En nota editorial del diario El Mercurio del día viernes 26 de diciembre se emite un juicio negativo con respecto a la necesidad de que en Chile se instaure el Ombudsman o Defensor del Pueblo. Institucionalidad que existe en más de 100 democracias en todo el mundo y que busca promover, defender y proteger los derechos de las personas ante los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de aquellos que presten servicios públicos.

Hoy en Chile los ciudadanos han ido avanzando en asumir que tienen derechos (un 92% sabe que los tiene). Sin embargo, un 80% sienten que se respetan poco o nada en nuestra sociedad y más de un 90% siente que es necesario un organismos autónomo que resguarde sus derechos.

Estar en contra de la figura del Ombudsman o defensoría de las personas como se llamaría en Chile, es estar en contra de los ciudadanos y sus derechos, es estar en contra de la consolidación democrática y de la modernización del Estado.

Es una institución que ha estado presente en todos los programas de gobierno de la Concertación, que el año 2005 formó parte de todos los programas de los candidatos presidenciales. Incluyendo a Sebastián Piñera donde incluía en forma explícita dentro de sus atribuciones “los servicios de utilidad pública prestados por particulares”.

El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet asumiendo el consenso que existía con respecto a la figura le puso urgencia durante el año 2007, gracias a lo cual por primera vez luego de 16 años comenzó la discusión legislativa. Es una reforma Constitucional que requiere que 71 diputados la aprueben para continuar su tramitación en el Senado. Posteriormente, es necesaria una Ley Orgánica Constitucional para dotarla de organización, funciones y atribuciones. Por tanto, queda mucho trabajo legislativo para perfeccionar el proyecto.

No busquemos más excusas y avancemos en una deuda con nuestros ciudadanos, nuestra democracia y con el sistema internacional de Derechos Humanos.