Este postgrado tiene por objetivo formar especialistas capaces de fundamentar y elaborar propuestas efectivas de acción en el ámbito de la intervención social, contribuyendo al desarrollo de la investigación aplicada y la reflexión en este campo. 

Frente a esta temática emergen tres reflexiones desde distintos ámbitos de mi vida profesional y laboral que me gustaría compartir con ustedes.

El primero, viene un poco desde el deber ser a la cruda realidad, o desde la academia a la práctica real.

A mí me enseñaron en la universidad que toda política pública es construida desde el saber por qué los recursos son escasos, entonces hay que actuar con eficiencia. Para ello existen una serie de pasos previos a su implementación: como la realización de un diagnóstico acabado de la realidad, consultando a los actores involucrados, dando cuenta de datos cuantitativos y cualitativos, construyendo líneas de base para comparar con posterioridad.

Luego la fase de diseño donde construimos en virtud de la fase de diagnóstico objetivos claros, líneas de acción, indicadores y medios de verificación, también nos vinculamos con los actores involucrados desde los beneficiarios hasta los implementadores para hacer un diseño lo más completo posible y obviamente, nuestra política cuenta con todos los recursos económicos asignados para operar con fluidez y una planificación de los tiempos comprometidos para lograr resultados e impactos adecuados.

Posteriormente, viene la fase de implementación con un proceso de inducción a los ejecutores para capacitarlos sobre todos los aspectos del programa u proyecto en sus diversos niveles. Evaluaciones de gestión mientras se ejecuta y se van visualizando sus resultados y finalmente una evaluación de impacto dónde yo tengo plena conciencia si la política pública implementada cumple con el cambio de la realidad objetiva propuesta.  

Yo quería trabajar en eso. En alguna fase, en alguna parte del proceso. Pero yo quería trabajar en políticas públicas para transformar la realidad social con claridad de hacia dónde íbamos. Es decir, con los pasos y la rigurosidad del método pero también con la claridad política de qué es lo quería lograr. Cuál es el sueño de transformación social que yo voy a ser realidad por medio de estos instrumentos.

Cuando logré desde distintos lugares trabajar en políticas públicas, específicamente, en políticas sociales ya sea implementado un programa en un municipio, realizando investigaciones desde centros de estudios, como jefa de Estudios de la Secretaria de Planificación de la Región Metropolitana, como concejala de una comuna de la zona oriente de Santiago, como asesora de la ministra de MIDEPLAN y como asesora de la Presidenta Michelle Bachelet me di cuenta que la realidad era otra.

Que muchos de esos pasos no se hacían, que a veces no existía un diseño, ni un diagnóstico, ni línea base. Que a veces los programas no contaban con los recursos adecuados, que las decisiones de cómo seguir se tomaban a puro olfato o considerando variables económicas más que cualquier otra. Que la participación en las decisiones de beneficiarios e implementadores era escasa o nula, y a mi juicio, lo más terrible, muchas veces no estaba claro qué es lo que quería cambiar, cuál era el sueño de transformación social con esa política pública.

Pero que a pesar de eso las cosas funcionaban. Se hacían. Y para sortear esa falta de método había que aprender otras habilidades e ir luchando para obtener más orden, sistematización, análisis y construcción de imagen objetivo.

Entre paréntesis no creo que con la Nueva Forma de Gobernar las cosas hayan cambiado. Es más estoy segura de ello. 

Lo que quiero plantear con esto es que si bien en los últimos 20 años se avanzó en planificación social en relación al periodo inmediatamente anterior, y se estableció un sistema de evaluación y de diseño de políticas públicas tanto desde el Ministerio de Hacienda, específicamente, la Dirección de Presupuesto donde se exige una planificación, una evaluación y se justifica cada gasto de recursos la variable principal a considerar es económica. Evaluación comprensiva del gasto. Como desde el Ministerio de Planificación con el Sistema Integral de inversiones.

No se avanzó con igual rigurosidad y recursos económicos involucrados en mejorar la calidad de nuestras políticas públicas. Lo que sin duda sería posible con más Ciencias Sociales y con más Política, con más investigación, sistematización, análisis e involucramiento de diversos actores. Quiero dejar súper claro, no lo veo solo desde una perspectiva tecnocrática de ir cumpliendo pasos en orden, y aplicar recetas sino que desde una perspectiva Política estratégica y Social. 

Para mejorar efectivamente nuestras políticas públicas tenemos que romper con la lógica de la supremacía absoluta, hegemónica diría incluso, de las variables económicas o de las ciencias económicas y avanzar en contraponer, sumar y evaluar desde perspectivas sociales y políticas.

Para ello el cambio debe venir no sólo de la superestructura diseñadora de grandes políticas que muchas veces vemos como algo lejano y sin rostro, sino que también a nivel de los implementadores, ejecutores y diseñadores de proyectos sociales. En los niveles de jefatura pero también en los niveles técnicos y profesionales.

Segundo, en la Universidad hago clases de dos ramos al mismo curso: Desarrollo Social y Políticas Públicas e Investigación Social a estudiantes de Trabajo Social de tercer año. Al comenzar el año partimos conversando sobre las expectativas de los ramos y me quedó la sensación que al de Políticas Públicas lo veían como algo lejano, demasiado macro y no asumían que muchas y muchos de ellos podrían terminar trabajando implementando una política pública y mucho menos pensar en diseñarlas o decidir sobre ellas.

En cuanto a investigación social lo veían con cierto temor y solo como un paso necesario para elaborar su tesis de grado pero no como un contenido útil para el ejercicio profesional.

Comenzamos el semestre entonces rompiendo esas sensaciones y explicando la gran coherencia que debería existir entre políticas públicas e investigación social y lo necesario que ambos ramos son para el ejercicio profesional del Trabajador Social.

Un profesional que muchas veces ejecuta, implementa, pero no por ello no es altamente necesario que conozca el contexto, el modelo, el sustrato de la política que ejecuta y que también tenga elementos para evaluar y sistematizar que ese trabajo que desarrolla esta sirviendo o no para modificar la realidad social.

Nadie puede intervenir profesionalmente sobre una realidad social que no conoce y sin un sueño de transformación que busca o anhela.

Para de esa forma, no sólo mejorar su propio ejercicio profesional, sino para que tenga elementos para “pararse” dentro de los cientistas sociales de igual a igual y entregar elementos para la toma de decisiones con respecto a la política pública con argumentos y datos.

Me parece clave que ustedes hayan querido complementar su educación superior desde este postgrado que combina precisamente ambas áreas.

Tercero, tiene relación con la claridad con respecto a ese cambio social, a la transformación o sueño que como profesionales queremos desarrollar desde cualquier espacio en el cual estemos situados. Para mi está fuertemente relacionado con la lucha por la desigualdad social y la mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. 

Los últimos estudios siguen ratificando que América Latina es el continente más desigual y que Chile, estaría dentro de los países más desiguales del mundo. Gran parte de la población presenta una escasa titularidad de sus derechos ciudadanos, “que en el terreno jurídico y político se manifiesta en una desigualdad fundamental en el acceso a la justicia y una escasa participación en las decisiones políticas, mientras que en las esferas económica y social se traduce en disparidad de oportunidades, inestabilidad laboral, bajos ingresos, impedimentos a la movilidad social -particularmente para las mujeres-, desconocimiento a la diversidad étnica y cultural, e indefensión al infortunio. De ahí que el principal desafío que enfrenta la región durante el presente siglo es el de construir sociedades más equitativas” (CEPAL, 2010). Dicha labor, sin duda, es la que debería movilizar todo el quehacer profesional del Trabajador Social. El cual se ha desplazado desde la asistencia social, a la promoción buscando una transformación social a las injusticias que nuestro mundo vive.

Hoy hablamos y escuchamos de la necesidad de establecer un Estado Social de Derechos Garantizados, que significa avanzar en “garantías a los derechos de equidad dirigidos a lograr una ciudadanía extendida en la que, además del respeto a los derechos civiles y políticos, los ciudadanos puedan gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales” (CEPAL, 2010). La tesis que adquiere relieve bajo estas posiciones es que para constituirse en miembros plenos de una sociedad, no basta con que a los ciudadanos se les reconozcan derechos sociales sino que es preciso que cumplan obligaciones comunes.  Así comienza a ser fuertemente tematizada la cuestión de los deberes sociales y, en particular, la relativa al rol que cabe en este proceso de construcción de ciudadanía a otros agentes sociales distintos a la burocracia estatal, es decir, a las familias y a la comunidad, a la sociedad civil.(Cunil en Ziccardi, 2004).

E. Jelin, señala “el concepto de ciudadanía hace referencia a una práctica conflictiva vinculada al poder, que refleja las luchas acerca de quiénes podrán decidir qué en el proceso de definir cuáles son los problemas comunes y cómo serán abordados.

La ciudadanía como los derechos están siempre en proceso de construcción y cambio. Y siempre deberíamos ir avanzando en ellos, fruto de nuestras luchas sociales. Una sociedad no debería tender a perder derechos, eso sin duda refleja un retroceso que no deberíamos permitir. Como observamos en las recientes manifestaciones en Francia, Gran Bretaña y últimamente, en España con las acampadas en la Puerta del Sol de los Indignados, o en el proyecto del post natal del gobierno que buscaba un trueque de derechos –te doy 12 semanas más pero te acorto el fuero y le pongo tope al subsidio- donde se pretenden suprimir ciertos derechos sociales adquiridos.

La ciudadanía, cuyo derecho básico se expresa como “el derecho a tener derechos”, es entonces más que un estatuto de derechos y responsabilidades, un conjunto de prácticas de participación civil, social y política en que diversos sujetos políticos instalan sus preocupaciones en la agenda pública (Marques-Pereira, 1997).

Diversos autores distinguen entre una ciudadanía pasiva, aquella ciudadanía formal, consagrada legalmente que supone sujetos de derechos protegidos por el Estado, y una ciudadanía activa, que requiere la existencia de sujetos políticos capaces de hacer exigibles sus derechos, de realizar prácticas autónomas, deliberantes y participativas. Hoy la crisis de la democracia que observamos, es de ciudadanos reclamando y exigiendo más democracia, más espacios para deliberar para vincularse con lo público, lo político.

Al Estado le corresponde la noción de rendir cuentas (accountability) y a la sociedad civil la responsabilidad de ejercer control ciudadano y desarrollar ciudadanía activa.

Ello significa que el Estado tiene una responsabilidad ante la ciudadanía y ésta a su vez, tiene como tarea exigir en conciencia el “derecho a tener derechos” y el cumplimiento de los compromisos sociales de los gobiernos en las materias correspondientes.

La ciudadanía dice relación con el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para actuar en el debate, gestión y fiscalización de la acción pública, con autonomía y poder.

Con la recuperación de la democracia durante la década de los 90 se estableció la plena imposición de las instituciones republicanas con el sistema de garantías que las caracterizan, afortunadamente se fueron erradicando las formas políticas más represivas y autoritarias que habían caracterizado al período anterior.

No obstante, pronto se vio que ello no era suficiente -aunque necesario- para un pleno involucramiento del conjunto de la ciudadanía en las principales decisiones políticas.  Abstención electoral, apatía, indiferencia por los asuntos públicos, pusieron de manifiesto que el importante paso dado para el regreso de la democracia y los derechos humanos no modificaban automáticamente estas actitudes.

Como dice Tony Judt en su último texto “Algo va mal”, “es la distancia entre la naturaleza intrínsecamente ética de la toma de decisiones públicas y el carácter utilitario del debate político contemporáneo lo que explica la falta de confianza en los políticos y en la política”.  

Se instala así el discurso de la participación que, es formulado desde muy diferentes posiciones.  Por lo tanto, en virtud de un elemental rigor conceptual es necesario aclarar, cuando se apela a la participación, el sentido que se está atribuyendo a esta convocatoria.

A mi juicio, es la intervención de los particulares en actividades públicas, en tanto, portadores de intereses sociales. Ello hace referencia a una relación entre Estado y sociedad civil, a una acción de ésta sobre el primero.

Diferenciar el concepto de participación ciudadana de otros tipos de participación -social, comunitaria y política- reservándolo para hacer referencia a las formas de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios, incorporando sus intereses particulares -no individual- respecto a determinadas temáticas. 

En el campo de las políticas sociales esta forma de inclusión de la ciudadanía parece particularmente necesaria para otorgar eficacia a una acción social del Estado que suele estar confinada al ámbito de lo estatal y no de lo público.  La idea central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores previamente definidas se pueden obtener mejores resultados que permitan avanzar en el camino de construir ciudadanía (Ziccardi, 2004).

El rol del Trabajador Social en su acción profesional debería incluir una concepción de la participación mediante la cual de lo que se trata es construir ciudadanía, promover el protagonismo autónomo de la sociedad civil, todo ello en un horizonte de transformaciones que conciban un tipo de sociedad muy diferente a la actual (Portillo en Zicardi, 2004).

La cultura hegemónica hoy expresada esencialmente a través del conjunto de dispositivos más mediáticos, alienta y consolida determinados valores y concepciones básicamente dirigidas al aislamiento individual, el consumo incontenible y la competencia, elevando a categoría absoluta la realidad del mercado como la medida de todo lo humano.

Una alternativa que se proponga profundizar la democracia y recuperar un activo papel al servicio de la justicia social, reclama cambios institucionales muy importantes tanto en lo que hace a las estructuras de las instituciones como en lo relativo a su dinámica (Portillo, 2004). Y ese también es un trabajo pendiente en el cual debemos enfocar nuestra acción y luchas.

El control social es “un tipo de participación ciudadana orientada al control, vigilancia y evaluación por parte de personas y/u organizaciones sobre programas y acciones gubernamentales, que promueve una rendición de cuentas vertical/transversal”. (Hevia, 2005).

Como forma de participación ciudadana, puesto que busca que los ciudadanos -organizados o no- puedan incidir en la esfera pública, ya sea formalmente, por medio de su inclusión en comités de obra, órganos colegiados, etc. o indirectamente, por medio de la activación de los sistemas de quejas y denuncias. Los ciudadanos deberíamos luchar por ampliar estos espacios y es un rol preponderante del Trabajo Social empoderar a los ciudadanos con respecto a cómo lograr avanzar en esos espacios, partiendo por dar a conocer nuestra reciente ley de Acceso a la Información Pública y la de Participación ciudadana en la gestión pública para que logre ser más que el enunciado de un nuevo derecho.

En resumen, podemos señalar que en un contexto de cambio en la orientación de la política pública. Con una sociedad fuertemente fragmentada y desigual, donde nuestro objetivo es generar una transformación social que genere mayor justicia social. Nuestra labor profesional debe avanzar en construcción de ciudadanía de nuestros sujetos de atención social, “es fundamental ampliar el espacio público frente a las fuerzas centrífugas que hoy tiene el espacio privado, de manera de crear más sociedad” (CEPAL, 2010).

¿Crear más sociedad para qué? Para crear un país con mayor justicia social, no podemos quedar indiferentes ante tanta injusticia, abuso y desigualdad! tenemos que tener un objetivo político y tenemos que tener la convicción que las cosas no están dadas, no son irreversibles, si podemos hacer algo por cambiarlas y tenemos la responsabilidad para hacerlo. Los avances de la humanidad en derechos humanos que se dieron durante el siglo xx con posterioridad a la segunda guerra mundial han sufrido en los últimos años un deterioro feroz. Los derechos impulsados por los Estados de Bienestar hoy se encuentran en cuestión y el orden del derecho internacional no es respetado y a nadie parece importarle. Que pasa en Guantánamo donde se legitima la tortura, que pasó con la condena internacional frente al asesinato de Bin Laden sin un juicio justo. Nosotros podemos y debemos hacer algo. Y en nuestro ejercicio profesional debemos optar entre VIVIR y pasar.

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• * Conferencia dictada en la Universidad del Biobio en la inauguración del año académico del Magíster en Intervención Social el viernes 27 de mayo de 2011.

• CEPAL, “60 años de la CEPAL”, compilador Ricardo Bielschowsky, CEPAL 2010.
• Jelin E, “La construcción de la ciudadanía: entre la solidaridad y la responsabilidad”, en Jelin  y Herschberg, Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina, Venezuela, editorial Nueva Sociedad 1996.
• Judt T, 2Algo va mal”, Taurus, México 2010, 172.
• Marques-Pereira B, “Los derechos reproductivos como derechos ciudadanos”, ediciones de las mujeres nº25, Santiago: ISIS Internacional 1997.
• Hevia F, “La Contraloría Social Mexicana. Acciones de participación ciudadana para la rendición de cuentas”, 2005.
• Ziccardi A, “Participación Ciudadana”, México 2004.