El resurgimiento en los medios de comunicación del debate sobre la paridad de género en la administración del Estado coincide por estos días con la publicación de algunos estudios internacionales referidos al tema. Obviamente, este debate no es novedoso y por lo mismo amerita una contextualización crítica, para evitar que ciertos discursos induzcan una errada percepción en lectores y lectoras.

El informe que acaba de publicar el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem) constata que las mujeres ocupan más que nunca cargos gubernamentales, pero el avance es lento y fluctuante en países en desarrollo como el nuestro. Para el caso del Parlamento, no alcanzaremos antes del año 2045 (límite de la proyección del estudio) la llamada “zona de paridad”; o sea, que ni mujeres ni hombres presenten más de 60% de representación.

En América Latina, la presencia femenina en cargos de poder aumenta notoriamente desde 1990 a la fecha. Se pasa del 9% al 17% en el caso de la Cámara Baja; y de 5% a 12% en el Senado. Sin embargo, en Chile sólo hay dos senadoras de un total de 38 (5,2%); y 18 diputadas, de 120 (15%).

Por su parte, el Foro Económico Mundial, a través del Índice de Paridad de Género, hace unos días clasificó a nuestro país en el lugar 64 entre 134, apenas un puesto más arriba que en 2008. Ya que se atribuye esta posición al “acceso político” de la mujer, es dable asociar este pequeño avance al respaldo ciudadano ganado -no sin las descalificaciones de género que todos recordamos- por la Presidenta Bachelet.

El aspecto central del mencionado informe de la ONU se refiere al empoderamiento de la mujer en la política. Así, los países que han incorporado mecanismos de cuotas de género para cargos de elección popular han alcanzado mayor eficacia y eficiencia en la promoción de la participación política femenina. Allí donde se aplica mecanismo de cuota electoral, la presencia de mujeres alcanza hoy al 25%, mientras que los países que no incluyen este sistema permanecen debajo del 15% de representación femenina.

Pese a los antecedentes hasta aquí expuesto, vemos que prevalecen extraños argumentos contra la Ley de Cuotas que hoy se tramita con suma urgencia en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja. Engañosamente se dice que “no se trata de que las mujeres no sean igual de capaces”, sino que “deben competir”. Pero se soslaya al sesgo machista que este año volvemos a constatar en la designación de candidaturas al Parlamento. Entonces ¿por qué no disponer de una Ley de Cuotas transitoria, hasta que la clase política incorpore la importancia de este derecho de igualdad?

Hoy vemos que países como España son señeros en la materia, porque a través de su ley de igualdad busca la representación equilibrada de género en toda la administración, fijando parámetros en la integración del gabinete ministerial. En América Latina ya destaca el caso de México, que también aprobó una ley de cuotas para el Parlamento y de los avances que tuvo Argentina desde que la incorporó.

El nivel de consenso ciudadano y técnico apunta a señalar que la participación directa de las mujeres en la adopción de decisiones públicas no sólo es cuestión de justicia democrática, sino también un mecanismo para asegurar una mejor rendición de cuentas por parte del Estado, las empresas y la sociedad hacia la mujer, sus derechos y dignidad.