El gobierno o entidad local, como parte integrante de la estructura nacional, es el nivel de gobierno más próximo a los ciudadanos y por lo tanto, el que se encuentra en mejor posición para involucrarlos en el proceso de toma de decisiones, en lo que concierne a sus condiciones de vida, y también para hacer uso de sus conocimientos y experiencias en el fomento del desarrollo. De esta forma, no sólo se logra una política pública más eficiente, sino que se avanza en el fortalecimiento de la democracia. Este párrafo ha estado presente en diversos discursos y libros que enfocan el tema de la descentralización, el desarrollo local y la participación ciudadana. Sin embargo en términos concretos es insuficiente lo que se ha avanzado en Chile.

Hoy contamos con Municipios heterogéneos y tremendamente diversos. Municipios que en el plano económico reproducen el modelo de desigualdad del sistema imperante aún con el apoyo del Fondo Común Municipal. Municipios presupuestariamente amarrados por asignaciones externas (principalmente salud y educación), lo que genera poca capacidad de innovar en política pública.

Experiencias de participación “despolitizadas”, que terminan por desnutrir el concepto y sus implicancias en el proceso de democratización, ¿es acaso participación que te pregunten si quieres una muralla roja o amarilla? En conjunto con prácticas clientelísticas y asistenciales. Municipios con un modelo de gestión que no ha vivido grandes transformaciones y que tiene dificultades para responder a las nuevas y múltiples demandas sociales.

La Presidenta Michelle Bachelet se comprometió a una Reforma Municipal señalando que ésta significa un cambio más profundo en la distribución de poder político, recursos económicos y competencias entre los diferentes niveles territoriales del Estado. Reforma que significa aumentar la relevancia política de las autoridades municipales, alcaldes y concejales; aumentar significativamente los recursos económicos de los municipios, los propios y los traspasados por el Estado central; aumentar las competencias y funciones de las entidades locales; y perfeccionar su capacidad de gestión.

En la necesaria discusión que se debería dar acerca del alcance de esta reforma me gustaría aportar algunos puntos al debate, de modo, de poder avanzar en municipios más democráticos y eficientes que se hagan cargo de lo que significa vivir en comunidad en pleno siglo XXI.

En el corto plazo, avanzar en flexibilizar las plantas municipales. De modo, que el concejo municipal pueda decidir en que funciones del municipio requiere a cada funcionario dependiendo del Plan de Desarrollo Comunal. Otorgar más atribuciones a los concejales en la gestión municipal, radicados en una primera instancia en la gestación de los planes de Desarrollo Comunal, en el Plan Regulador y en el diseño del presupuesto. Incluir en el diseño de los Planes de Desarrollo Comunal y en los Planes Reguladores comunales verdaderas instancias de participación ciudadana.

Fortalecimiento del nivel profesional de muchos municipios rurales a través de un programa de asistencia técnica o de colaboración con el nivel central y establecer en la postulación a proyectos de Fondos Regionales (FNDR) mecanismos de fiscalización de la existencia de Planes de Desarrollo Comunales hechos participativamente coherentes con la Estrategia de Desarrollo Regional.

En el mediano plazo, avanzar en mayores atribuciones a los concejales en la gestión municipal, por ejemplo haciéndose cargo de un aspecto específico del municipio, como co-responsables de la gestión. Entregar mayores recursos y herramientas a los concejales para que puedan ejercer su representación de la ciudadanía en virtud del número de electores a los cuales representen. Implementar una participación ciudadana en la instancia municipal desde diversas áreas: presupuestos participativos, cabildos vecinales, consejos ciudadanos o audiencias públicas y plebiscitos comunales vinculantes.

Generar mecanismos de control interno y externo más eficientes. Ya sea por medio de mecanismos más coercitivos de la Contraloría General de la República como a través de un decidido control ciudadano y de parte de los concejales como representantes de la ciudadanía.

En el largo plazo, avanzar desde administraciones comunales, hasta gobiernos comunales. Dotar al nivel comunal, de mayores atribuciones, competencias y también recursos para ir asumiendo su tarea. Esta política de mayores atribuciones y también de recursos, debe ir acompañada de un diseño que permita a cada municipio según sus características específicas aplicar las nuevas políticas atribuidas. De modo, de hacerse cargo de las diferencias y buscar implementación de políticas públicas innovadoras y creativas que puedan ser más eficientes en cada realidad comunal – territorial.

Esta reforma municipal debe fomentar la asociatividad de los municipios de modo que los recursos escasos puedan ser aprovechados. Terminar con las restricciones en cuanto a la imposibilidad de los municipios de generar desarrollo productivo. Lo que podría dotar de importantes recursos y fortalezas a municipios de recursos escasos. Aumentando los niveles de creatividad de las políticas públicas implementadas a nivel local y modificar la distribución y composición del Fondo Común Municipal de modo que sea más equitativo y que tenga mayores recursos para los municipios más pobres.

Sólo si nos hacemos cargo de avanzar en la necesaria reforma municipal desde HOY podremos llegar al bicentenario con Municipio más poderosos, eficientes y que efectivamente sean el espacio donde es más posible la participación de la ciudadanía que se hace cargo del lugar donde vive, habita y convive.