Es de Perogrullo decir que el debate en tiempo de campaña electoral tiende a ser parcial y marcado por el interés de votos. Sin embargo, aquel referido a los derechos sexuales y reproductivos continúa sin atender a un delicado problema que afecta a miles de chilenos y chilenas que desean ‘formar una familia’. Me refiero a la situación de hombre y mujeres aquejados de infertilidad.

Puede decirse que este tema no aparece en las encuestas de opinión, pero, razonablemente, una política de Estado también debe atender a necesidades de minorías. En este caso, el Estado carece de conocimiento estadístico de la cantidad de personas infértiles, historia, grupos etáreos, condiciones económicas, etc. Sólo a través de ciertos datos aislados entregados por clínicas privadas podemos enterarnos de la compleja situación que enfrenta esta parte de la población. Pero la información es limitada, pues se refiere a las personas con poder adquisitivo que acuden a esos centros porque pueden financiar costosas y extensas terapias. Con todo, según la Sociedad Chilena de Fertilidad, del 90% de las personas infértiles que consulta a estos establecimientos, más de la mitad encuentra solución a través de técnicas de reproducción asistida u operaciones quirúrgicas.

Pero al no contar con una política pública y marco legal sobre el tema, estas soluciones son un privilegio y además está sujeta posturas ideológicas de la medicina privada, y en completo desconocimiento del Estado.

Algunos grupos religiosos aducen que "los hijos como un regalo, un don de Dios y no como un derecho de los hombres”, pero, incluso desde esta línea de razonamiento, ello no significa que la persona no pueda trabajar para merecer su regalo. Del mismo modo, legislar sobre estas técnicas, para incorporarlas a los servicios públicos y a la cobertura de la seguridad social, no obliga a quien esté en desacuerdo a someterse a ellas.

Hoy, la carencia de una ley sobre fertilización asistida en Chile podría estar facilitando varias prácticas que en otros países están prohibidas, como la congelación de embriones y la donación y comercialización de óvulos, lo que constituye otro elemento a considerar en el debate, cuyo foco debe estar centrado en las necesidades de los pacientes y en su derecho a la reproducción.

A la fecha, el debate sobre derechos sexuales y reproductivos está limitado a la ‘píldora del día después’ o las campañas de prevención del sida, con más peso de posiciones institucionales que de la ciudadanía o los pacientes afligidos y ausentes en la discusión. La amplia gama de necesidades y problemas que enfrenta la sociedad en esta materia amerita una discusión profunda. De momento, Chile no garantiza esta equidad, puesto que los tratamientos son accesibles sólo para quienes tienen dinero.