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El 10 de marzo dejo mi puesto como Presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas. Siempre supe que ese día dejaría mi cargo, no sólo porque es un puesto de confianza de la Presidenta de la República, de esos que llaman “puestos políticos”. Dejo el cargo, porque es lo que corresponde. Me honra hacerlo. Las personas con vocación pública creemos en proyectos políticos, en el valor de la lealtad y por supuesto realzamos la importancia de la historia, allí donde otros aprovechan discursillos mediáticos del momento para encajar su nada disimulado oportunismo.
Hoy se ve, por ejemplo, que la expresión “gabinete técnico” se vuelve sustantiva en los diarios representantes de grandes intereses corporativos. “Gabinete técnico” aquí. “Gabinete técnico” allá. Se atribuye a las nuevas autoridades (cito textualmente al diario El Mercurio) “sentido de grandeza, elevación de miras e independencia de criterios”, como si fueran de otro planeta y estuvieran dotadas de una naturaleza aséptica y sublime.
Ante esta extraña dinámica del discurso parece necesario mostrar las credenciales propias: En mi caso, como es sabido, tengo dos carreras profesionales de la universidad que hoy concita el mayor número de ministros del nuevo gabinete designado y un magíster.
Luego, como abriendo espacio al transfuguismo, la administración entrante aduce el “amor a Chile” para convocar a un supuesto “gobierno de unidad nacional”. Ahí se ve otra vez el jueguito de palabras para dar cabida a que los oportunistas del momento tengan de qué agarrarse para aparecer presentables y serios. ¿Qué significa todo esto! Los diarios ensalzan a aquellos que ayer adherían al proyecto concertacionista porque ahora se requeriría una supuesta “unidad nacional”, y así no falta el que trafica su consistencia, que en realidad era puro espejismo:
"Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros”.
El dicho acuñado por Groucho Marx está más vigente que nunca por estos días en Chile. Y es delirante. Y muestra la obscenidad de algunos.
Con toda honra les digo a ustedes que a mí me gustó mucho trabajar por Chile estos 4 años junto a la Presidenta Michelle Bachelet en un proyecto que compartía, donde la prioridad era mayor inclusión social, un Chile con mayor protección y justicia social para todos y todas. Un Chile menos discriminador, un Chile que asume la diversidad, un Chile que cree en la igualdad de oportunidad, en la equidad de género y en la corresponsabilidad de las familias.
Yo no trabajo en cualquier proyecto y bajo el mando de cualquier jefe.
Creo que efectivamente la oportunidad de trabajar en el servicio público es única. Es una forma de entregar lo que se ha aprendido y se va descubriendo en el camino para avanzar en mayor desarrollo y justicia, no sólo para que un empleador se enriquezca más, sino para que tú país, sus ciudadanos, tengan mayores oportunidades, más derechos y mejor calidad de vida. Eso sin duda no se encuentra en cualquier trabajo.
Como dijo Confucio: En un país bien gobernado, debe inspirar vergüenza la pobreza. En un país mal gobernado, debe inspirar vergüenza la riqueza.
Agradezco la confianza y la oportunidad de haber trabajado desde la campaña con la Presidenta Bachelet para luego aportar a su gobierno desde la Comisión Defensora Ciudadana; haber dirigido un equipo con todas las dificultades y aprendizajes que eso conlleva; haber podido conocer el funcionamiento de todas las reparticiones públicas y los principales problemas del Estado en la entrega de servicios y la efectividad de garantizar derechos hacia sus ciudadanos; y haber sugerido políticas concretas que pueden mejorar la calidad de vida de las personas. Me refiero al:
- Proyecto que tipifica el “grooming” como delito; hoy en segundo trámite legislativo.
- Necesario cambio en la política de licencias médicas y modernización de las COMPINES, que ha mostrado avances, pero que sin duda queda mucho por hacer.
- Proyecto que pretende evitar la victimización secundaria en niños y niñas víctimas de delitos violentos.
- La implementación del Ciudadano Incógnito en los servicios públicos, como una herramienta para mejorar la atención al usuario.
- El desarrollo de la Encuesta Nacional de Derechos Ciudadanos, que permitió conocer la percepción de las personas en relación con la vulneración de derechos en los servicios públicos del país.
- Necesario cambio en el currículum escolar, donde se incluya un curso en Derechos Humanos desde la infancia, que permita a los futuros ciudadanos conocer sus derechos y deberes y aportar así a la democratización del país.
- Y formas de mejorar la política carcelaria, en pos de garantizar los derechos de las personas y su rehabilitación en el nuevo sistema de cárceles concesionadas.
Sin duda, la materia pendiente de la gestión es no haber logrado la tramitación final del proyecto que crea la Defensoría de las Personas en Chile, como un órgano autónomo y descentralizado, que vele por la promoción, defensa y protección de los derechos de las personas en los servicios públicos. Aunque al menos avanzamos en el primer trámite legislativo, el proyecto se encuentra en el Senado, en espera de la consecuencia de la clase política, que ha señalado en campaña que está de acuerdo con su aprobación.
Desde otros espacios seguiremos expectantes a su tramitación, porque estoy convencida que Chile necesita esta institucionalidad, que no sólo protege a las personas, sino que permite avanzar en democracia, en garantías de protección social y en la eficiencia del aparato público.
Quiero agradecer a las personas con quienes trabajamos en este proyecto colectivo, al equipo humano y profesional que en forma entusiasta y mucha motivación no sólo se hizo eco de estas tareas, sino que fuimos capaces de inventarlas, a veces sin muchos recursos financieros o materiales.
Gracias Presidenta por invitarme a trabajar en su proyecto. Hoy tengo mucha mayor claridad de lo que Chile necesita para el futuro y eso es lo que nos queda construir desde la sociedad civil.
Más allá del adjetivo con que cada cual podría calificar al sistema concesionado de cárceles instaurado durante los gobiernos de la Concertación, corresponde identificar los principales avances y temas pendientes de este sistema, en momentos en que Chile enfrenta un cambio de administración.
La Comisión Defensora Ciudadana ha dado a conocer por estos días un informe atinente, que compara recintos del nuevo sistema con el antiguo. El déficit de infraestructura, alimentación y seguridad en las cárceles antiguas es ya conocido por la ciudadanía.
Poco se ha dicho, sin embargo, de los temas pendientes en las nuevas cárceles público-privadas. Todo juicio al respecto debe dar por sentado que estamos ante un avance en cuanto a las condiciones de vida de reclusos y reclusas. La existencia en estos nuevos recintos está mucho más cerca de cumplir ese supuesto tan crucial como obviado, que señala que el castigo de la persona recluida es dictado por los tribunales de justicia y se refiere exclusivamente a la pérdida de libertad, no al trato indigno y degradante.
Chile avanza hacia el primer objetivo básico de reducción del hacinamiento, para lo cual se proyecta la construcción de nuevas cárceles, y es dable suponer que la política antidelincuencia de la nueva administración, según se ha dicho, tienda al incremento de la necesidad de infraestructura carcelaria, que a la fecha se expande a 10% anual.
Ya se observa que las cárceles concesionadas operan a 119% de su capacidad. Es decir, 1% debajo del límite legal que obligaría al fisco a pagar una multa diaria al prestador. Aun cuando este sobre-uso dista del registrado en penales tradicionales, ese 19% significa que hay celdas individuales (de seis metros cuadrados) que deben ser habitadas por dos reclusos.
En materia de seguridad, estos recintos destacan por su estándar de segregación de la población (según nivel de compromiso delictual) y baja posibilidad de fuga, basados especialmente en su estructura de hormigón. Sin embargo, se registra un déficit en el ámbito de la construcción del establecimiento, para diferenciación de espacios según la mencionada segregación de la población penal: ausencia de materiales distintos del hormigón, no utilización de pinturas de colores en patios, pasillos, etcétera. La seguridad de los espacios no está relacionada con la complejidad de los internos, sino que se utiliza un solo modelo para toda la población penal.
La disponibilidad de mayor espacio debería facilitar la programación de actividades y talleres, con la finalidad de asegurar la motivación de la población penal. Aquí se evidencian avances comparativos. La cantidad de estos talleres de capacitación está fijada contractualmente entre el Estado y el concesionario. Sin embargo, falta velar por la regularidad de estas actividades.
El tenor de las deficiencias de las cárceles concesionadas se relaciona con la validez, efectividad y eficiencia de los conceptos de productividad y rendimiento aplicados al ámbito carcelario. Dejando constancia del avance, corresponde plantear la inquietud respecto del enfoque analítico del funcionamiento de este tipo de sistema público-privado, pues tiende a anularse la mirada integradora del proceso de reclusión, con impactos no medidos sobre los usuarios. El nuevo sistema presenta avances notables y al mismo tiempo asignaturas pendientes en segregación y rehabilitación, cuestiones difíciles de operacionalizar desde un enfoque principalmente económico (análisis costo/beneficio) y formal de la prestación de servicios carcelarios.
Con alarma en la exposición de los últimos resultados de la encuesta bicentenario Universidad Católica y Adimark se señala la correlación entre estos y los últimos datos de fecundidad en Chile que muestran una intensa caída de la tasa de natalidad, alcanzando a 1,9 hijos por mujer. Cifra que se encuentra por debajo de la llamada “tasa de reposición”, es decir; de lo necesario para renovar la población actual (2,1 hijos por mujer).
De hecho me acabó de dar cuenta que estoy bajó la tasa de reposición en mi aporte a la sobrevivencia de la especie. Aún cuando con dos hijas me doy por satisfecha y feliz.
Las principales razones expuestas en la encuesta por las mujeres para no tener más hijos son de orden económico bastante obvias asumiendo el sistema de bienestar o de insipiente Estado de Protección Social existente en Chile, por tanto, la sorpresa de los resultados no parece tal:
- Tener hijos hace más difícil que la mujer trabaje 53%,
- Los niños son difíciles de mantener 51%
Como se puede observar las razones son de orden material y no espiritual o valórico, ni menos asumiendo una postura posmoderna de parte de nuestras mujeres.
Lo mismo se puede observar cuando se consulta por las razones para contar con familias pequeñas, donde la que obtiene mayoritariamente la primera mención es de orden material:
- Es mejor tener pocos hijos, pero darles una educación de calidad 77%.
El corolario de los datos anteriores termina con la siguiente consulta ¿Usted considera que Chile es una sociedad que apoya a las mujeres para tener hijos o que no las apoya?
Donde sólo un 29% afirma que se las apoya en contraposición con un 43% que afirma que no.
Con tan solo estas tres preguntas y sus principales resultados se puede asumir que el principal argumento para no tener más hijos e hijas en Chile actualmente tiene relación con motivos económicos y materiales:
- Tener hijos hace más difícil que la mujer trabaje, precisamente por esta premisa Chile presenta las menores tasas de inserción laboral de la mujer de América Latina. A pesar de que sabemos que el ingreso femenino es fundamental para salir de la pobreza, así como también vivimos el que tener hijos y trabajar tiene una serie de cortapisas partiendo por un pos natal breve, la discriminación en las Isapres, las jornadas de las salas cunas y jardines infantiles no acordes con la realidad laboral, a pesar de lo que avanzó el gobierno de la Presidenta Bachelet en aumentar su cobertura aún tenemos importantes trabas en relación a los horarios de atención y a sus costos asociados a las mujeres de clase media.
- Los niños son difíciles de mantener, sin duda que la vida tiene un costo el tema es quien se hace cargo de él. En una sociedad de desigualdades como la nuestra. Donde obtener prestaciones de calidad y oportunidades tiene un costo que es asumido directamente por las familias, las que en esta sociedad de riesgos como señala Beck están menos dispuestas a asumir costos que no saben si podrán sustentar en el tiempo.
- Es mejor tener pocos hijos, pero darles una educación de calidad, este resultado ratifica el anterior, la principal forma de asegurar oportunidades a futuro a nuestros hijos e hijas es a través de una buena educación y sabemos que en el Chile desigual de hoy esa buena educación existe prácticamente sólo a un alto costo.
Frente a la última pregunta del apoyo de Chile a la maternidad y su negativo resultado se obtiene la última obviedad y el desafío para futuro. Lo primero es que Chile no apoya a la maternidad no sólo porque la lógica de libre mercado no tiene porque hacerlo, o porque las insipientes medidas de protección social no llegan a hacerse cargo de ello, sino también, porque no hablamos de cómo compartimos la maternidad como sociedad, como país. Donde el Estado tiene un rol esencial, este no es un tema sólo de las familias, o de las mujeres. No es un problema individual. Sino que es un tema societal, el Estado debe asumir un rol en la protección social mayor, así como también incentivar cambios culturales que permitan que los hombres y mujeres que conforman esta sociedad compartan sus roles en el cuidado de los hijos e hijas y de las tareas domésticas.
Mucho se ha escrito y seguramente queda mucho por escribir y por leer sobre los resultados de la última elección presidencial que terminó por entregar el poder a la derecha en Chile luego de 20 años de gobiernos de la Concertación.
Ahora entramos en un proceso de culpas múltiples que van de aquí para allá, el diputado Burgos y el Presidente del PRSD Meza culpan a la Presidenta y al Gobierno, el Presidente de la DC Diputado Latorre culpa al PS y su fragmentación, el Presidente del PS Senador Escalona culpa al resto de los Presidentes de los partidos políticos y ensalza el férreo respaldo del PS al candidato y a la Presidenta.
Y nadie ha sido capaz de asumir con humildad e hidalguía sus propias responsabilidades. Seguimos actuando con arrogancia y soberbia cuando ya lo perdimos todo.
A mi juicio, el error más grande en todo este proceso fue haber puesto como prioridad la existencia de la Concertación por sobre la posibilidad de mantener el gobierno y no haber escuchado lo que la ciudadanía venía diciendo desde el año 1997, pasando por el 2000, continuando con la elección de la Presidenta Bachelet el 2006 y quienes estuvimos en las calles para las municipales 2008. El mensaje era claro hace rato. Pero solo nos miramos el ombligo.
Porque creían que le tocaba a la DC sin ni siquiera preguntarle a la ciudadanía y eso daría continuidad a la alianza más exitosa de la historia de Chile. Como si no importara que candidato se escogiera la ciudadanía nos iba a apoyar igual.
Tengo rabia, tengo pena no es posible que nuestra Presidenta mujer y socialista le entregue la banda presidencial a Piñera.
Es cierto no tenemos medios de comunicación, tampoco organización social, ni sindicalización, ni cambiamos el binominal, ni la Constitución Pinochetista, ni el modelo neoliberal, ni muchas cosas más.
Pero hay que pararse, estructurarse y organizarse.
Tenemos que hacerlo, porque Chile no merece y nosotros no queremos a la derecha 20 años en el gobierno. Porque los he visto cuando llegan a los municipios y no los sacas nunca más, porque he conocido como generan “pan y circo”, clientelismo y asistencialismo y una aparente gestión eficiente, así como también sus prácticas antidemocráticas y su prepotencia.
Hagamos el duelo, paguemos las culpas, miremos para adentro pero también para afuera y sumemos en vez de restar.
Quiero un Chile con justicia social, con más derechos para todos y todas y ese proyecto no estará en el gobierno en marzo del 2010.
El resultado electoral de las elecciones 2009 en la comuna de Ñuñoa entrega importantes conclusiones con miras a la segunda vuelta. Si bien, los análisis electorales deben ir más allá de los números e incorporar otras variables políticas, en esta ocasión me basaré sólo en los resultados numéricos para tener una aproximación del trabajo ha desarrollar durante la segunda vuelta electoral de enero 2010 en nuestra comuna.
Gráfico nº1: Número de Votos en las últimas elecciones en la comuna de Ñuñoa[1]
En relación a la votación Presidencial, en primera vuelta (columnas rojas del gráfico), se puede constatar que la elección presidencial 2009, es el peor resultado de la Concertación, no sólo a nivel nacional, sino que también a nivel comunal.
El candidato Ricardo Lagos, en el año 1999 obtiene 50.921 votos en Ñuñoa, correspondiente al 46,51% (1,45% menos que su promedio nacional, el cual fue de 47,96%). La candidata Michelle Bachelet obtuvo 46.129 votos correspondientes al 43,61% el 2005 (2,35% menos que su promedio, el cual fue de 45,69%). En las actuales elecciones, la votación del candidato Eduardo Frei disminuyó a 25.743 votos, con el 24,34% (5,26% menos que su promedio nacional de 29,60%).
Si bien, en esta ocasión, se presentaron dos ex miembros de la Concertación del sector progresista como candidatos presidenciales (Jorge Arrate y Marco Enríquez Ominami), la ciudadanía asumió una división de la Concertación y una suerte de primarias en la primera vuelta. La comparación de resultados porcentuales de la votación del candidato Eduardo Frei a nivel nacional y comunal, deja en evidencia un problema de rendimiento en Ñuñoa.
En relación a la elección de Diputados (columna celeste del gráfico), llama la atención que la votación obtenida en el año 2009 en Ñuñoa por el pacto Concertación-Juntos Podemos haya disminuido en 5.473 votos, a la votación obtenida en igual elección por la Concertación sola durante el año 2005, cuando los candidatos que competían pertenecían a la Democracia Cristiana y al Partido Socialista. Al tiempo que, si se considera el potencial de esta alianza al sumar los votos Concertación y PC del año 2005, se obtienen durante el 2009 14.986 votos menos.
Sin embargo, si se suman los votos de los candidatos presidenciales representantes de estos dos pactos Eduardo Frei (25.743) y Jorge Arrate (12.138) se obtienen 4.923 votos menos en la Presidencial que en la Parlamentaria[2]. Los cuales se inclinaron por otro candidato presidencial, lo más probable que por Marco Enríquez Ominami. De esta forma, se puede señalar que para lograr una mayor eficiencia electoral los candidatos parlamentarios fallaron en realizar el debido acoplamiento con sus candidatos presidenciales. Especial atención se observa en la votación del Diputado Jorge Burgos quien alcanza 6.533 votos más que su candidato Presidencial, camarada de Partido y vocero de su comando Eduardo Frei. Relación inversa se aprecia en la votación del candidato Juntos Podemos Más Alvaro Cabrera que obtiene 1.610 votos menos que su candidato Presidencial Jorge Arrate.
El momento de las conclusiones profundas sobre ciertas decisiones no es el actual. Así como tampoco éste es el espacio para sugerir los pasos a seguir por las dirigencias partidarias o del equipo de campaña del candidato presidencial para mejorar su rendimiento electoral y llevarnos al triunfo. En este momento y en este paper he querido visualizar cuántos son los votos que se pueden recuperar para ganar la elección en segunda vuelta en la comuna de Ñuñoa.
Históricamente las votaciones en segunda vuelta en Ñuñoa muestran según los datos 2000 y 2006 que se recuperan entre 3.893 (Lagos) y 8.228 votos (Bachelet) pertenecientes en la primera vuelta a los candidatos del Juntos Podemos (Marín el 2000 y Hirsch 2005).
El piso de la votación a recuperar en esta elección de segunda vuelta presidencial se basa en la votación obtenida por la Concertación en la elección a Alcaldesa 2008 (superior en casi mil votos a la votación de todos los concejales de la Concertación) y la votación del Diputado electo durante la última elección parlamentaria Jorge Burgos las cuales son similares y representan atraer al menos 6.500 votos a Eduardo Frei. (Columna arcoíris en el gráfico).
Si se busca el óptimo a recuperar se debería considerar la votación obtenida por los candidatos parlamentarios de la lista Concertación y Juntos Podemos 2009, es decir, recuperar casi 10.000 votos para la candidatura de Eduardo Frei.
Sin embargo, con ese óptimo no se gana la elección y se obtiene un número similar al peor rendimiento parlamentario de la Concertación en la comuna, por tanto, el objetivo es lograr el techo, que es el número de votos obtenidos por la Concertación durante las parlamentarias del año 2005. Lo que significa sumar 22.534 votos nuevos para el candidato Eduardo Frei. Aún así no se gana la elección en la comuna pero se estaría avanzando a lograr ese objetivo a nivel nacional.
Por tanto, la campaña a nivel comunal requiere como primera medida de un fuerte compromiso en terreno del diputado electo Jorge Burgos. Dos, un trabajo mancomunado de la Concertación en Ñuñoa más el Partido Comunista y los liderazgos locales existentes en la calle conversando con los vecinos y vecinas. Tres, incorporar a aquellas personas que estuvieron con la Concertación en el pasado y que en la primera vuelta votaron por el candidato Marco Enríquez Ominami y cuatro, desarrollar un trabajo electoral fino analizando mesa por mesa y comparando los resultados de otras elecciones de modo de determinar dónde están los votos que se deben salir a capturar.
Por último como colofón, es necesario observar los resultados de las columnas en degradé de rojos donde se aprecian los resultados de las parlamentarias 2005 en la comuna sumando Concertación y PC y la otra donde va la suma de los resultados presidenciales de Frei, Arrate y Enríquez y tenemos un voto constante que no vota por la derecha en la comuna en los años 2005 y 2009.
Danae Mlynarz Puig, Cientista Político, militante socialista.
Ñuñoa, 19 de diciembre 2009
[1] Fuente: www.elecciones.gov.cl, Ministerio del Interior, 2009
[2] Cabe señalar que además hay que considerar en este análisis que los votos válidamente emitidos en la elección presidencial fueron aproximadamente 4 mil más que en la parlamentaria.
Los resultados de la elección
del domingo han dejado muchas lecciones, pero, en lo inmediato, también significan
una amenaza horrenda para el país. Sebastián Piñera y la derecha se encuentran
ad portas de alcanzar La Moneda,
y de ese modo controlar, además del poder económico, los medios de
comunicación, la educación privada, la política y la cultura.
La Concertación en su estado
actual ya no es suficiente para hacerse cargo de entregar a Chile la
gobernabilidad requerida. Hay que asumirlo con humildad, pero también con
vigor.
Necesitamos establecer un
frente amplio para lograr gobernabilidad, pero también para desarrollar una
serie de reformas necesarias y postergadas por nuestros gobiernos
concertacionistas, para que de ese modo el país alcance mayor justicia social y
el fortalecimiento de nuestro sistema democrático:
- Reforma Tributaria, de modo que efectivamente
quienes más dinero ganan entreguen más recursos al desarrollo nacional y
sus políticas sociales haciendo viable el fortalecimiento del Sistema de
Protección Social.
- Nueva Constitución, a través de una constituyente,
como ha sido posible en todos los países donde se ha logrado dicho
objetivo. Hoy sabemos la constitución del parlamento y no da para que sea
el necesario espacio de ese cambio que nos permitirá mejorar nuestro
sistema político, económico, social y cultural.
- Reforma al Sistema Educativo, para mejorar calidad
y acceso en todo el ciclo educativo.
- Reforma laboral, para fortalecer la
sindicalización y las garantías de derechos a los trabajadores.
Las promesas vacías o el
chantaje emocional sobre el electorado no son mecanismos efectivos. La
ciudadanía quiere hechos y compromisos. Nosotros queremos hechos y compromisos
para salir con fuerza a golpear las puertas de los vecinos y vecinas, para
invitarlos a un proyecto de país distinto al que ofrece la derecha con su
maquillaje de campaña. Tenemos una idea de país distinta y eso hay que dejarlo
muy claro.
Como socialistas hemos
perdido representación parlamentaria tanto en senadores como en diputados.
Felicitó a la compañera Isabel Allende, quien
valientemente fue a dar la pelea a la Región de Atacama y que hoy nos representa como mujer
socialista en el Senado; así también al compañero Fulvio Rossi, en Tarapacá y
Arica, quien nos brinda renovación en la Cámara Alta. Si ellos no
hubiesen luchado por sus cupos y amenazado para lograrlos, lo más probable es que
el resultado final obtenido por nuestro partido sería desastroso.
Nuestros compañeros
comunistas lograron el ingreso al Parlamento, luego de 37 años de exclusión.
Este es un triunfo, pero ahora debemos avanzar en un nuevo frente para
gobernar.
Tenemos que considerar con
humildad lo que los números del domingo nos dicen, menos de un tercio del
electorado apoyó a nuestro candidato, no podemos seguir haciendo las cosas
igual. Tenemos que cambiar las formas de hacer las cosas, terminar con la pelea
chica y ponernos a la altura de las grandes tareas que tenemos hoy y para las
cuales tenemos el tiempo en contra.
Es de Perogrullo decir que el debate
en tiempo de campaña electoral tiende a ser parcial y marcado por el interés de
votos. Sin embargo, aquel referido a los derechos sexuales y reproductivos
continúa sin atender a un delicado problema que afecta a miles de chilenos y
chilenas que desean ‘formar una familia’. Me refiero a la situación de hombre y
mujeres aquejados de infertilidad.
Puede decirse que este tema no
aparece en las encuestas de opinión, pero, razonablemente, una política de
Estado también debe atender a necesidades de minorías. En este caso, el Estado
carece de conocimiento estadístico de la cantidad de personas infértiles, historia,
grupos etáreos, condiciones económicas, etc. Sólo a través de ciertos datos
aislados entregados por clínicas privadas podemos enterarnos de la compleja
situación que enfrenta esta parte de la población. Pero la información es
limitada, pues se refiere a las personas con poder adquisitivo que acuden a
esos centros porque pueden financiar costosas y extensas terapias. Con todo,
según la Sociedad Chilena
de Fertilidad, del 90% de las personas infértiles que consulta a estos
establecimientos, más de la mitad encuentra solución a través de técnicas de
reproducción asistida u operaciones quirúrgicas.
Pero al no contar con una
política pública y marco legal sobre el tema, estas soluciones son un privilegio
y además está sujeta posturas ideológicas de la medicina privada, y en completo
desconocimiento del Estado.
Algunos grupos religiosos aducen que
"los hijos como un regalo, un don de Dios y no
como un derecho de los hombres”, pero, incluso desde esta línea de
razonamiento, ello no significa que la persona no pueda trabajar para merecer
su regalo. Del mismo modo, legislar sobre estas técnicas, para incorporarlas a
los servicios públicos y a la cobertura de la seguridad social, no obliga a
quien esté en desacuerdo a someterse a ellas.
Hoy, la carencia de una ley sobre
fertilización asistida en Chile podría estar facilitando varias prácticas que
en otros países están prohibidas, como la congelación de embriones y la
donación y comercialización de óvulos, lo que constituye otro elemento a
considerar en el debate, cuyo foco debe estar centrado en las necesidades de
los pacientes y en su derecho a la reproducción.
A la fecha, el debate sobre derechos sexuales y reproductivos está limitado a
la ‘píldora del día después’ o las campañas de prevención del sida, con más
peso de posiciones institucionales que de la ciudadanía o los pacientes
afligidos y ausentes en la discusión. La amplia gama de necesidades y problemas
que enfrenta la sociedad en esta materia amerita una discusión profunda. De
momento, Chile no garantiza esta equidad, puesto que
los tratamientos son accesibles sólo para quienes tienen dinero.
Las mujeres representamos cerca
del 51% de la población de Chile, pero diversas situaciones mantienen al género
en calidad de “minoría sexual”, debido a 1) la persistente situación de
violencia física y psicológica en que viven miles de mujeres; 2) las discriminaciones
salariales; y 3) la subrepresentación en las esferas más influyentes del poder.
En el primer caso asistimos al
tipo de violencia más flagrante contra la mujer. Desde 2001 hasta la fecha más
de 500 mujeres y niñas han sido asesinadas en Chile. De las 52 mujeres
asesinadas durante 2009, 8 habían denunciado a su agresor y a 4 de ellas la Justicia había otorgado
medidas de protección. Esto evidencia que la cantidad de denuncias y el número
de detenciones y sentencias es creciente, lo que equivale a decir que los
agresores de mujeres circulan libremente, incluso después de haber sido
denunciados por sus víctimas.
Respecto del segundo ítem
mencionado, en días recientes la Organización Internacional del Trabajo (OIT) evidenció una estadística
que contradice toda imagen de modernidad: las mujeres ganan 30% menos que los
hombres al emplearse en el mismo cargo. En el nivel directivo, el sueldo de la
mujer representa 72% de lo que gana su colega varón, mientras que a nivel
profesional, el salario de una mujer
puede ser del 62% que el de sus compañeros, es decir casi un 40% menos.
Finalmente, el informe del Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer
(Unifem), publicado hace algunas semanas, revela que Chile se encuentra bajo el
promedio de América Latina en cuanto a presencia femenina en el Parlamento.
Desde 1990 a
la fecha, el continente ha pasado del 9% al 17% en el caso de la Cámara Baja; y de 5% a
12% en el Senado, pero en Chile sólo hay dos senadoras de un total de 38
(5,2%); y 18 diputadas, de 120 (15%). Esto muestra cuán lejos estamos de la llamada “zona de paridad”; o
sea, que ni mujeres ni hombres tengan más de 60% de representación.
¿Cuál es la relación entre la violencia de
género, la discriminación salarial constatada o la subrepresentación en el
Poder? El nivel de consenso de las ciencias sociales y la sociedad civil apunta
a señalar que la participación directa de las mujeres en la adopción de
decisiones públicas no sólo es cuestión de justicia democrática, sino también
un mecanismo para asegurar una mejor rendición de cuentas por parte del Estado,
las empresas y la sociedad hacia la mujer, en relación con sus derechos y
dignidad.
La Presidenta Bachelet
ha declarado en días recientes que "los hombres sienten
una atracción fatal por el poder". Más allá de la crítica a nuestra
idiosincrasia, es necesario avanzar en la consolidación institucional de
cambios culturales y consensos ciudadanos, para no quedarnos sólo en el
simbolismo de haber tenido a una
Presidenta.
Luego de casi 4 años de discusión,
Gobierno y Parlamento han consolidado un importante avance institucional para la
protección de los Derechos Humanos en Chile. Me refiero a la aprobación por
parte del Senado del veto de la Presidenta
Bachelet, que modificó el proyecto que crea el Instituto de
Derechos Humanos, para asignarle la facultad de presentar querellas en casos de
genocidio, tortura, desaparición y trata de personas.
Lo notable en este caso es la garantía de
imparcialidad del futuro organismo, cuyo consejo será integrado por dos miembros
designados por el Presidente de la República, dos por el Senado, dos
por la Cámara,
uno por los decanos de las facultades de Derecho, y cuatro por las instituciones
vinculadas a la defensa y promoción de los derechos
humanos.
La iniciativa quedará en condiciones de ser
promulgada y publicada en el Diario Oficial, momento desde el cual se
reabrirá por lapso de 6 meses un período
crucial, como es la calificación de detenidos desaparecidos,
ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura. El nuevo
organismo será una importante fuente de asesoría jurídica sobre la materia.
El resurgimiento en los medios de comunicación del debate sobre
la paridad de género en la administración del Estado coincide por estos días con
la publicación de algunos estudios internacionales referidos al tema. Obviamente,
este debate no es novedoso y por lo mismo amerita una contextualización
crítica, para evitar que ciertos discursos induzcan una errada percepción en
lectores y lectoras.
El informe que acaba de
publicar el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem) constata que
las mujeres ocupan más que nunca cargos gubernamentales, pero el avance es
lento y fluctuante en países en desarrollo como el nuestro. Para el caso del
Parlamento, no alcanzaremos antes del año 2045 (límite de la proyección del
estudio) la llamada “zona de paridad”; o sea, que ni mujeres ni hombres
presenten más de 60% de representación.
En América Latina, la presencia femenina en cargos de poder
aumenta notoriamente desde 1990
a la fecha. Se pasa del 9% al 17% en el caso de la Cámara Baja; y de 5% a
12% en el Senado. Sin embargo, en Chile sólo hay dos senadoras de un total de
38 (5,2%); y 18 diputadas, de 120 (15%).
Por su parte, el Foro Económico Mundial, a través del
Índice de Paridad de Género, hace unos días clasificó a nuestro país en el
lugar 64 entre 134, apenas un puesto más arriba que en 2008. Ya que se atribuye
esta posición al “acceso político” de la mujer, es dable asociar este pequeño
avance al respaldo ciudadano ganado -no sin las descalificaciones de género que
todos recordamos- por la Presidenta
Bachelet.
El aspecto central del mencionado
informe de la ONU
se refiere al empoderamiento de la mujer en la política. Así, los países que
han incorporado mecanismos de cuotas de género para cargos de elección popular
han alcanzado mayor eficacia y eficiencia en la promoción de la participación
política femenina. Allí donde se aplica mecanismo de cuota electoral, la presencia
de mujeres alcanza hoy al 25%, mientras que los países que no incluyen este
sistema permanecen debajo del 15% de representación femenina.
Pese a los
antecedentes hasta aquí expuesto, vemos que prevalecen extraños argumentos
contra la Ley de
Cuotas que hoy se tramita con suma urgencia en la Comisión de Gobierno
Interior de la Cámara Baja.
Engañosamente se dice que “no se trata de que las mujeres no sean igual de
capaces”, sino que “deben competir”. Pero se soslaya al sesgo machista que este
año volvemos a constatar en la designación de candidaturas al Parlamento.
Entonces ¿por qué no disponer de una Ley de Cuotas transitoria, hasta que la
clase política incorpore la importancia de este derecho de igualdad?
Hoy vemos que
países como España son señeros en la materia, porque a través de su ley de
igualdad busca la representación equilibrada de género en toda la administración,
fijando parámetros en la integración del gabinete ministerial. En América
Latina ya destaca el caso de México, que también aprobó una ley de cuotas para
el Parlamento y de los avances que tuvo Argentina desde que la incorporó.
El nivel de consenso ciudadano y
técnico apunta a señalar que la participación directa de las mujeres en la
adopción de decisiones públicas no sólo es cuestión de justicia democrática,
sino también un mecanismo para asegurar una mejor rendición de cuentas por
parte del Estado, las empresas y la sociedad hacia la mujer, sus derechos y
dignidad.
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