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Foro: Rol de las mujeres en la Política Chilena Vicepresidencia de la Mujer Juventud Socialista

Enviado por Danae Mlynarz Puig el miércoles, 15 diciembre, 2010 a las 10:17
Danae Mlynarz Puig

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Las mujeres en Chile somos más de la mitad de la población, más de la mitad de las electoras y casi la mitad de las militantes de los partidos.

Sin embargo, esa representación no se observa en la esfera política.

La presencia de la mujer en la política es un problema ético: en el ámbito político se decide sobre el bien común, es ahí donde se dictan las normas y las leyes. Si no hay mujeres este bien común se hace desde una sola mirada, trunca o tuerta porque no contemplan la vida femenina.

La participación de la mujer en política no aporta solo a incorporar temáticas “propias del género”, sino que a tener una mirada de género en todo el actuar social. No solo para hablar de “temas de mujeres”.

Los partidos políticos no promueven la incorporación de mujeres en sus mesas directivas, y no cumplen con las leyes de cuotas que ellos mismos establecieron para las elecciones internas o cargos de representación popular.

El único cargo ocupado por una mujer en la actual mesa es la Vicepresidencia de la Mujer y sinceramente, sería mejor no conocer como se hizo la elección del cargo y como los lotes discutían “quien paga con la mujer” como si nuestra representación fuera un cacho, un castigo para quien cede ese cupo de hombre a una mujer en la mesa. Y que pasa con la representación de al menos un 30% en la mesa del partido, eso compañeras tenemos que pelearlo, al igual que quien sea la Vicepresidenta de la Mujer sea alguien que postule para ese cargo, que tenga ganas de representarnos y que nosotras votemos por ella en forma explícita.

Al momento de la selección de las candidatas a algún puesto de representación popular o de designación política la frase:

“de dónde vamos a sacar tantas mujeres”…”no hay suficientes mujeres con méritos y preparadas”.

Es lo más común que existe. Entonces nosotras hoy día tenemos que prepararnos para tener candidatas a concejalas en casi todas las comunas del país, esa es una misión que ustedes deben asumir desde hoy. Yo dispuesta a ayudarlas si quieren!

Y una vez que se ha pasado esa dura barrera y se entra a participar uno se encuentra con:

ü      La triple jornada y el ciclo de vida: La menor participación de las mujeres en política tiene que ver con la reproducción. Es muy difícil estar en la etapa de crianza de los hijos e hijas y ser activa en política. Aprovechen ahora que son libres de moverse lo más posible. Por eso es imprescindible luchar hasta el cansancio por un cambio cultural que permita compartir las tareas domésticas y de la reproducción entre hombres y mujeres.

ü      Sistema binominal: No importa si pierden total son mujeres. Entonces te dejan competir en distritos o comunas que están perdidas.

ü      Dificultad para conseguir recursos económicos, para nosotras es más difícil conseguir recursos para campañas, tenemos menos redes y nos tienen menos fe.

ü       Padrinos, padres y maridos. Es lo que se usa en política y para promover mujeres también. Alguien conoce a alguna madrina?

ü       Poca solidaridad de género.

ü     Malas prácticas y formas tradicionales de hacer política. El ninguneo.

ü      Durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet lamentablemente la mayor presencia de mujeres en el poder ejecutivo no estuvo acompañada de una reforma administrativa y/o legal que asegure su mantención.

ü      Ley de cuotas. En América Latina 11 de 19 países cuentan con leyes de este tipo. El primero que las instauró fue Argentina en el año 1994. Hoy tienen un 40% de mujeres en el parlamento. En Chile existe una resistencia del poder legislativo ante los mecanismos de acción positiva en materia de participación política.

“para que entren mujeres, algunos hombres deberán salir”

Mis hijas nacieron con una mujer Presidenta de Chile y ese es un cambio cultural muy grande. Creo que aún es temprano para sopesarlo. Aunque a veces nos da rabia no haber avanzado más rápido y en más necesaria reformas. Sobretodo cuando evaluamos cómo con el actual gobierno muchas cosas avanzadas han retrocedido.

Como la lucha por los derechos es continúa y a medida que se van alcanzando logros hay que ir avanzando por más y nunca, nunca debemos permitir retroceder!

Aún nos queda mucho que avanzar en el tema cultural, cómo compartimos el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos. Porque para que las mujeres estemos más integradas en el mundo público tenemos que compartir las tareas en el mundo privado y eso sólo lo podemos lograr con un cambio cultural que involucre a hombres y mujeres, ese creo es parte de nuestros nuevos desafíos. Creo necesario ampliar el pos natal a seis meses pero flexibilizar el compartir este beneficio con el padre de la guagua y asegurar que todas las mujeres tengan este derecho y no el 60% de la fuerza de trabajo como es hoy.

La violencia contra las mujeres recrudece y ocupa espacios en los medios de comunicación. Recientemente tenemos la tipificación del femicidio como crimen de género, habrá que ver si resulta suficiente para muchos casos que se viven, y si los tribunales aplican las medidas de resguardo en los casos necesarios.

Las mujeres ganamos un 30% menos que el salario de los hombres por un mismo trabajo. Accedemos mayormente a trabajos precarios, a menudo sin contrato laboral ni prestaciones sociales. A pesar de haber sacado una ley que sanciona este hecho.

El aborto terapéutico sigue penalizado, poniendo en riesgo la salud de muchas mujeres en Chile.

La violencia sexual contra mujeres y niñas permanece impune y muchas veces en silencio.

Las Isapres nos cobran el “impuesto al útero” en nuestra edad fértil, transgrediendo nuestro derecho a la salud sexual y reproductiva.

Aún la representación de las mujeres en los puestos de poder es significativamente menor que los hombres. El sistema político nos excluye a todas, y el binominalismo es discriminatorio. De la paridad en el primer gabinete ministerial de Bachelet pasamos a la mínima representación en las candidatas a parlamentarias en la elección del 2009 y el nuevo gobierno no tiene ningún cuidado en el nombramiento de mujeres, damos lo mismo. Y nadie se cuestiona donde están las mujeres.

Queremos que los temas de nuestra realidad de género estén presentes en las políticas públicas y propuestas de país. Queremos mujeres en el parlamento que luchen por los derechos de otras mujeres.

El Estado chileno no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) ni ha adecuado la legislación nacional a los instrumentos internacionales de derechos humanos con los cuales se ha comprometido.


Consideramos indispensable avanzar en:

  1. Eliminar o reducir la discriminación en contra de las mujeres, ya sea entre mujeres y entre hombres y mujeres: 


a. Ampliar los derechos y responsabilidades de las mujeres en el ámbito público y de los varones en el ámbito privado, contribuyendo a hacer más igualitarias las relaciones entre los géneros. Fomentar e incentivar la representación equilibrada entre hombres y mujeres en cargos de jefatura y responsabilidad directiva.


b. Mantener la paridad, no solo como una expresión de voluntad política sino que a través de una Ley de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que incluya la ley de cuotas, entre distintos aspectos.

 

c. Contribuir al empoderamiento de las mujeres como sujetos sociales, y en tanto protagonistas del desarrollo de las familias, la comunidad y la sociedad toda y al desarrollo de sus potencialidades en el ámbito cultural, artístico, académico, científico y tecnológico.

 

d. Fomentar e incentivar la mayor participación laboral de las mujeres, en condiciones de “trabajo decente”.

 

e. Aumentar las políticas de empleo femenino y de emprendimiento y crédito de las mujeres.

 

f. Fomentar e incentivar políticas especificas dirigidas a mujeres pertenecientes a pueblos originarios y de zonas rurales.

 

  1. Derechos sexuales y reproductivos: Ley marco que incluye desde la educación sexual, el acceso universal a la PAE, la despenalización del aborto por razones de salud. Ratificación del Protocolo Facultativo del CEDAW con todo lo que involucra para hacerlo efectivo.

 

  1. Generar condiciones para la conciliación y corresponsabilidad de la vida privada y laboral: obligatoriedad e incentivos para que los hombres asuman la responsabilidad compartida en la familia (fortalecer los permisos de paternidad y por enfermedad de los hijos), ampliar la red de salas cuna y jardines infantiles para niños/as de clase media, modificar el derecho al cuidado infantil para que sea indistintamente reconocido a madres y padres trabajadores y estudiantes, flexibilización del postnatal.

 

  1. Recursos para la Ley de Violencia y los Tribunales de Familia, atención interdisciplinaria para terminar con la violencia hacia las mujeres.

 

  1. Reconocer el valor del trabajo reproductivo que realizan las mujeres mayores igualando las pensiones con los montepíos y desarrollando oferta programática que asegure apoyo al respiro en el cuidado de los demás miembros de la familia.

 

Uf tenemos mucho por hacer compañeras y compañeros!

Derechos Humanos en la nueva forma de gobernar

Enviado por Danae Mlynarz Puig el viernes, 10 diciembre, 2010 a las 11:07
Danae Mlynarz Puig

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Han existido avances durante estos últimos 20 años en la recuperación y el fortalecimiento de la democracia, aunque no todos los esperados. Existe una gran deuda en cuanto a herramientas que permitan que los ciudadanos y ciudadanas tengan conciencia de sus derechos desde la infancia. En otras palabras, hay una carencia en “educación cívica” o educación para la democracia e incluso en la defensa de los derechos humanos. Además, nuestro país carece de una institucionalidad con los necesarios checks and balance para impedir el abuso de poder y la arbitrariedad. Hace 18 años que se presentan proyectos al congreso para crear la figura de defensa de derechos, conocido internacionalmente como Ombudsman, una institucionalidad que aún no existe, mientras la  gran mayoría de los países latinoamericanos avanzaron durante los años noventa en este sentido. Es más, en el reciente informe del Instituto de Derechos Humanos entregado ayer lo vuelve a poner como una deuda de nuestro país en la materia.

Para un efectivo fortalecimiento democrático necesitamos que el conjunto de la sociedad sea consciente de sus derechos y responsabilidades. Esto quiere decir, que la sociedad, al tiempo que establece la democracia como forma de organización básica, debe garantizar que todas y todos los ciudadanos se conviertan en sujetos conscientes de sus derechos y responsabilidades, sujetos capaces de cuidar de sí mismos y cuidar de la sociedad, sujetos capaces de participar con conocimiento de causa y responsabilidad, capaces de organizarse, definir sus intereses y expresarlos; en fin, sujetos capaces de ejercer la ciudadanía.  Esta función de formación política en el sentido de participación en la vida colectiva, en el gobierno de la sociedad  es la que, a mi juicio, sigue siendo una deuda de nuestra democracia.

Se tienen derechos no sólo porque “se pagan impuestos” como lo hemos escuchado muchas veces, desde una perspectiva bastante neoliberal. Se tienen derechos porque también se tienen deberes dentro de una lógica de construcción comunitaria en que todos y todas decidimos vivir en sociedad.

Una sociedad democrática debería mantener un debate constructivo permanente sobre los principios, métodos, experiencias y resultados de los procesos de formación ciudadana, con participación de todas las instancias involucradas, tanto de la sociedad civil como del Estado.

El legado de los gobiernos de la Concertación fue establecer un incipiente Estado de protección social que bajo la “Red Protege” ordenó todos los derechos que las personas tienen en su relación con el Estado y se desarrolló una difusión sobre los mismos. La idea fue que los ciudadanos tuvieran más conciencia de sus derechos y de cómo hacerlos efectivos frente a un Estado que se comprometía a garantizarlos. Se espera que esa política pública no quede en la nada, cuando aún hay mucho que avanzar en ese sentido.

Hoy en cambio en el nuevo gobierno, ya no se habla de derechos sino que de oportunidades. Las oportunidades existen, se dan y se quitan, así de la nada y nadie puede decir nada.

Con el cambio de gobierno, existe un temor concreto de perder lo avanzado y no continuar con los decididos pasos que es necesario dar para fortalecer a la ciudadanía en Chile. Para continuar con la ampliación de derechos sociales que permitan a los chilenos y chilenas vivir mejor y con mayor seguridad. Salir de la lógica de pedir permiso y perdón por nada y de agradecer como un regalo -hoy oportunidad-, algo que es un derecho.

Una herramienta muy específica para velar por ello es la existencia de la Defensoría de las Personas u Ombudsman. Institución autónoma que vela por la promoción, protección y defensa de los derechos de las personas en los servicios públicos. El proyecto hoy duerme en el Senado luego de haber sido aprobado por la cámara de diputados hace más de un año. El Presidente Piñera lo tiene en su programa de gobierno y fue mencionado en las medidas para su primer año (ver revista Qué Pasa); esperamos que los devastadores efectos del terremoto no le hayan quitado la urgencia.

El Estado de Chile hace más de un año realizó su examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En dicha ocasión se reconocieron los avances del país en la materia, pero también quedaron una serie de pendientes que deberían marcar la agenda de nuestro país. Puesto que el Estado deberá volver a dar cuenta de ellos durante el año 2013.

Uno de ellos fue precisamente la ausencia de una institucionalidad para garantizar la protección adecuada de los Derechos Humanos en Chile. Los representantes de varios países manifestaron su preocupación por la inexistencia del Instituto de Derechos Humanos y la Defensoría de las Personas en concordancia con los principios de Paris. Sobre el primero, hoy lo tenemos funcionando y fue un orgullo la entrega de su primer informe el día de ayer, donde delinea muchos temas pendientes, muchos de ellos ya mencionados en el examen periódico.

Los países miembros instaron a Chile a ratificar prontamente tratados internacionales tales como: la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el Protocolo Facultativo a la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación con la Mujer. En relación al primer tratado fue ratificado por Chile durante el año 2009 al tiempo, que en relación al segundo, continúa siendo un pendiente junto una serie de desigualdades de género tales como: la escasa participación política de las mujeres en los espacios de poder político, la discriminación salarial y la existencia de la sociedad conyugal como régimen de regulación del patrimonio entre los cónyuges con explícita discriminación hacia las mujeres que se casan bajo este sistema, falta de reconocimiento legal a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y particularmente, la criminalización de todas las formas de aborto y fuerte presencia de violencia intrafamiliar.

Otro tema que estuvo presente en las observaciones realizadas y del cual aún no hay respuesta es la vigencia y aplicación de la Ley de Amnistía para las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el régimen militar y la amplitud de la competencia de la justicia militar para juzgar a civiles lo que resulta contradictorio con el Estado de Derecho.

Cabe destacar que uno de los temas que mayor interés concitó fue la situación de exclusión y discriminación jurídica y política de los sectores que representan la diversidad en Chile, entre ellos los pueblos indígenas y los migrantes. Se recomendó otorgar prontamente el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, implementar plenamente los compromisos contenidos en el Convenio 169 de la OIT y continuar con los procesos de entrega de tierras y aguas. Varios Estados manifestaron su preocupación por la situación de criminalización de la protesta social indígena, la violencia policial que se ejerce hacia ellos, así como a otros sectores vulnerables y la aplicación de la Ley Antiterrorista en algunos casos, recomendando la adopción de medidas para poner término a esta situación.

Este examen no sólo debería delinear la agenda de trabajo del gobierno en derechos humanos, sino que también la de la sociedad civil que tiene el deber de mantenerse vigilante con respecto a sus avances y retrocesos. Generando una suerte de observatorio y un debate constructivo para asegurar la vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales en Chile. Junto con el fortalecimiento democrático a través de la necesaria formación para la democracia.