El desafío de la participación: referendo e iniciativa legislativa popular en América Latina y Europ

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La eventual recepción de fórmulas participativas en Chile: particularidades y desafíos*

Quiero agradecer la posibilidad de comentar el texto de Francisco, aunque uno a fin de año, empieza a desconfiar si es una oportunidad o un castigo, abrazar una nueva responsabilidad. Sin embargo, quiero inclinarme por la primera opción y verlo como una oportunidad para reflexionar sobre un tema que ha estado presente en mis trabajos académicos de los últimos años como en la actividad política que también desarrollo.

El autor comienza este capítulo con una frase que llama la atención “Chile fue uno de los primeros países de Latinoamérica en llevar adelante reformas constitucionales en materia de participación ciudadana y, por lo demás, el primer Estado de la región en ratificar mediante referendo su Constitución en 1925”.   

Señalo que llama la atención porque esta situación del siglo pasado está lejos de la realidad actual que desarrolla este capítulo y que da cuenta del acotado avance en temas de participación directa que tenemos en Chile. Observando con tristeza cómo de haber estado en la vanguardia en la materia, hoy nos encontramos en la retaguardia y los países vecinos nos han sobrepasado con creces.

Es así como el capítulo da cuenta de los avances en la materia desde la Constitución de 1925, las reformas del año 1953 donde se entregan facultades especiales al Presidente de la República para incrementar la participación ciudadana en la gestión de políticas públicas. El programa de gobierno de Frei Montalva donde la participación ciudadana fue uno de los tres ejes, se enfatiza en la ley denominada de promoción popular del año 1968,  y en los cambios que se forjaron durante la Unidad Popular donde se buscaba establecer el Poder Popular aprobando la reforma constitucional para reconocer a las organizaciones de la sociedad civil en la Constitución el año 1971 y que generó dos grandes mecanismos: el Comité de la Unidad Popular que luego se transformó en las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP) y la creación de los cordones industriales y comandos comunales.  

Hasta el golpe de Estado donde en cierta forma se responsabiliza a estos avances de la crisis política, y ahí el autor cita a Jaime Guzmán, cosa que yo no hare en esta presentación.

Sin embargo, estos antecedentes entregan explicaciones con respecto a lo que se expone a continuación que son las limitaciones de la Constitución del 80 a la participación y a lo poco que se ha avanzado durante el retorno a la democracia en la materia, existiendo un miedo transversal de una generación fuertemente golpeada por la dictadura en relación al incremento de la participación y al énfasis en la gobernabilidad como excusa para no avanzar al respecto.  

Dentro de las limitaciones de la Constitución un aspecto novedoso para mi es el que se expone en relación a la sustitución de la soberanía popular, eje de la teoría democrática, por la soberanía nacional hasta el día de hoy presente en nuestra carta fundamental a pesar de todas las modificaciones que ha tenido y que llevan a que Ruiz Tagle la denomine “Constitución Gatopardo” mientras más se reforma más retiene su rasgo autocrático y presidencialista.  Además de aquellos aspectos relativos al régimen de gobierno, sistema electoral, deberes y prohibiciones a la participación y tratamiento del derecho de participación.

A continuación en el capítulo se aborda el mecanismo para la reforma constitucional del plebiscito nacional presente en la Constitución de 1925 y nunca utilizada y, en la del 80 donde sólo ha sido utilizado en su normativa transitoria: aprobación de actual Constitución en septiembre 1980, definición de continuidad del gobierno del general Pinochet en octubre de 1988 y para establecer las modificaciones mínimas que permitirían dar inicio a la transición chilena en junio de 1989. Este es el único mecanismo de democracia directa existente en la Constitución chilena.

Aquí es donde yo quedo con gusto a poco en relación al texto, porque no alcanza a incluir reflexiones que sabemos que el autor ha tenido durante este año, en relación a qué cambios y cómo se pueden hacer para lograr cambiar está Constitución ilegítima y que por todas partes hace agua. Quizás más que criticar su ausencia es un aliciente a un nuevo texto o a un trabajo mancomunado de poner en la agenda pública a través de un lenguaje comprensible esta problemática y en ese sentido un punto de inicio significativo es la sistematización que nos entrega el texto.

A continuación el texto expone la situación del plebiscito a nivel comunal mostrando su escaso uso como mecanismo, sólo cuatro casos, y las paulatinos cambios que ha tenido su legislación desde el año 1989 hasta hoy donde para lograr un plebiscito comunal por iniciativa popular hemos transitado de la recolección de firmas de un 20% del padrón en 1990, a 15% en 1991, 10% en el año 2000, 5% en el 2011 con la Ley de Asociación y Participación Ciudadana en la gestión pública y el retorno al 10% en enero de 2012 con la Ley de Inscripción Automática y Voto Voluntario. Aquí quiero hacer una precisión al texto en relación a qué ya en esa modificación quedo referido no al padrón electoral sino que a los votantes de la última elección municipal, situación que también se incluía en el proyecto remitido por el Ejecutivo en el año 2006.

Luego se evalúan las consecuencias de la ley de Asociación y Participación Ciudadana en la gestión pública promulgada en el año 2011 y sus inexistentes mecanismos de democracia directa, ley que me ha tocado monitorear su implementación la que sin duda ha mostrado escasos avances en la materia.

El capítulo termina señalando que existen dos caminos para avanzar en la democratización de Chile: primero, recuperando las características que singularizaron su modelo representativo. Esto significa restablecer la igualdad entre nación y pueblo elector, eliminando además las regulaciones descritas en este capítulo que inhiben los derechos de participación y asociación. En segundo lugar, avanzando en mecanismos de democracia directa como los descritos en este libro considerando la experiencia comparada y las características e idiosincrasia de nuestro país. Considerando siempre ambas alternativas; mejorar la representación y establecer nuevas fórmulas de participación lo que no es un proceso excluyente. El autor destaca que la experiencia comparada evidencia que avanzar en estos dos caminos favorece una mutua sinergia.

Extrañe la ausencia en el análisis sobre la participación en la Constitución del 80, considerando la profesión del autor, sobre su inexistencia como derecho fundamental y las consecuencias que esto tiene para la viabilidad que el nuevo derecho a participar en la gestión pública que emerge de la ley 20.500 opere cuando entra en colisión con otros derechos fundamentales presentes en la Constitución como por ejemplo el derecho a propiedad. Creo que este tema no puede estar ausente de la discusión que hay que fomentar en el país durante el próximo gobierno para dar inicio a un nuevo ciclo político, frente a la Nueva Constitución que Chile necesita. La cual debiera consagrar como derechos fundamentales no sólo el derecho a participar, sino también el de acceso y transparencia a la información pública y el acceso a la conectividad a las redes digitales de información y comunicación.

Quiero terminar haciendo una invitación y un llamado entre todas y todos los que nos encontramos hoy presentes en este lanzamiento, miembros de la academia, de la sociedad civil, de la política, a ser capaces de articular una agenda social y política viable para avanzar en Participación Ciudadana en Chile, para dejar atrás los temores de la ingobernabilidad y establecer una nueva gobernanza donde podamos hablar de nuestra Constitución para empezar a hablar de nuestro país.  

*Comentario al Texto de Francisco Soto Barrientos en lanzamiento libro, 5 de diciembre 2013 Librería GAM

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