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Estimados vecinos y vecinas la situación de privatización del parque Gorostiaga ha sido un proceso en nuestra vida comunal que no me deja indiferente, razón por la cual los acompañe desde la primera actividad pública que realizaron hace ya un mes (1 de marzo) para conocer cual era la opinión de mis vecinos sobre el tema. En dicha reunión me encontré con un importante grupo de vecinos y vecinas que se organizaban intentando salvar el Parque que los ha acompañado hace ya 10 años y que forma parte del entorno en el cual juegan sus hijos, pasean sus adultos mayores y hacen deportes los jóvenes. Los vecinos se preguntaban en aquella ocasión por qué el Municipio, el Alcalde y el Concejo Municipal no les había consultado nada sobre la construcción de un gimnasio cuando eran ellos quienes usaban el parque y posiblemente usarían el gimnasio. Para mi es importante saber que piensan los vecinos y tengo la convicción que si uno es representante de la comunidad en el Concejo se debe a éstos. Por tanto, la opinión de los vecinos en esta, como en otras materias no es trivial, sino que fundamental para el actuar de toda autoridad electa por la ciudadanía. Si bien, vote a favor de estudiar alternativas de licitación del Parque que favorecieran a la comunidad (Concejo del día 12 de diciembre de 2007) haciendo el resguardo de poder estudiar con más tiempo la propuesta, lo que fue descartado por el Alcalde. No vote a favor de la licitación a Sportlife y a la alternativa de gimnasio privado con pocas garantías y beneficios a la comunidad (Concejo del día 16 de enero de 2008). Ya que no me encontraba en Santiago cuando se realizó ese Concejo Municipal. Por tanto, es del todo falso cuando el Alcalde señala que se aprobó por unanimidad. Además se debe destacar que otro concejal estando presente se abstuvo de votar. Con todo en aquel Concejo Comunal donde se voto la propuesta los antecedentes de la licitación no fueron entregados a los concejales con al menos 24 horas para que éstos los estudiaran. Sino que se entregaron en la misma sesión. Por tanto, el Concejo Municipal votó sin un estudio previo de las propuestas. Esta situación no es nueva en nuestro concejo, razón por la cual en otras oportunidades yo me he negado a votar. Considero grave que el concejo municipal haya votado sobre una materia tan importante para los vecinos de Gorostiaga sin haber analizado la situación. Es decir, no hubo consulta a la ciudadanía sobre la propuesta y tampoco hubo respeto por entregar los antecedentes sobre la propuesta a lo concejales como representantes de la ciudadanía al momento de tomar la decisión. Me atrevo a afirmar que el Concejo voto a ciegas. Posterior, a esta situación he solicitado todos los documentos sobre la licitación adjudicada y he podido comprobar que efectivamente los beneficios a nuestros vecinos dejan mucho que desear. Por tanto, no estoy de acuerdo con la licitación adjudicada puesto que no entrega mayores beneficios a nuestros vecinos, el Municipio al concesionar el Parque Gorostiaga por 30 años a Sportlife, cede un parque público a una empresa privada para que ésta establezca un negocio que le es rentable desde el primer año de funcionamiento. No me opongo a que Sportlife ponga un gimnasio en Ñuñoa para que aquellos vecinos que quieran ir y puedan pagar lo hagan pero ¿por qué el municipio entrega un espacio público para un negocio privado? Si Sportlife quiere poner un negocio en Ñuñoa que compre su terreno como cualquier empresario lo hace. El Alcalde señala que se establecerá un centro de atención en salud en los terrenos del gimnasio que beneficiara a todos los vecinos, pero según el Plan Regulador Comunal (PRC), recientemente modificado por este Alcalde en dicho terreno solo se puede establecer infraestructura de tipo recreacional o deportivo que esta lejos de ser un centro de salud pública. Entonces el Alcalde con sus decisiones quiere pasar por sobre la opinión de los vecinos, por sobre el actuar informado del Concejo Municipal y por sobre la propia normativa que el ha establecido para ordenar el funcionamiento de la comuna. Si era un proyecto ansiado por la comunidad contar con un centro de salud y programado por la gestión edilicia porque no se cambio esta normativa en la reciente modificación al PRC. El Alcalde ha señalado que se vio obligado a actuar rápidamente y por ello no pudo consultar a los vecinos, ya que se corría peligro de perder dichos terrenos entregados a través de una transacción extrajudicial por los herederos. Sin embargo, al buscar dichos antecedentes nos encontramos que la premura ya no existía, sino que debió haberse hecho hace casi 9 años atrás cosa que este Alcalde y que el concejo municipal de aquella época no fiscalizo exponiéndonos a perder los terrenos. Hoy esa posibilidad esta preescrita. Es decir, el Alcalde entrega excusas falsas para justificar una práctica cotidiana en este municipio que es no consultar a los vecinos y ahora además intentar engañarlos con argumentos falsos. Los vecinos se organizaron juntaron firmas para exponer su opinión negativa del cierre al parque entregando más de 800 firmas al Alcalde y al Concejo, y no fueron escuchados. Los vecinos se organizaron y reunieron 200 firmas solicitando una Audiencia Pública para discutir sobre el tema y aún nadie les contesta. Hoy día el Parque esta siendo destruido, Ñuñoa esta perdiendo un espacio público es un día triste y me sumo a todas sus expresiones de dolor. Cuenten conmigo para todo lo que haya que hacer para tratar de modificar esta situación. Danae Mlynarz Puig, Concejala de Ñuñoa

Las Isapres, cuyas tablas de precios están por definirse estos días, y que constituyen un pilar fundamental en la vida de millones de personas que les confían su bienestar, se encuentran inmersas en un escenario marcado por el no cumplimiento de expectativas respecto de las utilidades alcanzadas por el sector. En ese contexto, coincido con la Superintendencia de Salud, en cuanto a que resulta imprudente que las Isapres anticipadamente anuncien un eventual alza en los planes de salud, por el simple hecho de no haber alcanzado las utilidades esperadas. Pues además resulta indignante que con dicho anuncio se deje de manifiesto que para las Isapres la salud pueda ser un negocio y con ello se produzca un fenómeno de enriquecimiento de dudosa moralidad, más allá de la prestación de un servicio que a lo más, debiera comportarse de acuerdo a los movimientos normales del mercado. Las reiteradas vulneraciones de derechos en que incurren las Isapres, debiera hacerlas reflexionar sobre la manera en que se plantean frente a la sociedad y sobre la escasa mirada ciudadana que circunda su accionar. Mientras por un lado abren las puertas para acoger al ciudadano que precisa de atención, a sus espaldas planifican nuevas formas de enriquecimiento que los perjudica. Antes de anunciar un alza en los planes de salud, las Isapres debieran asumir la tremenda responsabilidad social que tienen en sus manos.
Danae Mlynarz Puig Presidenta Comisión Defensora Ciudadana
Un Plan Regulador Comunal (PRC) es un instrumento de planificación territorial que permite ordenar y reorientar el desarrollo urbano de una comuna, definiendo el uso que se dará al suelo y sus características. Es justamente ese valor planificador lo que lo hace determinante para el futuro de los vecinos. A la vez, lo convierte en una oportunidad de pensar, dialogar y analizar seriamente cómo queremos que sea la comuna que hemos elegido para vivir. Sin duda, en la mayoría de las comunas chilenas, hablar de Plan Regulador es para muchos materia desconocida. Se entiende como el debate de unos pocos y son escasas las personas que saben del alcance de tal discusión. En Ñuñoa, a medida que creció la polémica en torno al Plan Regulador, éste se socializó al punto de dar paso a la espontánea expresión de los ciudadanos. Un ejercicio cívico democrático, que buscaba resolver una interrogante: ¿qué queremos cambiar de nuestra comuna y qué queremos conservar de ella? Durante el proceso de modificación del PRC, recorrí los barrios, conversé con los vecinos y conocí cómo es la ciudad a la que aspiran los ñuñoinos: una comuna a escala humana, con barrios tranquilos y amables, de calles arboladas, con plazas para el desarrollo de nuestros niños. Una comuna con calidad de vida. Aquí no hay una pelea entre casas y edificios, entre nuevos y antiguos vecinos o entre modernidad y tradición como algunos ridícula y porfiadamente han querido plantearlo. El tema de fondo es que, por un lado, había una necesidad imperiosa de avanzar en cambios profundos y estructurales tendientes a conservar y proteger nuestros barrios; y por otro, evitar que las condiciones permisivas del antiguo plan regulador fueran prácticamente un llamado abierto a las inmobiliarias para levantar nuevas construcciones, llevando cada vez más a centenares de personas a vivir a Ñuñoa sin que la infraestructura vial o las redes de alcantarillado y agua potable aumenten proporcionalmente a la llegada de nuevos vecinos. Esa era la discusión de fondo y la modificación al Plan Regulador era una tremenda oportunidad para resolver visionariamente el destino de Ñuñoa. Finalmente, la modificación aprobada no dio cuenta de la aspiración de los ñuñoinos. Por el contrario, terminó por considerar con mayor fuerza los intereses de las inmobiliarias. Por ello y tomando en cuenta que la zona en que se bajó la altura es aquella donde ya prácticamente no caben nuevos edificios, es que como concejala de Ñuñoa, voté en contra de la modificación propuesta por el alcalde y que hoy se publicita de manera tan bullada en las calles de la comuna como si se tratara de un motivo para celebrar. La decepción y molestia también radica en que fueron los propios vecinos a quienes he apoyado los que mediante cartas, mails, artículos en la prensa, marchas y otros terminaron por convencer al alcalde de modificar el Plan Regulador. Sin embargo, nadie contaba con que esto terminaría en un proceso improvisado, sin cambios sustantivos, con poca seriedad, carente de visión y alejado de la participación ciudadana democrática. Lo peor, es que en vez de frenar el negocio inmobiliario, se le terminó por entregar nuevos terrenos para continuar depredando una comuna históricamente reconocida por su vida de barrio. La modificación al Plan Regulador de Ñuñoa fue una oportunidad pérdida: a) Porque el proceso estuvo marcado por acciones autoritarias, con escasas instancias e instrumentos que permitieran una participación real de los vecinos. b) Porque el proceso no tuvo seriedad técnica y por tanto, no hubo una evaluación detallada de la condición actual de cada barrio y una propuesta que respondiera a sus necesidades en términos de infraestructura vial, servicios o áreas verdes. c) Porque al no considerar las observaciones planteadas por los vecinos, quedó en evidencia que la propuesta solo favorecía el negocio inmobiliario. Lamento profundamente que no haya existido una actitud visionaria para pensar que las decisiones que hoy adoptamos son el reflejo de la comuna que dejaremos a nuestros hijos. Aspiro a conservar nuestra riqueza patrimonial, la calidad de vida y por sobre todo, a que los ciudadanos sean partícipes de las grandes decisiones. Ñuñoa es la evidencia de la debilidad de la Ley General de Urbanismo y Construcción en cuanto a velar por los derechos urbanos y ciudadanos. Por tanto, mientras las ciudades crezcan al ritmo actual y esta institucionalidad permanezca, crecerán los conflictos urbanos, porque son muchos los intereses en juego y siempre gana el más fuerte: quien tiene en sus manos el poder del dinero.
El gobierno o entidad local, como parte integrante de la estructura nacional, es el nivel de gobierno más próximo a los ciudadanos y por lo tanto, el que se encuentra en mejor posición para involucrarlos en el proceso de toma de decisiones, en lo que concierne a sus condiciones de vida, y también para hacer uso de sus conocimientos y experiencias en el fomento del desarrollo. De esta forma, no sólo se logra una política pública más eficiente, sino que se avanza en el fortalecimiento de la democracia. Este párrafo ha estado presente en diversos discursos y libros que enfocan el tema de la descentralización, el desarrollo local y la participación ciudadana. Sin embargo en términos concretos es insuficiente lo que se ha avanzado en Chile.
Hoy contamos con Municipios heterogéneos y tremendamente diversos. Municipios que en el plano económico reproducen el modelo de desigualdad del sistema imperante aún con el apoyo del Fondo Común Municipal. Municipios presupuestariamente amarrados por asignaciones externas (principalmente salud y educación), lo que genera poca capacidad de innovar en política pública. Experiencias de participación “despolitizadas”, que terminan por desnutrir el concepto y sus implicancias en el proceso de democratización, ¿es acaso participación que te pregunten si quieres una muralla roja o amarilla? En conjunto con prácticas clientelísticas y asistenciales. Municipios con un modelo de gestión que no ha vivido grandes transformaciones y que tiene dificultades para responder a las nuevas y múltiples demandas sociales. La Presidenta Michelle Bachelet se comprometió a una Reforma Municipal señalando que ésta significa un cambio más profundo en la distribución de poder político, recursos económicos y competencias entre los diferentes niveles territoriales del Estado. Reforma que significa aumentar la relevancia política de las autoridades municipales, alcaldes y concejales; aumentar significativamente los recursos económicos de los municipios, los propios y los traspasados por el Estado central; aumentar las competencias y funciones de las entidades locales; y perfeccionar su capacidad de gestión. En la necesaria discusión que se debería dar acerca del alcance de esta reforma me gustaría aportar algunos puntos al debate, de modo, de poder avanzar en municipios más democráticos y eficientes que se hagan cargo de lo que significa vivir en comunidad en pleno siglo XXI. En el corto plazo, avanzar en flexibilizar las plantas municipales. De modo, que el concejo municipal pueda decidir en que funciones del municipio requiere a cada funcionario dependiendo del Plan de Desarrollo Comunal. Otorgar más atribuciones a los concejales en la gestión municipal, radicados en una primera instancia en la gestación de los planes de Desarrollo Comunal, en el Plan Regulador y en el diseño del presupuesto. Incluir en el diseño de los Planes de Desarrollo Comunal y en los Planes Reguladores comunales verdaderas instancias de participación ciudadana. Fortalecimiento del nivel profesional de muchos municipios rurales a través de un programa de asistencia técnica o de colaboración con el nivel central y establecer en la postulación a proyectos de Fondos Regionales (FNDR) mecanismos de fiscalización de la existencia de Planes de Desarrollo Comunales hechos participativamente coherentes con la Estrategia de Desarrollo Regional. En el mediano plazo, avanzar en mayores atribuciones a los concejales en la gestión municipal, por ejemplo haciéndose cargo de un aspecto específico del municipio, como co-responsables de la gestión. Entregar mayores recursos y herramientas a los concejales para que puedan ejercer su representación de la ciudadanía en virtud del número de electores a los cuales representen. Implementar una participación ciudadana en la instancia municipal desde diversas áreas: presupuestos participativos, cabildos vecinales, consejos ciudadanos o audiencias públicas y plebiscitos comunales vinculantes. Generar mecanismos de control interno y externo más eficientes. Ya sea por medio de mecanismos más coercitivos de la Contraloría General de la República como a través de un decidido control ciudadano y de parte de los concejales como representantes de la ciudadanía. En el largo plazo, avanzar desde administraciones comunales, hasta gobiernos comunales. Dotar al nivel comunal, de mayores atribuciones, competencias y también recursos para ir asumiendo su tarea. Esta política de mayores atribuciones y también de recursos, debe ir acompañada de un diseño que permita a cada municipio según sus características específicas aplicar las nuevas políticas atribuidas. De modo, de hacerse cargo de las diferencias y buscar implementación de políticas públicas innovadoras y creativas que puedan ser más eficientes en cada realidad comunal – territorial. Esta reforma municipal debe fomentar la asociatividad de los municipios de modo que los recursos escasos puedan ser aprovechados. Terminar con las restricciones en cuanto a la imposibilidad de los municipios de generar desarrollo productivo. Lo que podría dotar de importantes recursos y fortalezas a municipios de recursos escasos. Aumentando los niveles de creatividad de las políticas públicas implementadas a nivel local y modificar la distribución y composición del Fondo Común Municipal de modo que sea más equitativo y que tenga mayores recursos para los municipios más pobres. Sólo si nos hacemos cargo de avanzar en la necesaria reforma municipal desde HOY podremos llegar al bicentenario con Municipio más poderosos, eficientes y que efectivamente sean el espacio donde es más posible la participación de la ciudadanía que se hace cargo del lugar donde vive, habita y convive.
Varias han sido las manifestaciones de vecinos de Ñuñoa en defensa de espacios públicos o inmuebles con valor patrimonial que están siendo destruidos para dar lugar a distintos proyectos comerciales e inmobiliarios. La suma de esas protestas ciudadanas da cuenta de un conflicto mayor, cual es la visión que tiene el alcalde sobre desarrollo urbano v/s la mirada de los vecinos. Y es que a juzgar por esas manifestaciones el alcalde no está escuchando el planteamiento de la ciudadanía que en consideración con el cargo que ostenta son los mandantes de las resoluciones que debiera adoptar el edil y para lo cual cuenta como instrumento principal con el Plan Regulador Comunal. La destrucción de la casa del ex Presidente González Videla, la eventual demolición del antiguo castillo que por años albergó al Colegio Notre Dame, el cierre y desmantelamiento del Parque Gorostiaga, el inminente cierre del Convento de claustro de las Carmelitas (que perdieron su privacidad debido a la construcción de edificios que ahora las rodean), son solo ejemplos de cómo la visión edilicia pretende cambiar el paisaje sin consideración de la opinión ciudadana. Lo anterior, sin contar el constante repudio social que despierta el indiscriminado crecimiento del negocio inmobiliario en Ñuñoa. Se trata entonces de una suma de antecedentes que dan cuenta, en primer lugar, de un conflicto urbanístico grave y, en segundo término, de la indiferencia con que el alcalde ha decidido llevar adelante un desarrollo urbano en total desapego con el sentir de sus mandantes. Para abundar el diagnóstico es preciso consignar, a modo de referencia, que el año 2000 se otorgaron 8 permisos de edificación, mientras el 2005 se extendieron 75 de esos permisos, es decir, 75 nuevos edificios solo en un año. Desde el 2006 en adelante no hay datos actualizados, sin embargo, a partir de esa fecha se generó el proceso de modificación del Plan Regulador que terminó en un derroche de recursos municipales por concepto de publicidad dando cuenta de un “cumplimiento” por parte del edil que para muchos terminó siendo solo “publicidad engañosa”, por cuanto no se hizo justa transparencia con difundir aquellos sectores donde hoy aun se mantiene una vida de barrio y pocos de sus residentes saben que allí se permitió levantar nuevos edificios de cuya construcción seremos testigos próximamente. Pese a que el único canal informativo comunal, “El ñuñoíno” entrega la visión unilateral acerca de estos temas, llevando a cada casa – obviamente- la visión del alcalde Sabat; cada vez de manera más recurrente el sentir ciudadano está revirtiendo el panorama. Hoy los vecinos por sí solos han comenzado a organizarse en distintos sectores, reclamando por la destrucción de construcciones históricas y espacios públicos de la comuna. Esos reclamos que en la sede municipal se consideran menores y sin sentido, están dando lugar a una histórica recolección de firmas que ha impulsado la Red Ciudadana por Ñuñoa, con el objeto de exigir un plebiscito comunal, es decir, para obligar a la autoridad a escuchar a los ciudadanos. En conclusión, las distintas manifestaciones y denuncias sobre lugares destruidos es la demostración de la existencia de un conflicto urbanístico grave y finalmente, será ese plebiscito el que de cuenta al alcalde primero: que las manifestaciones de vecinos son legítimas y no menores y, segundo: que las autoridades tienen el deber de hacer suyo el sentir de sus mandantes.
Concejalas del partido socialista, Danae Mlynarz (Ñuñoa) y Carola Rivero quien además postula como candidata a Alcaldesa de Independencia, interpusieron un “Téngase Presente” ante el Tribunal Constitucional ante la inminente resolución que debe adoptar ese organismo respecto de la distribución de la píldora de Anticoncepción de Emergencia, o píldora del día después y el Dispositivo Intra Uterino (DIU). Lo anterior, tras el requerimiento que, en ese sentido, presentaron hace un año, parlamentarios de la Alianza Por Chile, quienes argumentaron que tanto la PAE como la T de cobre, un tipo de Dispositivo Intra Uterino, tendrían efectos abortivos; el primero porque contiene levonegestrel y el segundo porque podría atentar contra un óvulo fecundado. En tanto, las concejalas, junto con precisar que ambos métodos de anticoncepción, son parte de una política pública que en su elaboración y desarrollo ha plasmado y reconocido el derecho personal e intransferible de toda mujer en cuanto a decidir en qué momento tener hijos, quedando descartado por anticipado el carácter abortivo de ambos. Asimismo, junto con señalar que el DIU forma parte de las políticas públicas de Fertilidad en Chile hace más de 40 años, precisaron que actualmente cerca de 1.500.000 mujeres utilizan ese método anticonceptivo, con lo cual calificaron el requerimiento de los parlamentarios como ejemplo de la visión “retrógrada” que tiene la Alianza sobre la planificación de fertilidad de las chilenas. En el Téngase Presente, interpuesto ante el Tribunal Constitucional, Danae Mlynarz y Carola Rivero, precisaron que quieren dejar constancia sobre los principios de equidad y justicia social que se ha logrado desde que, las normas de la autoridad de salud, reconoce el derecho a la libre elección respecto del método anticonceptivo a utilizar. La concejala de Ñuñoa, Danae Mlynarz, informó que durante el período de fiscalización ciudadana que encabezó en las farmacias de su comuna, constató que el incumplimiento en la venta de la píldora del día después superó el 60%, mientras que los precios variaron entre los 5.000 y 9.000 en distintos locales, además de la exigencia de una serie de requisitos no contemplados en la norma para concretar la venta, antecedentes que fueron puestos en conocimiento del Seremi de Salud de la Región Metropolitana. Finalmente, Carola Rivero señaló que lo que “esperamos hoy es avanzar hacia la comercialización de la Píldora de Emergencia sin receta en las farmacias como sucede en Argentina”.
Desde la década del sesenta, es decir, hace ya más de cuarenta años nuestro país ha avanzado en su política de planificación familiar, desde la entrega de Dispositivos Intrauterinos (DIU) hasta la Píldora de Anticoncepción de Emergencia (PAE) en el Sistema Público de Salud. De esta forma, se ejerce una política pública de equidad y justicia social en que las mujeres deciden cuándo desean tener hijos e hijas, relevando tal decisión como un derecho personal e intransferible. En los últimos 8 años hemos presenciado una arremetida de grupos conservadores de nuestra sociedad, que aseguran tener el derecho a determinar lo que es bueno y malo para todo el conjunto de la sociedad. Su lucha más emblemática la han librado contra la “píldora del día después”. Para impedir su comercialización y uso en el sistema público de salud han recurrido desde el boicot, a través de los laboratorios y la industria farmacéutica, hasta la impugnación judicial. Así, en su última incursión han recurrido al Tribunal Constitucional, señalando que tanto los DIU, con 40 años de uso en el sistema público, como la PAE contravendrían el derecho a la vida. Parece irrisorio tener que hacer claridad, a dos años del bicentenario, con una mujer Presidenta del país, que las mujeres y los hombres tienen derechos. Y es que es posible que estemos ante un retroceso en cuanto al fallo del Tribunal Constitucional en los derechos de las mujeres y somos nosotras las llamadas a procurar y, en definitiva, a garantizar que esta arremetida conservadora e involutiva no tenga éxito. Atendiendo a esta realidad las Mujeres de la Plaza Ñuñoa nos organizamos, y en una actitud de alerta y llamado de atención, a nuestro propio género y a la sociedad en su conjunto, decidimos ejercer una fiscalización ciudadana a las farmacias de nuestra comuna para exigir la venta de la PAE y denunciar públicamente el incumplimiento de aquellos que no sólo están al margen de la norma al no comercializar la píldora, sino que además están cometiendo abusos. El resultado de la fiscalización mostró que la mitad de las farmacias visitadas vendían el fármaco, que los criterios para entregarla cambiaban según el vendedor, farmacéutico o cadena farmacéutica. Así constatamos que un altísimo nivel de discrecionalidad en decisiones que terminan por definir quien tiene acceso a la píldora y quien no, dejando en evidencia no sólo las restricciones de acceso a un medicamento o el displicente incumpliendo de estas grandes cadenas “comerciales”, sino además la grave vulneración de un derecho que el Estado ha reconocido como tal. De hecho, la vulneración de tal derecho se tradujo -en muchas farmacias- en exigencias abusivas e intimidantes, como no vender la PAE si la receta médica no precisaba el domicilio particular y teléfono del titular de la compra o si la farmacia no tenía el fármaco con el mismo nombre de la receta, entre otras situaciones que al no precisarse en la norma se exigen arbitrariamente por parte de las farmacias. Se arrogan así el derecho de un tercero y atribuciones que la autoridad no les ha otorgado. Todo ello sin considerar las diferencias de precios que variaban de una semana otra, detectando un alza del 100% en varios locales. Ha sido una experiencia enriquecedora desde la perspectiva de la fiscalización ciudadana y como ejercicio validador de la sociedad en tanto consumidores y personas poseedoras de derechos. Sin embargo, lo más trascendente –a mi juicio- fue escuchar a la ciudadanía en medio de nuestras ruidosas protestas frente a las farmacias. Si bien esperábamos opiniones divergentes, la gran mayoría de los peatones compartía nuestra posición y nos expresó apoyo, aunque también debimos escuchar frases muy conservadoras y en ocasiones groseras y ofensivas, principalmente en boca de hombres mayores de 50 años, tales como ”Váyanse a la casa a cocinar” o ”Cierren las piernas si no quieren tener hijos”. En otros tiempos una frase tan brutal tirada al aire habría amilanado cualquier impulso de continuar, sin embargo, el entusiasmo propio de quienes creemos en una sociedad con más derechos para la mujer sólo nos hace pensar que nos queda mucho trabajo por hacer. Seguir adelante en nuestra acción fiscalizadora. Seguir adelante en nuestro intento porque en este país las mujeres no vivamos una involución en nuestros derechos. Seguir adelante para que las mujeres podamos ejercer nuestro derecho a decidir. Seguir adelante, es un derecho de la mujer Danae Mlynarz Puig
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