logrado disminuir este porcentaje del 10 al 5%.

Nos parece inconcebible que se legisle sin coherencia, cambiando las normas a menos de un año, sin la información a la ciudadanía sobre el tema y más aún sobre materias tan significativas para la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre aspectos que afectan su propia vida.

Hoy nuestro país vive una crisis de representación que se ve fuertemente agudizada con este tipo de medidas. Se habla que se quiere avanzar en participación y sin embargo se actúa en forma incoherente. Nuestro país requiere importantes reformas institucionales que van desde propiciar una asamblea constituyente que genere una nueva Constitución para Chile, que incluya la iniciativa popular de ley; la posibilidad de convocatoria ciudadana a plebiscitos nacionales; la creación del Defensor del Pueblo u Ombudsman; un sistema electoral proporcional; la inclusión de cuotas de género o de una democracia paritaria. Además del desarrollo de primarias públicas, abiertas y vinculantes financiadas por el Estado; el límite en la relección de representantes; el voto de chilenos en el extranjero; la elección directa de consejeros regionales e intendentes, voto programático y revocatorio. Se deben modificar los elevados quórum constitucionales en el proceso legislativo; mejorar y transparentar el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, y cambiar el sistema de remplazo de nuestros parlamentarios.

Llevamos 22 años esperando estos cambios institucionales para afianzar la democracia y permitir mayor participación. Hoy solo pedimos coherencia y voluntad política, la cual se puede lograr en una pequeña medida, a través de la restitución del porcentaje del 5% en la solicitud de plebiscitos comunales en la ley que hoy se tramita en la Cámara de Diputados que modifica los plebiscitos y consultas comunales a través del boletín 7308.

3. Expresamos nuestra voluntad de defender la participación democrática y efectuar un control ciudadano del accionar de los partidos.

Porque creemos en la soberanía popular y nuestros representantes deben responder a la voluntad del pueblo seguiremos fiscalizando vuestro actuar. Los partidos quedan informados que frente a las decisiones que adopten contra los derechos de la ciudadanía encontrarán una sociedad civil vigilante, que sabrá dejar en evidencia como su práctica contradice sus discursos.

1. Danae Mlynarz Puig, Presidenta Grupo Mujeres Plaza Ñuñoa
2. Francisco Javier Estévez, Círculo de Políticas Participativas
3. Martín Pascual, Presidente de ACCION
4. Patricio Herman, Presidente Defendamos la Ciudad
5. Francisco Javier Díaz, Investigador CIEPLAN
6. Gonzalo Delamaza, Director Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas, Universidad de Los Lagos, sede Santiago
7. Maya Fernández Allende, Concejala de Ñuñoa
8. Manuel Guerrero, Concejal de Ñuñoa
9. Claudia Pizarro, Concejala de La Pintana
10. Ismael Calderón, Concejal de Santiago
11. Maruja Gajardo, Concejala de Conchalí
12. Marisol Bravo, Presidenta Junta de Vecinos Universidad Ñuñoa, Consejera Consejo de la sociedad civil de Ñuñoa
13. Alejandro Jiménez Michelis,  Presidente Junta de Vecinos Arturo Prat, Consejero Consejo de la Sociedad Civil de Ñuñoa
14. Eugenio Labarca, Presidente Asociación Microempresarios de Ñuñoa A.G., Consejero Consejo de la Sociedad Civil de Ñuñoa
15. Mauricio Riveros, Consejero Consejo de la Sociedad Civil de Ñuñoa
16. Josefa Errázuriz, Presidenta Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Providencia
17. Paula Mendoza, Presidenta Junta de Vecinos Consistorial Ñuñoa
18. Víctor Zúñiga, Presidente Junta de Vecinos Eusebio Lillo Ñuñoa
19. Aída Martínez Molina, Presidente Junta de Vecinos Frei de Ñuñoa
20. Patricio Talavera Mauguett, Presidente Junta de Vecinos Contramaestre Micalvi, Ñuñoa
21. Jossie Escarate, Presidenta Junta de Vecinos Comunidad Ecológica de Peñalolén.
22. Gloria de la Fuente,  Directora Área Política Fundación Chile 21.
23. Claudio Rodríguez Díaz, Trabajador Social, Instituto Alejandro Lipschutz
24. Hugo Espinoza, Sociólogo Instituto Igualdad
25. Cecilia Leblanc, Directora Escuela de Trabajo Social, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
26. Gaby Mlynarz, Coordinadora Vecinal de la Reina
27. Pedro Davis, Coordinadora Vecinal de la Reina
28. Patricio González, Presidente Centro Cultural Cordillera
29. Omar Ruz, Presidente del Colegio de Asistentes Sociales de Chile
30. Enzo Abbagliati, Director elquintopoder.cl, Fundación Democracia y Desarrollo
31. Alicia Sánchez, Secretaria Ejecutiva ACCION
32. Luis Marín, Sociólogo, CIPDEL
33. Gina Cristi, Grupo Mujeres Plaza Ñuñoa
34. Susana Norambuena, Psicóloga, Secretaria Grupo Mujeres Plaza Ñuñoa
35. María Raquel Díaz, Abogada, Grupo Mujeres Plaza Ñuñoa
36. Tatiana Hernández Comandini, Socióloga
37. Raquel Neira Oviedo, Socióloga
38. Guillermo Crovari Belmar, Trabajador Social
39. Gloria Muñoz, Grupo PSiÑuñoa
40. Rodrigo Ahumada, Trabajador Social, Docente Universidad Academia de Humanismo Cristiano
41. María Isabel Arthur, Grupo Mujeres Plaza Ñuñoa
42. Mónica Rodríguez, Grupo Mujeres Plaza Ñuñoa
43. Victoria Romeo, Secretaria Junta de Vecinos Javiera Carrera, Ñuñoa
44. Alexis Valenzuela, Trabajador Social
45. Edmundo Mercado, Trabajador Social
46. Pablo Morris, Sociólogo
47. Osvaldo Torres, Antropólogo, Director Ejecutivo ACHNU
48. Lake Sagaris, escritora y urbanista, fundadora de Ciudad Viva
49. Enrique Norambuena Aguilar, Defensor de DDHH en Discapacidad 2010, OACNUDH
50. Fernando Eugenio Barraza Barraza, Consejo Defensa del Medio Ambiente de Maipú
51. Ricardo Barton Boza, Presidente Junta de Vecinos Suárez Mujica de Ñuñoa
52. Eugenio Olivares Villa, Presidente Junta de Vecinos Villa Lo Plaza de Ñuñoa
53. Luis Arenas Godoy,  Presidente Centro Cultural Ciudadanos de Ñuñoa
54. Salvador Troncoso,  Secretario Centro Cultural Ciudadanos de Ñuñoa
55. Adolfo Castillo,  Director  Ejecutivo Corporación Libertades  Ciudadanas
56. Ulises Pastén Venegas, Presidente Agrupación de DDHH Sueño Angelino
57. Margarita Fernández, Presidenta Corporación para la Innovación en Ciudadanía. Investigadora del Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas. Universidad de Los Lagos.
58. María Ester Feres Nazarala, Abogada, Directora Centro de Relaciones Laborales FACEA/UCEN
59. Virginia Vargas Picón, Antropóloga
60. Lidia Baltra, Periodista
61. Margarita Labarca Goddard
62. Daniel Ramírez
63. Laura Pizarro
64. Mónica González Díaz
65. Hernán Coloma Andrews, Periodista
66. Ricardo Lizana Rosas
67. Valentina Villegas Rivera
68. Carlos Aro Pérez, vocero asamblea Ciudadana de Magallanes, directivo UNCO Hernando de Magallanes, Punta Arenas
69. Julia Muñoz Orrego, Centro de Mujeres “Amelia Bruhn”, Quilpué
70. Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Máfil, Región de los Ríos
71. Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay
72. Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales
73. Gloria Requena, Consejera Regional, Región Metropolitana de Santiago
74. Christian Luco Vergara, Abogado
75. Arnaldo Ernesto Chibbaro Schwartz
76. Sergio Oxman
77. Gabriel Jesús Montalba Hernández, Presidente Provincial de las Uniones Comunales de Juntas de Vecinos, Provincia de Arauco
78. Victoria Escalante, Presidenta Consejo Provincial Santiago Colegio de Asistentes Sociales
79. Jorge Coloma Andrews
80. Antonio Contreras Oyaneder, Trabajador Social
81. Cecilia Suárez Indart, Presidenta Corporación para el Desarrollo Sustentable
82. Salvador Concha Aguilera, Presidente Comunal PS Linares
83. David Silva Johnson, Presidente Comunal PS Providencia
84. Ricardo Osorio
85. Marisol Sanhueza, Valdivia
86. Carola Rivero, Vocera de Mejor Independencia
87. Raúl Brito Castro
88. Lorenzo González
89. Fernando Krauss Ruz
90. Ada Mora Olivera, Trabajadora Social
91. Julio Duran Figueroa
92. Dante Notari
93. Héctor Vera
94. Daniel Ramírez
95. Luis García Alvarado, Ingeniero Comercial
96. Uldaricio Figueroa
97. Ruth Navarrete Ramos, Asistente Social
98. Paulina Morales, Asistente Social
99. Mauricio Molina, Trabajador Social
100. Mónica Arancibia, Asistente Social
101. Olga Barrios, Corporación Muejres siglo XXI, Osorno
102. Patricio Quevedo
103. Luis Cannobbio, Asamblea Ciudadana Independencia
104. Lucy Valdés, Asamblea Villa Olímpica, Ñuñoa
105. Sergio Marinkovic
106. Inaldi Cofré Saavedra, OCAS Salamanca
107. María Contreras Rivas, C.C.M.A. Naturaleza Viva, Estación Central
108. Graciela Riveros Aguilera, Presidenta Región Metropolitana REDMU-DIALOGA, Independencia
109. Ronald Wilson, ALDHU
110. Antonio Kurte, Junta de Vecinos n°16, Providencia
111. Juan Eduardo Donoso, Ciudad Viva
112. Carmen Martínez, Huitual – Mapu, Curacautín
113. Sergio Figueroa Rios, Unión Comunal de JJ.VV. urbanas de Villarica
114. Patricio Torres Jiménez, Red Ciudadana perspectiva joven, Cauquenes
115. Jedry Velis Palma, CTC, Calama
116. Milsa Arancibia, Asamblea de la reconstrucción Villa Olímpica, Ñuñoa
117. Sara Lara, Organización Cultural Papio, Estación Central
118. Carolina Estroz, Centro Control Social Ahora
119. Magali Alegría, Asociación Chilena de Voluntarios
120. Matías Sagredo, Red de Estudiantes por Asamblea Constituyente
121. Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano
122. Juan López, Centro Cultural Monterrey, Conchalí
123. Carolina Manríquez, Damnificados Constitución
124. Mauricio Tapia, CUD Palmilla, Conchalí
125. Rosa Herrera Cid, C.C.B.Ñ ACUSO, Ñuñoa
126. Vivian Castro, Ciudad Viva
127. Oscar Fernández, Contierra, Paine
128. Jouse Araya
129. Cristián Ruíz Ríos, La Unión
130. Pilar Rodríguez, Centro de gestión, La Unión
131. Víctor Hugo Valenzuela, Valdivia
132. Patricio Alexis Díaz, Cauquenes
133. Tusnelda Urra, Ñuñoa
134. Yerko Ljubetic, INDH
135. Osvaldo Aravena, Más Democracia
136. Gonzalo Cid, MUMS
137. Felipe Villegas, Peñaflor
138. Ricardo Frodden, Asamblea Ciudadana, San Bernardo
139. Eddie Arias, Club Deportivo Yungay
140. Vladimir Huichacura, Centro Cultural Matta Sur, Santiago
141. Rosario Carvajal, Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay
142. José Osorio, Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales
143. Manuel Vilches, Fundación Patrimonio
144. Ximena Rivillo, Trabajadora Social
145. Harold Leal Tapia
146. Guillermo Retamal Abarzua, secretario ejecutivo Movimiento Ciudadano Talcacontod@s
147. Catalina Estévez, Historiadora
148. Rocío Faúndez, Cientista Político
149. Carlos Antonio Vergara Núñez, Periodista, miembro de la Sociedad de Escritores de Chile
150. Jorge Andrés Bravo Cuervo, Sociólogo, Temuco
151. Eduardo Canteros Gormaz, Sociólogo
152. Yolanda Gana, Psicóloga
153. Alejandra González Celis, Trabajadora Social
154. Edmundo Santelices Parra, Cientista Político
155. Manuel Verdugo Cubillos, Vallenar
156. Jorge Bozo
157. Javiera Cubillos Almendra, Trabajadora Social
158. Héctor Valladares, Abogado Asesoría Ciudadana
159. Carlos Cid, Providencia
160. Carol Pino, Providencia
161. Daniel Lemus, Providencia
162. Diego Jiménez, Providencia
163. Pedro Torres, Providencia
164. Leonardo Pérez, Providencia
165. Karen Palma, Providencia
166. María Eugenia Vergara, Providencia
167. Ana María López, Providencia
168. Ethel Guerrero, Providencia
169. Rose Marie Graepp, Providencia
170. Macarena Tapia, Ciudad Viva
171. Valentín Lozoya, Providencia
172. Tomás Marín, Ciudad Viva
173. Roberto San Martín, Presidente Agrupación Los Castaños
174. Cecilia López, Presidenta Comunal PS Independencia y Dirigenta Social
175. Sonia Arancibia, Presidenta Club Adulto Mayor El Nido
176. Christian Campos, Dirigente Social Independencia
177. Asesoría Ciudadana
178. Sandra Silva, Red San Pedro, Melipilla
179. Oscar Fernández, Paine
180. María Bravo, Providencia
181. Vladimir Álvarez, Asociación Chilena de Voluntarios

El Estado de Chile en junio de 2009 suscribe la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Mientras se tramita en el Congreso Nacional una ley al respecto. A partir del año 2011 la Participación en la Gestión Pública en Chile es un derecho. Gracias a la promulgación el 16 de febrero de la “Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública” (Ley 20.500) situación poco difundida desde el gobierno como desde los medios de comunicación. El origen de esta ley es un mensaje del ejecutivo del año 2004 bajo el gobierno de Ricardo Lagos, proyecto que tuvo una larga tramitación que incluyó todo el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

La forma en que esta ley puede tener una expresión real en el espacio local, es a través de la reactualización que los municipios y los Concejos Municipales hagan de sus Ordenanzas de Participación Ciudadana Comunal, la ley faculta para que a través de ellas incluso se incluyan los presupuestos participativos.

Además, modifica aspectos de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, introduciendo los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil en remplazo de los CESCOS (Consejos Económicos y Sociales Comunales) donde sus representantes serán electos por las organizaciones de interés público de la comuna y no, por el Alcalde. La cantidad de consejeros no podrá ser inferior al doble ni superior al triple de los concejales en ejercicio de cada comuna. Un reglamento sometido por el Alcalde al Concejo Municipal determinará la integración, organización, competencia y funcionamiento de éste Consejo. Así como la forma de auto convocarse cuando al menos un tercio de sus participantes así lo decida. La ley le entrega a estos Consejos las siguientes funciones que ya tenían los CESCOS:

• Informar sobre presupuesto de inversión anual, Plan Comunal de Desarrollo (PLADECO) y modificaciones al Plan Regulador Comunal.
• Pronunciarse en el mes de marzo de cada año, sobre la Cuenta Pública del Alcalde, cobertura y eficiencia de los servicios municipales.
• Interponer recursos de reclamación.

 Además, agrega las siguientes nuevas funciones:

• Deberá pronunciarse anualmente sobre las materias de relevancia comunal que hayan sido establecidas por el Concejo Municipal.
• Los consejeros deberán informar a sus respectivas organizaciones con debida anticipación para recibir consultas y opiniones, acerca de la propuesta de presupuesto, del plan comunal de desarrollo, las modificaciones al plan regulador comunal y cualquier materia relevante que les haya presentado el Alcalde o el Concejo.

Tal como señala la ley el funcionamiento de los Consejos se establece por medio de un reglamento. La Subsecretaria de Desarrollo Regional desarrolló y remitió a los municipios en el mes de julio de 2011 un reglamento tipo el cual fue prácticamente asumido por todos los municipios de Chile sin mayor modificación y cuestionamiento.

Dicho reglamento tipo consideramos vulnera el espíritu de la ley en alguno de sus postulados, sobre todo en cuanto a dotar de mayor autonomía de la figura del Alcalde a los Consejos. De esta forma, Asesoría Ciudadana del Instituto Igualdad, entrega una solicitud de pronunciamiento al Contralor General de la República. Del cual se recibe una respuesta en noviembre de 2011.

No es menor, señalar las fechas en las cuales se realizan estas tramitaciones y respuestas, ya que la ley 20.500 señala que en agosto de 2011 deberían estar los reglamentos comunales aprobados por los Concejos Municipales para que en los 60 días posteriores se elijan los Consejos de la Sociedad Civil. Por tanto, difícilmente algún reglamento municipal incorpora los aportes entregados por la Contraloría en el mes de noviembre.

El pronunciamiento de la Contraloría plantea:

1.     Los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil no son un “órgano asesor”: esta advertencia explícita contribuye a reforzar la idea de que el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil no es una continuación del CESCO con otro nombre.  Sino que es una instancia de participación ciudadana en el gobierno municipal.

2.     Para el adecuado funcionamiento de los Consejos, la Contraloría precisa que se deben contemplar, en armonía con lo manifestado por la jurisprudencia administrativa, contenida, entre otros, en el dictamen N° 53.748, de 2007, los recursos necesarios para su adecuado financiamiento en el presupuesto anual de la municipalidad.

3.     Que no le está permitido al Alcalde, ni siquiera con el acuerdo del Concejo Municipal, designar las vacantes de los consejeros que no se hayan podido elegir por no alcanzarse los quórum de asistencia requeridos en su elección, en cuyo caso  no cabe sino establecer otro mecanismo para que expresen su preferencia electoral  las asociaciones con derecho a voto de la comuna.

4.     Que la redacción del artículo 27, letra g) del  Reglamento de la Subdere, que comienza con la frase “Solicitar al Alcalde, previa ratificación de los dos tercios de los concejales en ejercicio, la realización de un plebiscito…”  no puede entenderse  como la discrecionalidad de una mera solicitud al Alcalde y que ésta pueda ser aceptada o rechazada por la autoridad, y en este caso hay una obligación vinculante: “en la medida que se cumplan los requisitos que allí se establecen, es vinculante para esa autoridad edilicia llamar al plebiscito”.

Además de estos puntos señalados por la Contraloría, que creemos, no fueron considerados en los Reglamentos municipales actualmente aprobados. A juicio de las experiencias que me ha tocado conocer,  aunque es necesario un monitoreo más profundo y con una mayor base empírica, las elecciones de los Consejos de Organizaciones de la Sociedad Civil en los diversos municipios de Chile no marcó un hito frente a los desaparecidos CESCOS. Sino que se siguieron reproduciendo las prácticas anteriores. Existió una baja difusión de las elecciones, no hubo espacio para presentar candidaturas informadas a los propios electorales y menos se produjeron espacios de debates frente a las posturas de los distintos candidatos a consejeros.

Como sociedad civil y sobre todo en este contexto electoral es clave realizar un control social de la implementación de la ley en el espacio local. Donde las actuales autoridades locales tenían todos los elementos para demostrar a través de la reactualización de las Ordenanzas de Participación Ciudadanas y  el Reglamento de los Consejos su real voluntad con la participación ciudadana.

Hoy es el momento para que nosotros los vecinos y vecinas exijamos que nuestros municipios tengan instancias de participación real. Dónde los vecinos y vecinas podamos incidir en la toma de decisiones sobre los aspectos que nos afectan directamente. Ya no hay excusas de falta de atribuciones de los gobiernos locales para ello, sólo se requiere voluntad política de entender que la mejor política pública es la que se hace con las personas afectadas, con los ciudadanos y ciudadanas que habitan esos territorios.

Dentro de las materias que se podían haber incluido y que habría que evaluar si existen, en qué municipios y cómo funcionan están:

• Mejorar las instancias de Audiencias Públicas, donde las autoridades comunales no vayan solo a “escuchar” a los vecinos y vecinas, sino también a entregar información, explicaciones y a buscar soluciones.
• Establecer Cabildos temáticos y territoriales comunales con periodicidad y sistematización de los aspectos abordados.
• Generar mesas barriales para avanzar en forma mancomunada en diversas temáticas con asistencia técnica.
• Fondos concursables que privilegien diagnóstico y gestión participativa en forma transparente y dotando de autonomía a las organizaciones y no reproduciendo el clientelismo tradicional.
• La inclusión de Defensorías Comunales que tengan como objetivo velar por el cumplimiento y la vigencia de los derechos y garantías de las personas, la adecuada prestación de los servicios públicos, la promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia.
• La definición de los mecanismos de participación en el proceso de diseño de los Planes de Desarrollo Comunal y de Planes Reguladores Comunales, así como también de otras definiciones sustantivas a nivel local.
• La inclusión de presupuestos participativos, entre otras medidas.

Las personas, los ciudadanos y ciudadanas tenemos múltiples funciones que desarrollar por eso que el espacio para la participación tiene que ser limitado y útil. No se espera que las personas vivan para participar pero sí, que cuando lo hagan sientan que valió la pena hacerlo y para que eso sea así, la participación debe tener relación con los aspectos que a los ciudadanos y ciudadanas nos interesan y la opinión de las personas debe ser considerada, es decir, debe existir una verdadera incidencia. Estos dos aspectos son sustantivos a la hora de crear los mecanismos de participación ciudadana que se incluyan en las ordenanzas. Esperemos que nuestros representantes a nivel local lo entiendan así y se abran a la Participación.

Porque hoy nos encontramos con la sorpresa, que una de las medidas implementadas por esta ley y muy aplaudida por los líderes locales, ya ha sido modificada. La ley avanzaba en facilitar el desarrollo de plebiscitos comunales por iniciativa de los ciudadanos, pidiendo el 5% de firmas de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna en relación a las materias de administración local de inversiones específicas de desarrollo comunal, la aprobación o modificación del PLADECO, la modificación del Plan Regulador Comunal u otras de interés para la comunidad local. Con la aprobación del voto voluntario y la inscripción automática venían una serie de otras materias dentro de las que fueron aprobadas y promulgadas el 31 de enero de 2012 el volver a reponer el porcentaje del 10 para las solicitudes ciudadana de plebiscitos comunales. Si bien, se establece el universo de electores como el total de votantes de la última elección municipal es vergonzoso que se haya repuesto el 10% que tanto se había luchado por modificar y que era un triunfo de la ley de participación ciudadana.

Esperemos que cuando podamos avanzar en un estudio más sistemático de la implementación de la ley no nos encontremos que sea letra muerta, que los reglamentos han actuado fuera del espíritu de la ley, que se siguen replicando antiguas prácticas y que la participación en la gestión pública hay día es un derecho pero no tiene correlato en la realidad. 

*Cumbre Ciudadana por la Municipalidades 2012, red de Territorios Ciudadanos, Ex Congreso Nacional 24 de marzo

La semana pasada se cumplieron dos años de gobierno del Presidente Piñera, para algunos el tiempo habrá pasado muy rápido, para otros muy lento. Pero la prensa, utilizando un concepto futbolero ha bautizado esta nueva etapa como el segundo tiempo.

Lo que ha caracterizado el inicio de este “segundo tiempo” desde el punto de vista político más que de evaluación o gestión del gobierno ha sido la emergencia de variados candidatos presidenciales. Situación que hasta el momento no se había dado con tanta fuerza. Si bien la Alianza, hoy en el gobierno, había sido más prolifera; en la oposición no se había dado este fenómeno.

En ambos sectores hoy vemos variadas caras, sin embargo, la implicancia de ello para ambos sectores es bastante diversa.

Para el Gobierno contar con al menos 5 ministros y ministras presidenciales (Golborne, Allamand, Matthei, Longueira y Lavín) y un Presidente con baja evaluación ciudadana agudiza el síndrome del “pato cojo” donde en el fondo ya no se gobierna, sino que se busca figurar y se inicia dentro del propio ejecutivo la campaña presidencial. Se debe terminar bien el gobierno, pero el respeto y lealtad al Presidente ya no es tan importante como la figuración de cada uno. Esta situación lleva a la necesaria decisión en algún momento, de parte del Presidente, que dejen el gabinete y se enfoquen solamente a la campaña presidencial. Lo que sin duda intentaran alargar hasta pasada la elección municipal de octubre. Esta situación deja en manifiesto que no hay mejor “vitrina política” que estar en el gobierno, por ello muchos hoy ministros dejaron sin problema sus puestos en el Senado.

Para la oposición el escenario es distinto, con mucha más lentitud –debido a la significativa evaluación positiva de la ex Presidenta Michelle Bachelet- han comenzado a emerger diversos actores auto arrogándose como candidatos presidenciales. Hoy tenemos varios rostros: José Antonio Gómez, es el que lleva más tiempo en carrera aventajado por su postulación en el año 2009, Fulvio Rossi se ha lanzado varias veces pero al parecer no ha logrado entrar de lleno en competencia debido a su afiliación partidaria donde Michelle Bachelet tiene la delantera, pero se ha atribuido ser el plan B, Andrés Velasco partió denominándose el plan B pero hoy está  dispuesto a competir con Bachelet, lo que ha generado suspicacias de sectores que veían con entusiasmo su postulación, Ximena Rincón se lanzó al ruedo acelerando la declaración de sus camaradas DC, sumando tras de ella a Claudio Orrego y las aspiraciones de los senadores Pizarro y Walker. Desde el PPD Lagos Weber expuso su voluntad mediatizándola en la búsqueda de un proyecto común con el consiguiente “chaqueteo” del “girardismo” que hoy son los más bacheletistas de Chile. Por último, tenemos a Marco Enríquez Ominami que sin duda es quien lleva la delantera de todo el clan, no por pertenecer al conglomerado sino precisamente por haber roto con él y haberse lanzado a la piscina con anterioridad.

Sin embargo, en todo este ramillete tenemos varios rostros pero bien poco se sabe de sus diferencias y proyectos. Lo que el país necesita y la oposición requiere con urgencia es constituirse en un proyecto político alternativo, distinto a lo que fue la Concertación y sus 20 años de gobierno y que entregue una nueva mirada para Chile, incluyendo un nuevo modelo de desarrollo, una nueva institucionalidad y una participación ciudadana real, donde los abusos que somos parte cada día tengan protección, sanción y exista mayor justicia, donde la desigualdad no éste en todos lados y donde la desconfianza que se ha tomado nuestras relaciones sea erradicada.

Esa es la tarea para este año, mientras tenemos un año electoral de elecciones municipales movido, pero los verdaderos candidatos y candidatas emergerán con claridad posterior a dicha elección sumando voluntades, creando apoyos y generando propuestas. 

La Participación Ciudadana debe ser entendida como la intervención de los particulares en actividades públicas, en tanto, portadores de intereses sociales. Ello hace referencia a una relación entre Estado y sociedad civil, a una acción de ésta sobre el primero. Diferenciar el concepto de participación ciudadana de otros tipos de participación -social, comunitaria y política- reservándolo para hacer referencia a las formas de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios, incorporando sus intereses particulares -no individual- respecto a determinadas temáticas. 

El 10 de agosto de 2010 el Presidente de la República ingresa a discusión parlamentaria el mensaje “Sobre plebiscito y consultas de carácter comunal” que pretende potenciar la participación ciudadana de los vecinos y vecinas a nivel comunal, los objetivos del proyecto son, “primero, facilitar la realización de plebiscitos comunales y consultas no vinculantes a nivel local, y, segundo, reducir los costos que estos mecanismos de participación significan para los municipios del país”.

Entre las facilidades propuestas por el ejecutivo en el proyecto de ley sobre plebiscitos comunales, se encuentran: 1) incorporar, aparte de los notarios y los funcionarios del Registro Civil, a un funcionario del Servicio Electoral como agente autorizado para validar las firmas de los ciudadanos que eventualmente soliciten un plebiscito al alcalde, al que estos tendrían que pagar las horas extras y el viático; 2) permitir que el plebiscito comunal se realice el mismo día de una elección parlamentaria y presidencial en caso de ser convocado, 3) reducir el período de prohibición para celebrar plebiscitos, limitando el período comprendido entre 90 días antes y 60 días después de una elección municipal (actualmente es de 240 días antes y 60 días después); 4) agregar entre las materias que pueden ser consultadas la “denominación, uso y conservación de bienes nacionales de uso público” y las ordenanzas municipales; 5) rebajar de 50% a 40% del electorado de la comuna el requisito de participación para que dicha consulta sea vinculante para la autoridad y; 6) establecer la posibilidad de levantar un procedimiento de reclamo ante el Tribunal Electoral Regional para impugnar el proceso de forma previa a la celebración del plebiscito en caso de eventuales irregularidades o parcialidades en la formulación y definición de la o las consultas.

Si bien, parece bastante loable lo propuesto por el ejecutivo y aprobado en primer trámite legislativo por el Senado tiene una contradicción vital que no se puede dejar pasar, aumenta de 5% a 10% la cantidad de firmas que requiere juntar y certificar la ciudadanía para requerir al Alcalde la celebración de un plebiscito vinculante, estableciendo de esta forma una limitación para aquellos ciudadanos que quieran someter determinada materia a consulta y echando por tierra las pequeñas facilidades que el proyecto propone. El requisito actual para esta solicitud era 5% de los ciudadanos inscritos y comenzó a regir apenas desde febrero del año 2011 cuando entró en vigencia la ley 20.500 sobre “Participación Ciudadana en la Gestión Pública” que lo rebajó del 10% que estaba vigente. Sin embargo, en paralelo con este proyecto se estaba tramitando la inscripción automática y el voto voluntario que fue aprobado con fecha 31 de enero de 2012 que volvió a modificar la norma dejando el porcentaje de requisitos de firmas de vecinos y vecinas en 10%. En menos de un año se bajo de 10% a 5% y nuevamente se subió al 10%.

Hoy cuando la crisis de representatividad de nuestro sistema político ha hecho crisis y se ha expresado en las calles, cuando los ciudadanos y ciudadanas desean expresarse sobre materias que los afectan directamente, no es plausible que el gobierno y el parlamento aprueben esta norma cómo se encuentra hasta el momento. La ciudadanía está realizando control social y no permitirá seguir con las incoherencias de señalar que se tramita un proyecto que facilita la participación ciudadana, mientras que en forma efectiva la restringe. Me imagino que con el entusiasmo de la aprobación de la inscripción automática no se cayó en cuenta de esta incoherencia pero aún estamos ha tiempo de revertir.

La Cámara de Diputados donde el proyecto ha ingresado a trámite debería velar por mantener el 5% que incorporó la ley 20.500 estableciendo como universo electoral los participantes en la última elección que muestra un padrón efectivo y no ideal. Para lograr que este proyecto sea efectivamente un avance en participación ciudadana y no un retroceso. A nuestra democracia representativa le faltan variados mecanismos de democracia participativa avancemos en ellos!!!

* Publicado en www.elquintopoder.cl y www.elmostrador.cl

Las mujeres tenemos una significativa representación dentro del mundo social. Estamos en nuestros barrios organizando a los vecinos y vecinas en un trabajo en red para superar lo cotidiano, desde las tradicionales Juntas de Vecinos y Clubes de Adultos mayores, hasta otro tipo de organizaciones menos formales. En las últimas movilizaciones sociales, tanto sectoriales como locales o regionales hemos desarrollado un importante rol desde la base a la dirigencia. 

Sin embargo, según cifras de la UNDP 2011 Chile de 42 naciones democráticas ocupa el lugar 37 en representación de mujeres en el Legislativo y de las 48 naciones más desarrolladas del planeta Chile se ubica en posición 44 en inequidad social de género.

Los movimientos feministas o de mujeres han luchado históricamente por la ampliación de derechos para las mujeres y muchos de los derechos que hemos ido conquistando han sido fruto de las luchas anteriores que ellas han dado. Hoy este movimiento heterogéneo y diverso esta enfocado a la lucha contra el femicidio, la violencia de género, la negación de los derechos sexuales y reproductivos y de participación en los espacios de poder.

En este último punto, la paridad se asume como una tarea prioritaria.

La paridad es una acción afirmativa que significa contar con un 50% de mujeres y 50% de hombres en los cargos de elección popular y en aquellos de toma de decisiones en el Estado.

Su implementación es una ruptura con la ciudadanía abstracta. Hoy sabemos que al hablar de ciudadanos y ciudadanas nos remontamos en forma primaria a la lucha por los derechos civiles y políticos donde el derecho a voto de las mujeres fue alcanzado tardíamente al compararlo con el de los hombres. Pero aquí la idea es hacer referencia a la ciudadanía en forma amplia, a la ciudadanía activa, cómo el derecho a tener derechos, a decidir sobre el que hacer público, a fiscalizar y ejercer un control ciudadano frente a nuestras autoridades y también a tener el derecho de elegir pero también de ser elegidas. Y sabemos que hoy las mujeres no contamos con esa garantía democrática. No somos las únicas, existen otros grupos excluidos. El tema es que nosotras somos la mitad de la población, la mitad de las electoras.

La dualidad del género humano es el cuestionamiento de la neutralidad del poder político, ya que es una neutralidad falsa porque está garantizada por el monopolio masculino. La paridad no es un tema que debería interesarle solo a las mujeres, sino que a la sociedad toda para estar justamente representada y avanzar en democracia.

La paridad no forma parte de una política populista o un gancho electoral. La paridad no puede salir de nuestra agenda pública. La paridad es parte de una lucha por más y mejor democracia. Hoy cuando la ciudadanía cuestiona con fuerza nuestra institucionalidad política, los niveles de representatividad de nuestros representantes, es el momento de volver a instalar, junto con otros temas, con fuerza el tema de la democracia paritaria, ¿desde dónde? Desde todos los espacios de representación política y social, en las próximas elecciones municipales, en las elecciones parlamentarias, en las elecciones en los sindicatos, en las elecciones en los partidos políticos en todas las instancias de representación. Por qué tenemos el deber de mejorar esa representación y no excluir de ella al 50% de la población.  No es una tarea fácil, luego de años de exclusión del poder no se puede esperar tener candidatas que nazcan como las flores, es un trabajo para el cual hay que formar, educar, entregar habilidades, herramientas, espacios, recursos económicos y sobretodo mucha energía porque es una larga lucha la de llegar al poder y luego la de ejercerlo.  

* Publicado en www.ciudadglobal.cl

Seguimos movidos en cuanto a demandas sociales, en estos días, Aysén se moviliza, en el extremo sur de nuestro país exigiendo descentralización, a un país tremendamente centralista, donde parece que todo pasa en Santiago. El estallido de Aysén nos recuerda lo que vivimos anteriormente en Magallanes, Isla de Pascua, Calama y otras ciudades, donde los habitantes de estos territorios se movilizaron exigiendo mayor compromiso del gobierno central por sus problemáticas, develando la enorme desigualdad territorial que vivimos en Chile y la falta casi absoluta de descentralización.

La situación de Aysén nos refleja otra característica de las desigualdades que vivimos en Chile, la desigualdad territorial, mientras existen pocas comunas con significativos avances urbanos, de salud, vivienda, educación, etc. Acercándose a un estándar del primer mundo, existen otras muchas que viven igual que hace 40 años y dónde efectivamente no se visualiza aquello de los 17.000 dólares per cápita que nuestro país ha alcanzado. Son territorios que se sienten abandonados, cuyas reivindicaciones no son nuevas, sino que se han venido repitiendo en cada una de las campañas presidenciales que se han desarrollado y que nunca han sido asumidas de manera integral.

Es una negación de los otros territorios, de los otros habitantes de nuestro país con sus demandas específicas y las desigualdades territoriales que tenemos, lo que hoy ha estallado y seguirá estallando. Se cansaron de ser inexistentes para el resto, para Santiago, para quienes toman las decisiones y deciden por los recursos.

Por su parte el gobierno ha reaccionado frente al movimiento de un modo preocupante, que ha caracterizado su actuar frente a las demandas de la ciudadanía y que refuerza la negación de los otros: en primer lugar comienza con excesiva represión buscando restablecer el “orden público”, continua con la deslegitimación del movimiento, emblemático en ello fueron las palabras del Ministro de Salud Mañalich quien luego de participar en las reuniones de negociación en la región señala que el “movimiento está manipulado por Patagonia sin represas”,  para luego avanzar en la criminalización del movimiento cuando el mismo Ministro de Estado afirma que un ciudadano enfermo terminal muere al no llegar una ambulancia producto de las manifestaciones nocturnas, situación, posteriormente desmentida por sus familiares y médicos locales.

Al parecer la estrategia hoy es jugar al desgaste del movimiento al re-situar como negociadora a la intendenta regional, autoridad que no cuenta con la legitimidad como interlocutora, ya que ha sido quien ha estado conversando con los actores locales durante todo este periodo sin llegar a avances.

En este conflicto específico es necesario avanzar en soluciones que existen puesto que las demandas son de vieja data y con actores validados por la comunidad. Pero la agenda por más participación ciudadana y descentralización debe avanzar y situarse en la agenda pública buscando cambios estructurales necesarios para nuestra cohesión social y convivencia democrática desde una perspectiva más integral y urgente. 

* Publicado en www.diario30.cl y www.cooperativa.cl