?Norma?-lizando la Participación Ciudadana en febrero

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En febrero de 2011 se promulgó la Ley de Asociación y Participación Ciudadana en la gestión pública (Ley 20.500), que consagró el derecho de la ciudadanía a incidir en las políticas, planes, acciones y programas del Estado. Ley que demoró seis años de discusión parlamentaria, vio la luz un verano hace ya cuatro años.

La Presidenta Michelle Bachelet el 6 de agosto de 2014 en el contexto de la celebración del día del dirigente social entrega Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana en la gestión pública señalando que “es necesario poner al día los lineamientos gubernamentales sobre la materia y comprometer coordinadamente a los órganos de la Administración del Estado en la implementación de acciones de articulación con la sociedad civil y sus organizaciones. Nuestro Gobierno entiende la participación ciudadana como un proceso de cooperación mediante el cual el Estado y la ciudadanía identifican y deliberan conjuntamente acerca de problemas públicos y sus soluciones, con metodologías y herramientas que fomentan la creación de espacios de reflexión y diálogo colectivos, encaminados a la incorporación activa de la ciudadanía en el diseño y elaboración de las decisiones públicas”.

Dentro de los cuatro objetivos estratégicos que se proponen para la ampliación y profundización de la democracia, mediante la efectiva participación ciudadana, se señala “fortalecer y dar institucionalidad tanto a la participación política como a la participación ciudadana en la gestión pública, garantizando que todos y todas tengamos el mismo derecho a incidir en las decisiones que nos afectan”.

Para ello dentro de otras medidas se busca la implementación completa de la Ley 20.500 estableciendo un plazo de seis meses desde el lanzamiento del instructivo presidencial, que vencen este mes de febrero de 2015.

Entre los aspectos que se considera es que todos los órganos de la administración del Estado (Ministerios y Servicios Públicos) deberán revisar y actualizar sus normas de participación ciudadana con el objeto de adecuar los mecanismos de participación de las personas y organizaciones en el ámbito de su competencia, buscando ampliar los niveles de participación desde lo consultivo hacia lo deliberativo. Estas normas deberán incorporar mecanismos obligatorios de participación consagrados en la ley (cuenta pública, consejos de Sociedad Civil, entrega de información relevante y consultas), y podrán establecer las demás herramientas que el instructivo entrega (audiencias públicas, presupuestos participativos, cabildos ciudadanos, encuentros de diálogos participativos y plataformas digitales participativas).

La máxima autoridad del país ha expresado su voluntad política de avanzar en participación y ha entregado lineamientos y plazos para Ministro/as, Subsecretario/as y Jefes de Servicios, ahora le corresponde a la ciudadanía avanzar en control social y conocer cuáles son las Normas de Participación Ciudadana de cada servicio, qué espacios entregan para incidir sin exclusión, permitiéndonos que la participación este normalizada en la gestión pública en Chile avanzando en el cumplimiento de un ley que este febrero cumple cuatro años promulgada. 

Qué pasará con los Intendentes?*

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Durante esta semana se habrá nominado a los hombres y mujeres que les tocará desempeñar la labor de intendentes durante el próximo gobierno, expectación sobre quiénes serán los seleccionados se observa con fuerza en el mundo político y social de las diversas regiones del país.

Por ello es importante recordar cuáles son las funciones que cumplen: elaborar y aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como su proyecto de presupuesto, los que deberá ajustar a la política nacional de desarrollo y al Presupuesto de la Nación. Resolver la inversión de los recursos que a la región correspondan en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Decidir la destinación a proyectos específicos de los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional que contemple anualmente la Ley de Presupuestos de la Nación. Dictar normas de carácter general para regular las materias de su competencia. Asesorar a las municipalidades, cuando éstas lo soliciten, especialmente en la formulación de sus planes y programas de desarrollo. Adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, y desarrollar programas de prevención y protección ante situaciones de desastre, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades nacionales competentes. Participar en acciones de cooperación internacional en la región, dentro de los marcos establecidos por los tratados y convenios que el Gobierno de Chile celebre al efecto y en conformidad a los procedimientos regulados en la legislación respectiva. Ejercer las competencias que le sean transferidas y mantener relación permanente con el gobierno nacional y sus distintos organismos, a fin de armonizar el ejercicio de sus respectivas funciones.

En el programa de gobierno de la Presidenta electa en relación a estas figuras se señala “en el plano político, nuestra convicción es que cada región debe elegir a las autoridades que representan mejor los anhelos, sueños y proyectos de la comunidad. Si hoy se eligen alcaldes, parlamentarios y Consejeros Regionales, ese mecanismo debe extenderse a la máxima autoridad regional, hoy su intendente o intendenta”. Por tanto, estos intendentes nominados deberían ser los últimos seleccionados de esta forma, para dar paso a la elección popular de ellos.

Los datos de los Intendentes desde 1990 (24 años) hasta hoy nos muestran que en algunos casos una persona ocupó el cargo hasta 3 veces. Al contar cada periodo por separado para las 13 regiones que habían hasta 2007, se observa un promedio de 10.1 Intendente por región. Es decir, un promedio de 2,4 años aproximadamente para cada gestión de promedio. Si sacamos a los más duraderos, como Renán Fuentealba y al actual senador electo Rabindranath Quinteros, la duración promedio baja considerablemente. La región que más intendentes ha tenido es la región Metropolitana (15), seguida por la región de O´Higgins (13). Al tiempo que la que más estabilidad ha logrado es Coquimbo con 5 intendentes.

De esta forma, se puede apreciar que si los intendentes fueran electos por periodos de 4 años su duración en el cargo sería mayor que la que presentan actualmente siendo nominados por el Presidente de la República. Sin duda para poder ejercer en plenitud su cargo y lograr consolidar equipos de trabajo regional eficientes y afiatados la estabilidad es una variable significativa. Más aún cuando se observa el surgimiento de una serie de conflictos regionales en los últimos años que deberían resolverse a nivel regional y no escalar directamente a La Moneda como ha pasado en este último gobierno. Sin duda para el desarrollo regional de nuestro país es necesario establecer una serie de políticas públicas tendientes a avanzar tanto en descentralización como en cohesión territorial.

* Publicada en www.eldinamo.cl

Desarrollo territorial y desigualdad: La otra brecha que revela la PSU*

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En Chile no da lo mismo el lugar donde se nace, vive, trabaje o estudie. Lo decimos con convicción cada vez que revisamos los indicadores de desarrollo desde una perspectiva territorial. Somos un país tremendamente desigualdad. Esto ha quedado en evidencia una vez más al visualizar los resultados de la última Prueba de Selección Universitaria (PSU).

Ya son conocidas las diferencias entre dependencia del establecimiento y el tipo de educación impartida, donde en la prueba de Lenguaje el promedio de los alumnos de colegios particulares pagados fue de 598 puntos, 128 más que lo alcanzado por estudiantes de escuelas municipales, que promediaron 470 puntos, y 98 más que los obtenidos por jóvenes de establecimientos particulares subvencionados, que llegaron a los 500 puntos (*). En la prueba de Matemáticas los estudiantes de colegios pagados (610 puntos promedio) tuvieron 142 puntos más que los de establecimientos municipales, éstos últimos promediaron solo 468; los alumnos de particulares subvencionados tuvieron un promedio de 499 puntos en dicho test. En tanto, los estudiantes de la modalidad Científico Humanista tuvieron puntajes promedios más altos en la PSU que los de la rama Técnico Profesional. Por ejemplo, en Lenguaje los primeros llegaron a los 521 puntos promedio, 75 más que los de establecimientos Técnico Profesional, que promediaron 446 puntos.

Al observar los resultados por regiones, vemos que quienes estudian en la Región Metropolitana obtienen en promedio en las pruebas de Lenguaje y Matemáticas, 514 puntos. Este es el promedio regional más alto, con las consiguientes mejores oportunidades de ingreso a la enseñanza superior respecto de quienes estudian en el resto del país. Además, los alumnos de la Región Metropolitana no sólo se ven favorecidos por un mejor promedio de puntajes, sino también por la multiplicidad de posibles accesos a la educación superior, pues en este territorio se encuentra la mayor concentración de universidades e institutos profesionales públicos y privados del país.

Le sigue la Región de Los Lagos con 500 puntos promedio. En tanto, O ´Higgins, Maule, Bio Bio y Aysén llegan a los 494, seguidas por las regiones de Antofagasta con 493, de Valparaíso con 492 y Coquimbo, con 490. Al tiempo que las con peor desempeño fueron: Arica-Parinacota con 471, Los Ríos con 482, La Araucanía con 482 y Atacama, con 489. La diferencia promedio en los puntajes entre la mejor y la peor región, muestra una brecha de 43 puntos entre la Metropolitana y Arica-Parinacota.

Al visualizar la brecha dentro de las regiones, podemos ver que Arica-Parinacota muestra una diferencia entre el puntaje comunal más alto (571 puntos) y el más bajo (413 puntos), de 158 puntos. Esta desigualdad dentro de las regiones se hace más evidente cuando observamos que dentro de la Metropolitana el rango entre el mejor promedio y el peor, alcanza 418 puntos, encontrándose en la comuna de Las Condes el más alto (712 puntos) y en Colina el más bajo (294 puntos).

Chile es un país con niveles inaceptables de desigualdad, donde las brechas entre los territorios del país son un componente muy importante del problema general. Preocupados por esta situación creemos que es fundamental, en este nuevo ciclo político que el país inicia, abordar el desarrollo con cohesión territorial, observando, develando y enfrentando estas brechas territoriales.

Para ello estamos convencidos que la Reforma Educacional debe considerar las desigualdades territoriales en todo el ciclo de la educación (pre-escolar, básica, media y superior) y contar con indicadores que permitan medir la cobertura y calidad a nivel comunal. Para esto, consideramos tres aspectos fundamentales. Primero, que en el escenario político actual están dadas las condiciones para avanzar en superar la dimensión territorial de la desigualdad. Segundo, que la solución al problema no se va a encontrar en la proyección de la misma estrategia de regionalización y descentralización de las últimas décadas y, tercero, que hace falta una Nueva Agenda Regional que ponga en común los recursos, capacidades y prioridades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los municipios, para construir una estrategia de largo plazo de desarrollo con cohesión territorial.

¿Por qué creemos que es imperativo avanzar en políticas que disminuyan las brechas sociales y avancen en cohesión territorial? Fundamentalmente, porque las desigualdades territoriales son una expresión de injusticia social éticamente condenable, debido a  que son el resultado de estructuras sociales y de reglas que perpetúan esas diferencias; no puede ser que en Chile existan ciudadanos de primera y de segunda categoría y que esto sea perpetuado por el Estado y sus políticas públicas.

También está claro que estas desigualdades territoriales constituyen un obstáculo al desarrollo, tanto para las personas, grupos y empresas que viven en los territorios rezagados, como para el desarrollo general de nuestro país; Chile está perdiendo posibilidades de aumentar su crecimiento y mejorar su desarrollo.

Por último, esta situación ha generado en los últimos años movilización social y descontento ciudadano que, al no ser considerado, va debilitando la confianza en las instituciones y horadando el fortalecimiento de la democracia en el país.

Mantenernos ciegos frente a esta realidad tan elocuente, seguirá siendo una barrera que impedirá el desarrollo social y económico de los chilenos, marcando  generaciones que no tendrán oportunidades por el solo hecho de nacer y estudiar en un territorio rezagado.

 

(*) Las cifras contenidas en esta columna de opinión corresponden a datos obtenidos desde el sitio web del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile, en www.demre.cl

* Publicada en www.ciperchile.cl

El secreto de la ficha*

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A principios de diciembre participe en un interesante seminario “Una nueva mirada sobre pobreza: del asistencialismo a lo promocional”, organizado por la Fundación de Superación de la Pobreza donde se estableció un debate sobre el sistema de focalización en Chile. En dicha ocasión se observaron las consecuencias subjetivas relacionales que estos sistemas han acarreado. Principalmente, porque junto con dar señales equívocas en torno al esfuerzo -por el aumento de los puntajes- también su aplicación ejerce una violencia simbólica hacia las personas que viven de manera más precaria. Por estas razones se exponía la necesidad de terminar con la focalización hacia los grupos más pobres centrándose en políticas universales y que identificaran o focalizaran en los más ricos para excluirlos de ciertos beneficios sociales. Dado que en nuestro país el tema de las vulnerabilidades sociales atraviesa a un significativo número de habitantes.


Este debate entra en contradicción con lo que ha sido la política del actual gobierno el cual desde el primer día se puso por misión el mejorar la focalización en los que más pobres o según sus palabras en “los verdaderos pobres”. Para ello creó una comisión de expertos el 2010 y luego cambió la unidad de focalización por la División de focalización en el Ministerio de Desarrollo Social cuya misión es implementar la Nueva Ficha de Protección Social.

Supuestamente durante el año 2012 se realizaría el proceso de refichaje y durante el año 2013 la Nueva Ficha estaría operativa, sin embargo, estamos comenzando el 2014 y se ha decidido cancelar su aplicación hasta que el nuevo gobierno tome la decisión, sin embargo, aún no se conocen aspectos sustantivos de su posible futura aplicación.

Si bien sabemos que la Nueva Ficha incluye preguntas sobre gastos, patrimonio, enfermedades catastróficas y que la información será validada por otras fuentes de información sustituyéndose el privilegio del autorreporte. No sabemos aspectos sustantivos, que hasta el día de hoy son un verdadero secreto:

  1. Cuál es el algoritmo de cálculo del puntaje de la Nueva Ficha y, por tanto, las ponderaciones de cada una de las variables o dimensiones.
  2. Cuántas personas que antes eran beneficiarios quedarán fuera de ellos con la nueva focalización.

Estas dos preguntas tuve la oportunidad de hacérselas al Ministro de Desarrollo Social en el seminario señalado, sin embargo, no obtuve ninguna respuesta. Hace pocos días se anuncia la suspensión del proceso, situación que parece acertada frente a la incertidumbre anteriormente señalada, sin embargo, nadie nos ha dado una explicación en relación a los recursos invertidos en un proceso no ejecutado, ni en las razones de los atrasos, ni por qué el proyecto estrella del Nuevo Ministerio de Desarrollo Social no vio la luz durante toda su gestión. Será un nuevo error del “gobierno de excelencia”, nos hemos acostumbrado a ellos pero eso no quita que como ciudadanos exijamos explicaciones.

La construcción y uso de este instrumento de focalización no es neutro en el sentido que responde a un Modelo de Desarrollo de la Política Social. La estigmatización y consecuencias de su aplicación así lo muestran, si bien el próximo gobierno comprometió en su programa un nuevo cambio a la Nueva Ficha, aún no sabemos las consecuencias que podría tener la aplicación de ésta. El próximo gobierno tiene la oportunidad de cambiar la mirada, sin embargo, frente a la situación de incertidumbre actual y de congelamiento de los puntajes debe estar preparado para un momento de transición de fácil operación. 

*Columna publicada en www.cooperativa.cl

Institucionalidad contra el Abuso*

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La sensación de abuso en nuestro país es algo latente, que se observa en estudios cualitativos y cuantitativos. Junto con la desconfianza que va horadando las relaciones humanas, la convivencia, el sentido de comunidad e incluso el régimen democrático. Sin embargo, la institucionalidad que el país tiene para proteger los derechos de las personas es bastante débil y han existido solo esfuerzos parciales para ir avanzando en fortalecerla. Sin duda la existencia de Superintendencias, Servicio Nacional del Consumidor y ley del consumidor han sido avances, aunque insuficientes por las reducidas competencias que poseen, la asimetría de información y el acceso a la defensa.

En el programa de gobierno de nuestra presidenta electa Michelle Bachelet, aparece una institución que existe en más de cien países del mundo para defender a las personas: el Ombudsman o Defensor del Pueblo. La que busca promover, defender y proteger los derechos de las personas ante los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de aquellos que presten servicios públicos.

Sin embargo, quiero recordar que no es la primera vez que esta institución aparece en un programa de gobierno, sino que ha estado muchas veces presente pero no se ha avanzado con decisión en ella.

La Reforma que crea el ombudsman en Chile está pendiente desde el año 1991, cuando su implementación surgió como recomendación de la comisión Rettig, el gobierno de Patricio Aylwin ingresó un proyecto que creaba el Consejo Nacional de Juristas y Defensor del Pueblo, el cual nunca fue tramitado en el parlamento, durante el gobierno de Frei Ruiz Tagle en 1997 se presenta un proyecto que crea la Defensoría Nacional del Usuario, el cual tampoco corrió mejor suerte. En el gobierno del Presidente Lagos en el año 2000 se ingresa un proyecto que crea el Defensor del Pueblo, el cual es reemplazado en el año 2003 por el que crea el Defensor del Ciudadano, este proyecto alcanza a tener urgencia del ejecutivo pero no prospera su discusión parlamentaria. Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet en el año 2007 se le hacen indicaciones a este proyecto, se le establece urgencia y comienza su tramitación legislativa. Siendo rechazado en el año 2008 en la Sala de la Cámara de Diputados por no alcanzar el quórum necesario.

El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet repuso el proyecto el año 2009 que creaba el Defensor de las Personas logrando la aprobación por la Cámara de Diputados del Proyecto de Reforma Constitucional. De esta forma, el proyecto logró por primera vez después de casi 20 años avanzar en su primer trámite legislativo, quedando radicado en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado. En la campaña presidencial del año 2009 todos los candidatos se manifestaron de acuerdo con la figura, incluso el actual Presidente Sebastian Piñera lo presentaba, como una de las medidas a desarrollar en su primer año (según Revista Qué Pasa). Sin embargo, durante todo su mandato nunca tuvo urgencia a pesar que los Organismos de Naciones Unidas han recomendado su existencia en el país para velar por los derechos humanos.  

Hoy el Defensor nuevamente está en el programa, esperemos que esta vez pueda dejar de ser un proyecto y se convierta en una realidad, para ello es necesario no sólo estar en un programa de gobierno sino que tener los votos en el Nuevo Parlamento. 

*Publicado en www.eldinamo.cl

Una nueva Agenda Regional para el Desarrollo*

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Ahora que tenemos Presidenta electa y luego de terminadas las fiestas de fin año, se hace indispensable ponerse a trabajar en los pasos que seguirá el nuevo gobierno para implementar su nutrida agenda de cambios y trasformaciones que Chile requiere. 

Chile es un país con niveles inaceptables de desigualdad, donde las brechas entre los territorios del país, son un componente muy importante del problema general. Preocupados especialmente por esta situación creemos que es fundamental en este nuevo ciclo político que Chile inicia abordar tres proposiciones fundamentales: Primero, que en el escenario político actual están dadas las condiciones para avanzar en superar la dimensión territorial de la desigualdad. Segundo, que la solución al problema no se va a encontrar en la proyección de la misma estrategia de regionalización y descentralización de las últimas décadas. Tercero, que hace falta una nueva agenda regional que ponga en común los recursos, capacidades y prioridades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los municipios para construir una estrategia de largo plazo de desarrollo con cohesión territorial.

De esta forma, emerge la Nueva Agenda Regional para el Desarrollo que se hace cargo de una serie de debates e investigaciones que se han ido desarrollando en Chile en centros de estudios públicos y privados, nacionales y regionales sobre esta realidad de desigualdad territorial.

¿Por qué creemos que es imperativo avanzar en políticas que disminuyan las brechas sociales y avancen en cohesión territorial? Fundamentalmente por tres motivos muy distintos pero a la vez complementarios para que Chile sea un mejor lugar donde vivir:

Las tremendas desigualdades territoriales, que son una expresión de injusticia social éticamente condenable porque en buena medida son el resultado de estructuras sociales y de reglas que perpetúan esas diferencias. No puede ser que en un país existan ciudadanos de primera y de segunda categoría y que esto sea perpetuado por el Estado y sus políticas públicas. Estas desigualdades constituyen un obstáculo al desarrollo, en primer lugar de las personas, grupos y empresas que viven en los territorios rezagados, pero también al desarrollo general de nuestro país. Chile está perdiendo posibilidades de aumentar su crecimiento y mejorar su desarrollo. Esta situación ha generado en los últimos años movilización social y descontento ciudadano que al no ser considerado va debilitando la confianza en las instituciones y horadando el fortalecimiento de la democracia en el país.

Las aristas para hacerse cargo de este problema son variadas pero como es el momento de priorizar para gobernar hemos destacado cuatro de ellas:  

Elección de intendentes o presidentes regionales por sufragio universal.

Transferencia de competencias desde los servicios de fomento productivo (Corfo, Indap, Sence, Sercotec y Sernatur) y del Serviu a los gobiernos regionales. De forma gradual, aunque completa y debe acompañarse por el traspaso de los correspondientes recursos materiales, presupuestarios y humanos.

Avanzar hacia la descentralización fiscal, generando la posibilidad de que existan impuestos de origen y destino regional, y estableciendo presupuestos regionales cuyo detalle vaya en la misma ley de Presupuestos que anualmente se discute en el Congreso.

Crear una ley un Fondo de Convergencia Regional que tenga por propósito la reducción de brechas en dimensiones como educación, salud, trabajo y género, estableciendo niveles mínimos de bienestar, ejercicio de derechos y acceso a oportunidades para todos los territorios.

Estas medidas no modifican de manera inmediata la lógica sectorial y centralista con que se diseñan e implementan la mayor parte de las políticas públicas en nuestro país, pero pensamos que sí son suficientes para dar inicio a un cambio político y cultural de envergadura, necesario para avanzar hacia un desarrollo con cohesión territorial. Tras ese cambio cultural, será mucho más factible pensar que medidas específicas para reducción de brechas sectoriales con presencia territorial. Para de esta forma, avanzar en equidad, en justicia social, en desarrollo y en democracia para Chile. 

* Para conocer propuesta completa y análisis visite de Berdegué, Fernández y Mlynarz (2013) http://www.rimisp.org/wpcontent/files_mf/1383848124DOC26NuevaAgendaRegionalBerdegueFernandezMlynarz.pdf

http://www.elmostrador.cl/opinion/2013/12/20/el-primer-paso-del-nuevo-gobierno-nueva-agenda-regional-para-el-desarrollo/

El desafío de la participación: referendo e iniciativa legislativa popular en América Latina y Europ

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La eventual recepción de fórmulas participativas en Chile: particularidades y desafíos*

Quiero agradecer la posibilidad de comentar el texto de Francisco, aunque uno a fin de año, empieza a desconfiar si es una oportunidad o un castigo, abrazar una nueva responsabilidad. Sin embargo, quiero inclinarme por la primera opción y verlo como una oportunidad para reflexionar sobre un tema que ha estado presente en mis trabajos académicos de los últimos años como en la actividad política que también desarrollo.

El autor comienza este capítulo con una frase que llama la atención “Chile fue uno de los primeros países de Latinoamérica en llevar adelante reformas constitucionales en materia de participación ciudadana y, por lo demás, el primer Estado de la región en ratificar mediante referendo su Constitución en 1925”.   

Señalo que llama la atención porque esta situación del siglo pasado está lejos de la realidad actual que desarrolla este capítulo y que da cuenta del acotado avance en temas de participación directa que tenemos en Chile. Observando con tristeza cómo de haber estado en la vanguardia en la materia, hoy nos encontramos en la retaguardia y los países vecinos nos han sobrepasado con creces.

Es así como el capítulo da cuenta de los avances en la materia desde la Constitución de 1925, las reformas del año 1953 donde se entregan facultades especiales al Presidente de la República para incrementar la participación ciudadana en la gestión de políticas públicas. El programa de gobierno de Frei Montalva donde la participación ciudadana fue uno de los tres ejes, se enfatiza en la ley denominada de promoción popular del año 1968,  y en los cambios que se forjaron durante la Unidad Popular donde se buscaba establecer el Poder Popular aprobando la reforma constitucional para reconocer a las organizaciones de la sociedad civil en la Constitución el año 1971 y que generó dos grandes mecanismos: el Comité de la Unidad Popular que luego se transformó en las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP) y la creación de los cordones industriales y comandos comunales.  

Hasta el golpe de Estado donde en cierta forma se responsabiliza a estos avances de la crisis política, y ahí el autor cita a Jaime Guzmán, cosa que yo no hare en esta presentación.

Sin embargo, estos antecedentes entregan explicaciones con respecto a lo que se expone a continuación que son las limitaciones de la Constitución del 80 a la participación y a lo poco que se ha avanzado durante el retorno a la democracia en la materia, existiendo un miedo transversal de una generación fuertemente golpeada por la dictadura en relación al incremento de la participación y al énfasis en la gobernabilidad como excusa para no avanzar al respecto.  

Dentro de las limitaciones de la Constitución un aspecto novedoso para mi es el que se expone en relación a la sustitución de la soberanía popular, eje de la teoría democrática, por la soberanía nacional hasta el día de hoy presente en nuestra carta fundamental a pesar de todas las modificaciones que ha tenido y que llevan a que Ruiz Tagle la denomine “Constitución Gatopardo” mientras más se reforma más retiene su rasgo autocrático y presidencialista.  Además de aquellos aspectos relativos al régimen de gobierno, sistema electoral, deberes y prohibiciones a la participación y tratamiento del derecho de participación.

A continuación en el capítulo se aborda el mecanismo para la reforma constitucional del plebiscito nacional presente en la Constitución de 1925 y nunca utilizada y, en la del 80 donde sólo ha sido utilizado en su normativa transitoria: aprobación de actual Constitución en septiembre 1980, definición de continuidad del gobierno del general Pinochet en octubre de 1988 y para establecer las modificaciones mínimas que permitirían dar inicio a la transición chilena en junio de 1989. Este es el único mecanismo de democracia directa existente en la Constitución chilena.

Aquí es donde yo quedo con gusto a poco en relación al texto, porque no alcanza a incluir reflexiones que sabemos que el autor ha tenido durante este año, en relación a qué cambios y cómo se pueden hacer para lograr cambiar está Constitución ilegítima y que por todas partes hace agua. Quizás más que criticar su ausencia es un aliciente a un nuevo texto o a un trabajo mancomunado de poner en la agenda pública a través de un lenguaje comprensible esta problemática y en ese sentido un punto de inicio significativo es la sistematización que nos entrega el texto.

A continuación el texto expone la situación del plebiscito a nivel comunal mostrando su escaso uso como mecanismo, sólo cuatro casos, y las paulatinos cambios que ha tenido su legislación desde el año 1989 hasta hoy donde para lograr un plebiscito comunal por iniciativa popular hemos transitado de la recolección de firmas de un 20% del padrón en 1990, a 15% en 1991, 10% en el año 2000, 5% en el 2011 con la Ley de Asociación y Participación Ciudadana en la gestión pública y el retorno al 10% en enero de 2012 con la Ley de Inscripción Automática y Voto Voluntario. Aquí quiero hacer una precisión al texto en relación a qué ya en esa modificación quedo referido no al padrón electoral sino que a los votantes de la última elección municipal, situación que también se incluía en el proyecto remitido por el Ejecutivo en el año 2006.

Luego se evalúan las consecuencias de la ley de Asociación y Participación Ciudadana en la gestión pública promulgada en el año 2011 y sus inexistentes mecanismos de democracia directa, ley que me ha tocado monitorear su implementación la que sin duda ha mostrado escasos avances en la materia.

El capítulo termina señalando que existen dos caminos para avanzar en la democratización de Chile: primero, recuperando las características que singularizaron su modelo representativo. Esto significa restablecer la igualdad entre nación y pueblo elector, eliminando además las regulaciones descritas en este capítulo que inhiben los derechos de participación y asociación. En segundo lugar, avanzando en mecanismos de democracia directa como los descritos en este libro considerando la experiencia comparada y las características e idiosincrasia de nuestro país. Considerando siempre ambas alternativas; mejorar la representación y establecer nuevas fórmulas de participación lo que no es un proceso excluyente. El autor destaca que la experiencia comparada evidencia que avanzar en estos dos caminos favorece una mutua sinergia.

Extrañe la ausencia en el análisis sobre la participación en la Constitución del 80, considerando la profesión del autor, sobre su inexistencia como derecho fundamental y las consecuencias que esto tiene para la viabilidad que el nuevo derecho a participar en la gestión pública que emerge de la ley 20.500 opere cuando entra en colisión con otros derechos fundamentales presentes en la Constitución como por ejemplo el derecho a propiedad. Creo que este tema no puede estar ausente de la discusión que hay que fomentar en el país durante el próximo gobierno para dar inicio a un nuevo ciclo político, frente a la Nueva Constitución que Chile necesita. La cual debiera consagrar como derechos fundamentales no sólo el derecho a participar, sino también el de acceso y transparencia a la información pública y el acceso a la conectividad a las redes digitales de información y comunicación.

Quiero terminar haciendo una invitación y un llamado entre todas y todos los que nos encontramos hoy presentes en este lanzamiento, miembros de la academia, de la sociedad civil, de la política, a ser capaces de articular una agenda social y política viable para avanzar en Participación Ciudadana en Chile, para dejar atrás los temores de la ingobernabilidad y establecer una nueva gobernanza donde podamos hablar de nuestra Constitución para empezar a hablar de nuestro país.  

*Comentario al Texto de Francisco Soto Barrientos en lanzamiento libro, 5 de diciembre 2013 Librería GAM

Ciudadanía Activa para Chile

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Este domingo tengo candidata y además marcó AC, que quiere decir eso, que quiero una nueva Constitución para Chile a través de un proceso democrático, deliberativo y participativo: una Asamblea Constituyente.  Marcar AC es la expresión de una CA, que quiere decir eso, una Ciudadanía Activa.

Diversos autores distinguen entre una ciudadanía pasiva, aquella ciudadanía formal, consagrada legalmente que supone sujetos de derechos protegidos por el Estado, y una ciudadanía activa, que requiere la existencia de sujetos políticos capaces de hacer exigibles sus derechos, de realizar prácticas autónomas, deliberantes y participativas.

La ciudadanía activa pone junto a los derechos, la noción de responsabilidad que los ciudadanos tienen con la comunidad política a la que pertenecen. Se trata de una ciudadanía que va más allá del interés personal y se suma al interés colectivo a partir del sentido de justicia y de responsabilidad.

Para que la Ciudadanía Activa sea posible al Estado le corresponde la noción de rendir cuentas y a la sociedad civil la responsabilidad de ejercer control ciudadano y desarrollar ciudadanía activa. Ello significa que el Estado tiene una responsabilidad ante la ciudadanía y ésta a su vez, tiene como tarea exigir en conciencia el “derecho a tener derechos” y el cumplimiento de los compromisos sociales de los gobiernos en las materias correspondientes.

La ciudadanía dice relación con el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para actuar en el debate, gestión y fiscalización de la acción pública, con autonomía y poder.

Como señala Nuria Cunil (2004) para tener una ciudadanía activa no da lo mismo cualquier Estado, sino que requerimos de un Estado fuerte y dispuesto a avanzar en instituciones que validen la solidaridad, la diversidad, la deliberación dentro de una cultura hegemónica que no enfatiza estos valores.

Es por eso que tengo candidata, tenga clara mi preferencia pero nunca más los chilenos y chilenas debemos entregar nuestra soberanía popular a los representantes quedándonos mientras gobiernan en nuestra vida familiar, laboral y privada. Sino que debemos desarrollar una Ciudadanía Activa obligándolos a cumplir con las promesas de campaña, a considerar nuestras demandas, a avanzar en una nueva gobernabilidad que se hace con nosotros y no a espaldas del Pueblo. Ese es el nuevo Chile que quiero, el que hay que refundar a través de una Nueva Constitución en un proceso donde todas y todos despertemos y estemos dentro.

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Urgencia de Nuevas Políticas Públicas

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La desigualdad territorial no sólo ha estado presente en el origen de la mayoría de las movilizaciones ciudadanas que las regiones y comunas han vivido en los últimos años, sino que hoy además, es un tema presente y con apoyo ciudadano en las encuestas. Así se ha visto en los resultados de la última encuesta CEP; donde el 73% de los encuestados está a favor de medidas para descentralizar el país, iniciativa que está incluso por sobre una reforma tributaria y cambios al sistema binominal. Al desagregar esta información por grupos se puede apreciar que son los adultos entre 35 y 54 años, de nivel socioeconómico medio y pertenecientes al centro y a la centro izquierda quienes más aprueban este tipo de reforma para Chile.

Ya la encuesta Auditoria a la Democracia del año 2012 mostraba que el 72% estaba muy de acuerdo y de acuerdo con que “el Estado debería asignar más recursos para el funcionamiento de las instituciones regionales y comunales” y el 66% con que “los gobiernos regionales y locales deberían tener mayor autonomía financiera para la realización de programas y proyectos públicos”.  Mientras que el 87% conoce a su alcalde o alcaldesa, solo el 21% conoce a su intendente y 18% al gobernador o gobernadora.

Lo asombroso es que estos llamados de atención de la ciudadanía, incorporados en mayor o menor medida en los programas de gobierno, no se han reflejado en la discusión país que se llevó a cabo en los debates presidenciales, dejando fuera un tema de interés para 17 millones de chilenos y chilenas. Pero por sobre todo para el 60% que vive fuera de la Región Metropolitana.

No se han incorporado en los debates presidenciales propuestas tan relevantes como la elección directa de intendentes; la creación por ley de un fondo de convergencia regional; reformas a la institucionalidad encargada de generar información estadística y tributaria para asegurar datos regionales; o la implementación de programas de superación de la pobreza que garanticen un ingreso básico, donde el monto y los criterios de asignación sean territorialmente diferenciados; o el contar con médicos especialistas en diversos territorios y mejorar la calidad de la salud pública; indispensables para un país que aspira al desarrollo.

Estamos convencidos de que si no incorporamos medidas concretas, la necesidad de descentralización no se materializará y el desarrollo regional quedará nuevamente en el olvido de las prioridades de la agenda gubernamental. Por tanto, es clave que las políticas públicas incorporen el concepto de cohesión territorial para que ningún territorio tenga niveles de bienestar por debajo de los mínimos que como sociedad consideremos indispensables y podamos avanzar en justicia social. Es por ello que RIMISP Centro latinoamericano de Desarrollo Rural ha implementado un monitoreo de las propuestas de los nueve candidatos y candidatas presidenciales en relación a esta material que se puede encontrar en http://www.rimisp.org/contenido/propuestas-candidatos-presidenciales/ para que como ciudadanos y ciudadanas votemos informados y posteriormente desarrollemos control social para avanzar en esta nueva y necesaria política pública. 

Cohesión Territorial en programas y debates

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Quedan menos de 50 días para las elecciones presidenciales y parlamentarias, así se entra de lleno en la parte final de las campañas. Los y las candidatas empiezan a entregar sus programas y se preparan para dar a conocer sus propuestas en los distintos debates. Es un momento propicio para analizar cuál es la importancia que distintos candidatos le dan a los temas. Cuáles son sus prioridades y también cuáles son sus ausencias. Así como también de qué forma o cómo pretenden hacerse cargo de ellos.

Cuál es la sintonía que los candidatos y candidatas muestran con las demandas expuestas por la ciudadanía en los últimos años. Sin duda un tema relevante que concitó una importante movilización ciudadana es el tema de la educación, pero no es el único. Durante los últimos años la ciudadanía desde diversos territorios ha expresado un descontento con las brechas territoriales que sufren.

Estas desigualdades territoriales se han expresado en Punta Arenas, Aysén, Freirina, Calama, Quellón, Corral y Tocopilla. 

El destino de la mayoría de los chilenos y chilenas depende en gran medida del lugar donde se nace, crece o vive, y no de sus capacidades y esfuerzo, porque las oportunidades de desarrollo y bienestar están concentradas en unos pocos territorios, en desmedro de otros. Situación que quita oportunidades de desarrollo para el país, lo que según los expertos implica empezar a perder capacidad de crecimiento.

Este contexto electoral, de programas y debates es oportuno para apreciar que proponen los diversos candidatos y candidatas para disminuir esta significativa desigualdad e injusticia que observamos en el país. Brechas a nivel de calidad del empleo, formalidad, sueldos, ingresos per cápita, cobertura y calidad de la salud, infraestructura y conectividad, cobertura y calidad de la educación escolar, técnica y profesional, entre otras.  Muchas de estas brechas sectoriales a nivel territorial son evidentes y no podrán disminuirse con políticas públicas que sean ciegas a ellas como ha ocurrido en muchas oportunidades.

Es imprescindible un cambio en la mirada para avanzar en cohesión territorial entendida como los cambios requeridos para que las personas en cada territorio tengan similares oportunidades de desarrollo y que ningún territorio tenga niveles de bienestar por debajo de los mínimos que como sociedad consideremos indispensables.

Chile requiere más que descentralización, requiere un desarrollo con cohesión territorial, no se trata sólo de transferir poder desde el nivel central de gobierno hacia el nivel regional, situación que es del todo necesaria, sino que es urgente que en los territorios se potencie una verdadera revolución de capacidades y emprendimientos.

 

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