Hoy y también en el último mes, hemos visto protestas en Santiago del movimiento de pobladores contra la “Ficha CAS” ha titulado la prensa, cuando dicha ficha de focalización ya no existe hace casi 7 años. Los pobladores reclaman que sus puntajes en la Ficha de Protección Social han variado sin saber por qué motivos y que se quieren ocultar las cifras de pobreza en Chile. Dentro de esa afirmación hay desinformación por un lado, y razones por otro.

La Ficha de Protección Social busca focalizar a las personas más vulnerables para priorizar ciertos derechos sociales. Por tanto, no es un instrumento que mida pobreza, para eso está la encuesta CASEN (Caracterización Socioeconómica Nacional) cuya manipulación se hizo vía entrega de bonos en época de trabajo de campo, pero ese es otro tema.

La Ficha de Protección Social no va desaparecer, como en algún momento se insinuó, sino que va ser modificada, para que permita focalizar aún mejor las políticas sociales han señalado los expertos de la Autoridad Social.

Se valoran los avances que busquen mejorar el instrumento, pero debemos poner una voz de alerta en el proceso de implementación de la nueva Ficha, ya que es un instrumento clave para la realización de las políticas sociales, como sabemos prácticamente todas focalizadas;  gracias a ella es posible identificar cuán vulnerables es una familia y si es o no sujeto de programas y políticas. En esta ocasión, este proceso, se dará en un contexto de elección municipal lo cual no resulta ser la mejor fecha.

Con la Ficha de Protección Social, en el año 2006 no sólo se introdujo un nuevo instrumento, sino que se cambió el enfoque, desde la carencia hacia la vulnerabilidad. Se afirma que la ciudadanía no ha entendido que la Ficha mide vulnerabilidad, cuestión que tampoco es comprendida por algunos funcionarios públicos municipales o sectoriales y otras instituciones que están haciendo uso de los puntajes de la ficha.

Lo que si tienen toda la razón los pobladores al protestar es que las instancias involucradas (pobladores, vecinos y vecinas, ciudadanos y ciudadanas, funcionarios públicos en general, municipales y encuestadores) no tienen claridad respecto de la fórmula de cálculo, de manera de entregar información y orientaciones claras a la población cuando no están de acuerdo con el puntaje obtenido.

Asimismo, desconocen a qué atribuir las variaciones de puntajes que se registran. Si bien, esto podría generar el reconocimiento de variables para “bajar” el puntaje, por otro lado, permitiría entregar información certera del puntaje obtenido, validando con ello un derecho que les asiste a las personas con respecto a esta encuesta de focalización.

De lo anterior, se desprende la necesidad de avanzar en una lógica de derechos, de esta puerta de entrada al Sistema de Protección Social.

El derecho que tienen las personas a conocer las razones del puntaje obtenido más allá del temor a develar el funcionamiento del instrumento. En ese sentido creemos que estos cambios deben permitir avanzar en transparencia, información y derechos de los ciudadanos que requieren de su aplicación cosa que hasta el día de hoy no sucede.